Los proyectos de ley de Tenencia Compartida y Corresponsabilidad en la Crianza iniciaron su trámite hace ya dos años en el Parlamento uruguayo. Probablemente, la notable resistencia política a la ley de urgente consideración (LUC) impidió su rápido tratamiento parlamentario, pero en las últimas semanas el proceso se aceleró y, además, tiene, desde el inicio, el apoyo y el impulso del propio presidente de la República. De nada valieron las numerosas opiniones negativas realizadas por expertos a lo largo y a lo ancho del espectro jurídico: el proyecto ya estaba en el centro de la agenda conservadora desde hacía varios años, bajo la sombra del falso “síndrome de alienación parental” que había ido cobrando fuerza en la región.
La justificación fue que los proyectos se preocupaban por la “corresponsabilidad” entre hombres y mujeres en la crianza de los hijos. Por ello, los términos “tenencia compartida” y “corresponsabilidad” son términos positivos y cuidadosamente elegidos para nombrar una alternativa del más férreo cuño conservador y regresivo.
No en balde, en las primeras sesiones en que la comisión parlamentaria fue analizando el proyecto, se usó tanto el término “ideología de género”. En palabras de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, “la política de género es una ideología; y bueno sería que hubiera política que no fuera una ideología. Todas las políticas son ideología porque son un conjunto de ideas y el Estado no puede tener ninguna ideología”. Aunque parece un enredo, lo que sostiene Bianchi está en el corazón del proyecto: la lucha es contra las políticas de género, porque la agenda de género y la “ideología feminista” son, en esta concepción, una sola cosa.
La idea es introducir nuevas regulaciones de la familia, de cara al reforzamiento de un patriarcado que se siente amenazado por la expansión de los derechos de las mujeres y de los niños. Un patriarcado que se siente cada vez más vulnerado por la falta de relaciones “armónicas” entre hombres y mujeres, entre padres e hijos. El proyecto de Tenencia Compartida vuelve a poner en pie de igualdad aquello que está matrizado por la desigualdad: las relaciones de género. Y en las situaciones de conflicto (y violencia) la desigualdad de género se manifiesta en su forma más cruda.
Por otra parte, basado en una concepción limitada del concepto de “familia”, el proyecto de ley se dirige a estructuras familiares minoritarias en Uruguay, ya que olvida el crecimiento constante de las familias extendidas o monoparentales, que aumentan década a década su peso en la demografía uruguaya.
Si para los autores del proyecto de ley la jurisprudencia nacional está fallando a favor de las mujeres y en perjuicio de los varones (una proposición sin sustento empírico ninguno), está claro que sólo se asientan en una problemática familiar, en un tipo de familia. Además, siendo los divorcios y separaciones una realidad cotidiana de las parejas en nuestro país, la cuestión del cuidado de las y los hijos se acuerda mayoritariamente entre ellos sin requerir la intervención de los jueces. Y cuando esta intervención es necesaria, existe el marco legal para consagrar acuerdos.
Muchas voces se alzaron para señalar que el proyecto no es necesario, dado que hoy la tenencia compartida ya existe, pero la necesidad del proyecto va por otro lado: la de intentar –como dicen las pintadas de la calle– “reparar” a los padres que han sido “separados” de sus hijos (“hijos huérfanos de padres vivos”) producto de la “manija” de las madres. La violencia y maltrato infantil y de género contra niñas, niños y adolescentes y contra las mujeres es el tema central en esta perspectiva, es el cangrejo debajo de la piedra.
El debilitamiento de las medidas de protección no pone en el centro las necesidades de niñas y niños, sino que, por el contrario, se actúa en favor de quien ejerce violencia.
Es en estas circunstancias que el proyecto de ley pretende intervenir y acotar la capacidad de decisión de los jueces, introduciendo la “tenencia preceptiva”. Por otra parte, hay que ver quiénes son sus autores para ver el arco ideológico en el que se inspiran. Hay que recordar que, aunque los principales presentadores del proyecto son el Partido Nacional (Corresponsabilidad en la Crianza) y Cabildo Abierto (Tenencia Compartida), los defensores de la sociedad civil son organizaciones tales como Familias Unidas por Nuestros Hijos (FUPNH), Varones Unidos por una Masculinidad Positiva (VUPMP), Todo por Nuestros Hijos (TPNH) y Colectivo Padres Presentes (CPP). En la agenda de la regresión conservadora de América Latina estas organizaciones han tenido una visión común y consolidada contra el lenguaje inclusivo, contra la institucionalidad de género, contra la agenda de derechos sexuales y reproductivos, y muy especialmente han promovido la regulación “pública” de las familias, con la excusa de la vulnerabilidad de las mujeres y los niños. La idea es que los problemas de familia “se arreglan adentro”, que la educación de los hijos es asunto de los padres y que la familia es la fuente de toda moral.
La reconfiguración del papel del “pater” es tan potente que el centro de la iniciativa legislativa es la protección de abusadores y violentos, tergiversando de manera flagrante pero engañosa los derechos de niñas, niños y adolescentes y su interés superior (llamados en las primeras fases del proyecto “menores”, en evidente contradicción con el lenguaje y categorías anteriores a la Convención de los Derechos del Niño).
Es claro que eliminar la pérdida de la patria potestad de padres que son sancionados por proxenetismo, o por abuso y violencia contra sus hijos, o que han cometido femicidio contra la madre, es algo contrario a la sensibilidad, a la razón y a las leyes. También lo es mantener un régimen de visitas cuando el juez dictamina medidas cautelares por violencia de género, ya que eso aumenta el riesgo de la violencia psicológica o física. El debilitamiento de las medidas de protección no pone en el centro las necesidades de niñas y niños, sino que, por el contrario, se actúa en favor de quien ejerce violencia. No podemos olvidar el aumento de femicidios en nuestro país que además involucran asesinatos de niñas y niños.
Negar que la violencia de género en el marco de relaciones afectivas de pareja no los afecta de manera directa pone en evidencia que quienes redactaron el proyecto están muy lejos del sufrimiento, miedo y terror que viven frente a las situaciones de violencia contra sus madres.
Es por esto que afirmamos que este proyecto de ley, si se aprueba, dañará a niñas, niños y adolescentes. Las modificaciones propuestas al Código Civil, al Código de la Niñez y Adolescencia y a la Ley de Violencia de Hacia las Mujeres Basada en Género resultarán en un retroceso de 30 años en los derechos reconocidos de la infancia y adolescencia, debilitando, a su vez, la capacidad estatal de respuesta hacia la violencia de género y generaciones, en un país que posee altísimos índices de ocurrencia de este problema.
Mariella Mazzotti es asistente social y fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Constanza Moreira es politóloga y fue senadora del Frente Amplio (FA). Ambas integran el espacio político Casa Grande, del FA.