Salvador Allende, referente de la izquierda latinoamericana, señalaba que ante todo creía firmemente y sostenía su fe en los valores humanitarios, esos que no admiten sesgos ideológicos y que nos obligan a reivindicar los derechos fundamentales y la dignidad que debemos tener las personas simplemente por nuestra condición de seres humanos. Esas grandes alamedas que prometía Allende, por donde caminaría el hombre libre para construir la patria del futuro, se han abierto en Chile, pero parecen cerrarse en otros países del continente.
Hay un tema que ronda el debate internacional desde hace muchos años y que toca muy especialmente las fibras de la izquierda política en todo el globo, y nuestro país no es la excepción. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué no tendríamos que tener miedo a definir a un régimen autoritario cuando sí lo es? ¿Por qué no nos movemos ni un centímetro de lo que entendemos que es ser la izquierda política a la hora de definir a Venezuela como un régimen autoritario?
Lejos de las pasiones que buscan generar dilemas de falsa oposición en ciertos temas, espero argumentar por qué considero que el actual gobierno de Venezuela es un régimen autoritario que viola los derechos humanos de sus habitantes y, al mismo tiempo, causa un gran daño a nuestra región. Y para hablar de ello, tenemos que hacerlo con argumentos, lejos del discurso para la tribuna y pensando especialmente en nuestros compatriotas de la Patria Grande que sufren las consecuencias de ese gobierno.
Criticar todo tipo de autoritarismo que nos aleje del respeto a los derechos humanos, a la democracia plena y a los derechos civiles, políticos y sociales es una auténtica posición de izquierda. Si hablamos de Venezuela, también es necesario no olvidar a Nicaragua, Guatemala, El Salvador y regímenes en África a los cuales les cabe la misma mención. La izquierda política es democrática, respeta los derechos y sobre todo se focaliza en que todos, sin importar el dinero que tengamos en el bolsillo ni el apellido de nuestra familia, puedan progresar en la vida, sin dejar a nadie atrás.
En una clasificación de 160 países realizada por The Economist sobre respeto a la democracia, Venezuela se posiciona en los últimos lugares, concretamente como el peor régimen en América Latina y el Caribe, y uno de los peores del mundo. Nuestro país se encuentra en el lugar número 15 en el podio a nivel mundial.
Otro de los aspectos de gran preocupación asociados a los regímenes autoritarios está dado por los altos niveles de corrupción que se sostienen en la escasa transparencia y la persecución de las voces opositoras. Según Transparencia Internacional, en su último informe disponible, la corrupción en Venezuela se considera de las más altas del mundo en los estándares internacionales y prevalece especialmente en el Poder Judicial, lo que garantiza total impunidad tanto para el sector político como para el empresarial. Actualmente Venezuela está entre los 20 países más corruptos del mundo.
Respecto de la libertad de expresión, el respeto a la oposición política y el pluralismo político, el Índice Freedom House es claro: Venezuela ocupa el peor lugar en materia de calidad democrática en América Latina y es uno de los países que menos respeta los derechos civiles y políticos en todo el mundo.
Lejos de las pasiones que buscan generar dilemas de falsa oposición, espero argumentar por qué considero que el actual gobierno de Venezuela es un régimen autoritario que viola los derechos humanos de sus habitantes.
Peor es la situación cuando se hace referencia al respeto a los derechos humanos en el país caribeño. Según el último reporte de Human Rights Watch, la represión brutal por parte del régimen de Nicolás Maduro persiste, incluyendo abusos aberrantes por las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno. Las autoridades hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país.
Ante estas aberrantes cifras vinculadas a los derechos políticos, debemos sumar una temática que desvela a cualquier actor político que quiera identificarse como alguien de la izquierda política: la situación humanitaria.
Esta emergencia ha privado a millones de venezolanos de la posibilidad de obtener atención médica básica y nutrición adecuada, y ha dejado al país en una situación desastrosa para enfrentar la pandemia de covid-19. No nos es indiferente que más de seis millones de venezolanos han huido del país, generando la mayor crisis migratoria de América Latina y una de las más relevantes del mundo.
Entonces, me pregunto: ¿por qué huyen? Según los últimos informes disponibles tanto del Banco Mundial como de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2021 aproximadamente tres de cada cuatro venezolanos se encontraban en situación de pobreza extrema. A partir de la crisis de inflación y escasez, Venezuela registró un aumento considerable en la población en estado de pobreza extrema desde 2014, pasando de 25,2% en ese último año a 76,6% en 2021.
De acuerdo a Unicef, para mediados de 2020 más de 3.200.000 niños (la población total de nuestro país) requería asistencia humanitaria, especialmente por problemas de desnutrición infantil. Sí, como lo lee, hambre infantil, ausencia de un vaso de leche o de las proteínas básicas para garantizar el crecimiento. Son los padres de esos chiquilines quienes toman la valiente decisión de juntar lo poco que tienen y comenzar un peregrinar, arriesgando sus propias vidas, en busca de dejar atrás ese calvario.
Por eso, si usted hoy me pregunta, desde mi posición como una persona que se define progresista, que cree en las libertades individuales, pero siempre sobre la base de la solidaridad comunitaria, por la que se jerarquice el acceso a los derechos sociales, entonces no puedo ser indiferente a la situación que viven millones de venezolanos. Sí, soy de izquierda y no me tiembla la voz al definir al actual régimen de Venezuela como un autoritarismo que coarta libertades y derechos. Ningún ejemplo a seguir.
Andrés Lima es intendente de Salto.