Fue a partir del siglo XIX que la tradición cristiana de celebración de los Reyes Magos se transformado en un día festivo para niños y niñas que pasan a ser el centro y son obsequiados como ningún otro día del año. Hoy, más allá de las creencias, se ha convertido en un día comercial en el que desde el mundo adulto parecería que se quiere cubrir los “pecados” hacia las infancias con regalos de mayor o menor valor, según las posibilidades económicas. ¿Por qué pinchar el globo de este día mágico? Porque las infancias y adolescencias en Uruguay, siguen estando invisibilizadas, postergadas y violentadas. Son utilizadas, muchas veces, para satisfacer necesidades del mundo adulto, personales, afectivas, económicas, comerciales, entre otras. Entonces, ¿qué celebrar?
Aquí un breve racconto de estos dos últimos años, caracterizados por la asunción del nuevo gobierno y de la pandemia por covid-19. Cabe señalar que algunos temas vinculados a las problemáticas sociales, educativas y económicas, entre otras, en relación a las infancias y adolescencias vienen de larga data pero se han visto empeoradas; otras son consecuencia directa de los recortes presupuestales votados por la coalición de gobierno y de la postura ideológica que esta tiene en relación a niñas, niños y adolescentes vistos no como sujetos políticos sino como objetos pasivos de un mundo adultocéntrico que decide por ellas y ellos. Ejemplo de esto han sido algunos proyectos de ley que presentaron en el Parlamento integrantes de la coalición de gobierno, como el de educación sexual en instituciones educativas y los de corresponsabilidad en la crianza y tenencia compartida responsable. Ambos proyectos tienen algo en común: el retroceso en cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para empezar, es de señalar cómo se los nombra: “hijos” en el primero, “menores” en el segundo, no sólo desconociendo sino eliminando, tanto en uno como en otro, la condición de sujeto político. De ahí en más, todo es retroceso e implica el retorno, al menos y siendo muy generosa, a 30 años atrás, si no más. En contra de estos proyectos se han expresado organizaciones sociales defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la academia, defensoras y defensores de oficio, entre tantos otros.
El principio que debería regir entonces, hablando de esta fecha en particular y sin dejar de mencionar los restantes 364 días del años, es que desde el mundo adulto, como sociedad y sistema político, aseguremos la calidad de vida de todas nuestras niñas, niños y adolescentes, que se traduzca en calidad educativa, calidad alimentaria, calidad habitacional, espacios de escucha y de respeto, espacios de juego y de desarrollo, una vida libre de violencias, entre otras cosas.
Nos encontramos con los recortes presupuestales que recién señalábamos así como con modificaciones de leyes expresadas en la ley de urgente consideración (LUC) que afectan directamente la vida de nuestras infancias y adolescencias. Han sido tantos los temas, que se dificulta ver por cuál de ellos empezar. Haremos el intento.
A quienes se jactan del “ahorro presupuestal” debería avergonzarles que muchas niñas, niños y adolescentes y sus familias estén alimentándose gracias al trabajo solidario y sostenido de las ollas populares, cuando Uruguay es productor de alimentos. Consecuencia del aumento de la pobreza por las políticas necroliberales de este gobierno y de las afectaciones resultado de la covid-19 en la vida socioeconómica y laboral de las personas adultas, se están detectando dolorosamente los primeros casos de desnutrición en Montevideo, que seguramente podrán extrapolarse a otros departamentos del país.1
Otro tema que debería preocuparnos y ocuparnos –también estuvo signado por recortes presupuestales– es el de las situaciones de violencia que sufren niñas, niños y adolescentes en Uruguay. Un estudio publicado en noviembre coloca un tema no investigado hasta el momento, seguramente porque para el mundo adulto aún no tiene la centralidad que merece: entre 2018 y 2019, 51 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres al ser asesinadas por sus parejas o exparejas. Estamos hablando aquí de femicidios, y de los menores de edad como víctimas directas tanto de la violencia como del desenlace final, que es la trágica muerte de su madre, producto de la violencia machista y patriarcal. De acuerdo con este informe, el Estado está lejos no sólo de brindar una atención y reparación integral a estas niñas, niños y adolescentes, sino de reconocerles como víctimas directas.
A fines de 2021, el Instituto Nacional de las Mujeres, Unicef, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentaron un análisis de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones 2019, que pone foco justamente en este tema: niñas, niños y adolescentes como destinatarios/as directos/as a raíz de situaciones de violencia hacia sus madres y/u otras mujeres dentro del núcleo familiar. También revela que 37,1% de las mujeres adolescentes y jóvenes mayores de 15 años expresan haber vivido situaciones de violencia física, psicológica y sexual en su infancia, y cómo esto afecta no solamente esa etapa de la vida, sino también la vida adulta de estas mujeres, ya que tienen una probabilidad tres veces mayor de sufrir violencia basada en género por parte de sus parejas o exparejas.2
En otro orden, las defensoras y defensores de oficio denunciaron en diciembre que en la mayoría de los casos de violencia doméstica, debido a la falta de personal y de equipos multidisciplinarios técnicos, no se llega a asistir a los denunciados y menos aún se escucha la opinión de niñas, niños y adolescentes que son víctimas directas de esas situaciones.3 También lo denuncian diversas organizaciones de la sociedad civil que, en ocasión del 20 de noviembre 2021, revelaron una vez más las grandes dificultades que representa para niños, niñas y adolescentes el acceso a la Justicia.
Para quienes se jactan con el “ahorro presupuestal”, debería avergonzarles que muchos niños, niñas y adolescentes y sus familias están alimentándose gracias al trabajo solidario y sostenido de las ollas populares, cuando el Uruguay es productor de alimentos.
