El Partido Nacional (PN) y sus aliados en la Coalición Republicana insisten en proclamar que no aceptan otra candidatura para la Fiscalía de Corte que la de la actual subrogante en funciones, Mónica Ferrero. Esto contribuye a partidizar en forma explícita la negociación para designar a una persona como titular, y dificulta la formación de la mayoría especial de tres quintos requerida en el Senado. Es indeseable que el cargo se exponga como un botín político en disputa, y aun si Ferrero no tuviera hoy una afinidad partidaria con el PN, su nombramiento en estas condiciones le daría un motivo para tenerla.
Cabe señalar que ella no parece interesada en desactivar el problema, porque el 20 de este mes, cuando fue a la comisión de la Cámara de Representantes que trata el proyecto de Rendición de Cuentas, consideró que era oportuno retomar la defensa de una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos. Se trata, como es notorio, de una iniciativa fuertemente asociada con el PN, y en particular con el sector Alianza Nacional (AN).
No hay dos sin tres
El fundador de AN, Jorge Larrañaga, impulsó desde mayo de 2018 la propuesta que llamó “Para vivir sin miedo”, para incorporar a la Constitución tres propuestas que él había presentado sin éxito como proyectos de ley (creación de una Guardia Nacional formada por militares, eliminación de la libertad anticipada para ciertos delitos e introducción de la pena de prisión perpetua revisable) y retirar de ella la actual afirmación de que “el hogar es un sagrado inviolable” y “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe”.
Tras una recolección de firmas exitosa, el proyecto de Larrañaga fue plebiscitado en forma simultánea con las elecciones de 2019, sin apoyo de ningún candidato a la presidencia, y no fue aprobado, aunque logró un importante apoyo de casi 47%. En aquel momento, los cuestionamientos más duros se refirieron a la militarización de la seguridad pública, y en el período de gobierno pasado Larrañaga, como ministro del Interior, reiteró su opinión de que los allanamientos nocturnos eran una herramienta muy necesaria para combatir el narcotráfico.
Luego de la muerte de Larrañaga, el senador Carlos Camy, al frente de AN, volvió a impulsar una reforma constitucional, esta vez mediante un proyecto parlamentario y solo para facilitar los allanamientos nocturnos, pero esa propuesta obtuvo en la primera vuelta de las últimas elecciones nacionales menos apoyo que la anterior: poco más del 39%.
Ahora, tras los dichos de Ferrero, varios dirigentes opositores se consideraron habilitados para intentar que la tercera sea la vencida. Los diputados colorados Felipe Schipani y Conrado Rodríguez retomaron la defensa de los allanamientos nocturnos, al igual que su par nacionalista Pablo Abdala, y el senador Javier García anunció el sábado pasado, durante el congreso del sector Alianza País, que le había pedido a Camy que buscara un acuerdo interpartidario, “porque un pronunciamiento popular se levanta con otro pronunciamiento popular”.
Solo el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez señaló que, si bien sigue estando a favor de los allanamientos nocturnos, les cuestiona al PIT-CNT y al Frente Amplio (FA) que “no respetan los pronunciamientos populares” y se siente obligado a la coherencia.
Lo laudado y lo laudable
Rodríguez se refería a las iniciativas para modificar el sistema de seguridad social, cuya reforma en 2023 considera ratificada por completo al año siguiente, cuando no se aprobó el proyecto de reforma constitucional del PIT-CNT en la materia. Desde la actual oposición también se acusa al FA de despreciar la democracia cuando promueve cualquier cambio de los cientos de artículos que tuvo la ley de urgente consideración de 2020, y por sus reiterados intentos de lograr, después del referéndum sobre la ley de caducidad en 1989, que los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado fueran juzgados.
A su vez, ha sido frecuente que desde el FA y el PIT-CNT se rechacen iniciativas privatizadoras alegando que el tema “se laudó” con un referéndum hace casi 34 años.
Es legítimo, e incluso elogiable, que una persona mantenga sus convicciones y persevere en el intento de defenderlas cuando la mayoría ciudadana las rechaza. Lo discutible es cuánto tiempo debe transcurrir entre dos consultas populares sobre el mismo tema, pero eso depende de apreciaciones políticas subjetivas.
Una norma anulada en referéndum puede ser aprobada de nuevo al día siguiente, y la Constitución no dice nada sobre la reiteración de proyectos para reformarla. En teoría, el procedimiento por iniciativa parlamentaria que eligió Camy en 2024 puede plantearse más de una vez, acerca del mismo asunto, en el mismo período de gobierno.
Sin embargo, cuando una cuestión se ha partidizado notoriamente, es poco acertado que la reflote quien ocupa, transitoriamente, un alto cargo institucional como la Fiscalía de Corte, en el que debería mantenerse a saludable distancia de las controversias entre el oficialismo y la oposición.