Además de los recortes presupuestales, preocupa con respecto a estos temas y otros la mirada ideológica que se tiene sobre ellos: a la mirada obsoleta y vetusta sobre la niñez y adolescencia se suma la últimamente tan nombrada “ideología de género”. Esta sería la culpable de todo: la que se ha “colado” en la educación, en los medios de comunicación, en el lenguaje, en la legislación, en el sistema judicial, etcétera, dañando los pilares de la familia tradicional. Esa familia, constituida por madre, padre e hijas/os, que hoy representa tan sólo la tercera parte de las familias uruguayas y que justamente no ha sido el lugar más seguro para las niñas, niños y adolescentes. La “ideología de género” no es más que la expresión conservadora y reaccionaria de quienes niegan y cuestionan el cambio social que está teniendo lugar en las relaciones entre varones y mujeres y en las concepciones sobre la sexualidad y la reproducción, y que bregan por el retorno de las mujeres al lugar que tenían en esa familia tradicional: el confinamiento a lo privado, a la opresión y dominación por parte del pater familiae, y a la reproducción biológica y social. El desplazamiento que en el mundo tradicional y masculino se genera es real, por lo cual vuelven a aflorar ideologías extremadamente conservadoras de aquel statu quo en que el varón jefe de hogar, proveedor, decisor, ve no sólo subestimados sus “poderes consagrados socialmente”, sino que debe compartirlos.
Son estos mismos los que se expresan abiertamente contra la agenda de derechos demonizando a quienes no estamos dispuestas a dar un paso atrás.
¿Cómo se explican entonces –entre tantas otras cosas– las situaciones de explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes? Recordemos, a título de ejemplo, la Operación Océano, que salió a luz en junio de 2020 y cuya investigación continúa, que reveló que los consumidores de sexo provienen del mundo político, judicial y empresarial, hombres de “buena familia”, preocupados de que no se dé a conocer su identidad por un tema de prestigio social o porque ellos mismos tienen hijas de edades de las adolescentes a las que les pagaban por sexo, o que llegaron inclusive a asesinar para callar para siempre a la víctima. Fueron justamente las organizaciones de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y los movimientos feministas, entre otros, los que hicieron visible cómo ellas y ellos son utilizadas como mercancía en clubes nocturnos, fiestas privadas, domicilios particulares, en “tours sexuales”, matrimonios forzados, etcétera. Todo esto pasa en Uruguay y es una de las formas actuales de esclavitud, en la que el derecho a disfrutar de una vida digna, plena y gratificante queda anulado para estas niñas, niños y adolescentes.
Otro tema que debería preocuparnos y ocuparnos es el de la adolescencia en conflicto con la ley. Convengamos que desde 2011 se ha sancionado un conjunto de leyes que aumentan el punitivismo hacia las y los adolescentes desvirtuando de esta manera el paradigma de la protección integral consagrado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El discurso político se torna simplista cuando responde de esta manera no a la rigurosidad de datos empíricos y al tratamiento integral de las desigualdades sociales desde una mirada de género y generación, sino a la presión mediática y de gran parte de la sociedad que piensa que la solución está en el aumento de las penas. La LUC contribuye claramente en este sentido y refuerza la mirada punitivista hacia los adolescentes más vulnerables. Recordemos que en los últimos días de diciembre legisladores y legisladoras del Frente Amplio llamaron a sala a las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por irregularidades en los ingresos de personal, por el recorte presupuestal que pone en jaque cosas tan básicas como la alimentación y la educación de los adolescentes institucionalizados. Habría varios ejemplos para citar, como los ingresos irregulares y sin perfil socioeducativo de nuevos funcionarios, o las denuncias escalofriantes que deberían escandalizarnos, realizadas por la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la organización Servicio Paz y Justicia y la Organización de las Naciones de Unidas contra la Tortura, referidas a las pésimas condiciones edilicias, los tratos denigrantes e inhumanos en el momento de la detención y durante el tiempo que dura la medida privativa de libertad de los adolescentes, etcétera. Constatamos entonces que se desdibuja el objetivo del Inisa, que debe promover en todos los sentidos el desarrollo de las adolescencias en conflicto con la ley. Y en este punto, una vez más, este gobierno se jacta del ahorro realizado y en vez de recursos económicos y humanos para aumentar las horas socioeducativas frente a las más de 20 horas de encierro que hoy padecen algunos adolescentes privados de libertad, se elige en forma consciente y con total convencimiento, haciendo oídos sordos a la votación negativa en mayoría por parte del Directorio de Inisa, que lo mejor es ingresar efectivos de la Policía militarizada para formar al personal que atiende a los adolescentes.4
Podríamos seguir con el desmantelamiento y la reformulación de programas que el Mides está realizando en los territorios, que en cualquiera de los casos aquí mencionados permitía hacer abordajes que tendían a tener una mirada integral de situaciones complejas; o con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que no estaría pudiendo atender a niñas, niños y adolescentes con situaciones de vida sumamente complicadas y comprometidas, que necesitan una protección integral o ingresar a un centro de protección de 24 horas, donde no hay cupos. También aquí nos encontramos con falta de personal técnico y no técnico, y los llamados a ocupar cargos son cada vez más precarios en los requisitos y en las condiciones laborales.
Hoy parecería que desde el gobierno no se están dimensionando las consecuencias presentes y futuras que estas decisiones, tomadas en forma consciente, van a tener a corto y mediano plazo sobre las infancias y adolescencias en Uruguay.
De magos, entonces, estos reyes que gobiernan para 1% de la población no tienen nada.
Laura Cafaro es diputada suplente e integrante del Comité Central del Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.