Son varios los países en los que se han creado fondos, llamados a veces soberanos, a partir de las regalías obtenidas por exportaciones de materias primas como petróleo, gas o minerales. Los objetivos son variados, como la estabilización frente a bruscas variaciones del precio del commodity implicado, pero también la financiación de proyectos socioeconómicos o de políticas industriales con esos ingresos extraordinarios. Uno de los fondos mayores es el creado en Noruega luego de que se descubrieran importantes yacimientos petrolíferos a fines del siglo pasado en el Mar del Norte. También se instauraron en varios países árabes productores de petróleo. Por ejemplo, un poderoso fondo saudiarabe financia el desarrollo de su sector cafetero. En la región, el gobierno chileno de Michelle Bachelet formuló en 2007 uno similar con los ingresos provenientes del cobre.
Esos ejemplos implican el uso de recursos no renovables, se fundamentan con una prospectiva intergeneracional, pero también hay casos con recursos renovables. Como el paraguayo. Tras una negociación entre los presidentes Fernando Lugo y Lula Da Silva, se actualizó en 2009 el precio de la energía paraguaya sobrante de la represa binacional de Itaipú que compraba Brasil. Eso incrementó los ingresos a las arcas guaraníes en cientos de millones de dólares anuales y el Parlamento decidió destinar gran parte de ese incremental a financiar programas de educación y de ciencia y tecnología. De ese modo, su novel agencia de promoción de la investigación multiplicó varias veces el dinero disponible.
En estos días, la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas ha tenido centralidad informativa. La inconsistencia entre una declarada preocupación por la ciencia y la tecnología (C+T) y el contenido del articulado al respecto concitó críticas diversas. Días pasados, finalmente, se alcanzaron en la Cámara de Diputados algunos acuerdos para incrementar fondos para C+T. Los recursos involucrados provienen de reasignaciones impositivas que originalmente se destinaban a ciertas instituciones, en particular al Instituto Nacional de Carnes (INAC) y al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Recordemos que el INAC se financia a partir de dos impuestos, uno relacionado con las exportaciones de carne (0,6%) y productos derivados, es decir, del último eslabón de la cadena cárnica en el país, y otro aplicado al abasto interno. Algo similar ocurre con la financiación que tiene el LATU, que si bien tiene importantes ingresos por servicios que ofrece, recibe también recursos provenientes del impuesto a las exportaciones no tradicionales (2,5 por mil).
En época de vacas gordas
La forma de financiación de estas instituciones públicas no estatales, es decir, que funcionan en régimen privado, garantiza un flujo de dinero constante e importante, pero este está influenciado linealmente por la evolución de las exportaciones. Pese a esta variabilidad implícita al esquema de soporte financiero, el resultado global está a la vista. Son instituciones sanas financieramente, en las que los funcionarios, como se sabe, tienen buenos salarios.
Cabe preguntarse qué sucede cuando en esas instituciones hay resultados financieros positivos. Al funcionar en la órbita privada, no se debe transferir “economías” del año hacia rentas generales. Gestionar con responsabilidad implica no malgastar dinero y, por tanto, se concretan reservas de diverso modo que podrían ser utilizadas en otro momento. Pero ¿qué ocurre si se tiene un alza prolongada de ingresos pues estos están asociados a una evolución positiva extendida del precio de un commodity? Veamos el caso de INAC. Desde hace tiempo las exportaciones cárnicas son relevantes y durante la administración frenteamplista (únicos datos en su página web) se obtuvieron superávit anuales constantes de entre 10% y 25%. Al culminar dicha administración, estaban consolidadas reservas en el entorno de los 55 millones de dólares, equivalentes a tres años de gastos operativos. Ahora, luego de la pandemia, donde hay récord de exportaciones cárnicas en precio, nada indica que los ingresos a INAC por el impuesto dejen de ubicarlo como una institución con alto superávit. Algo similar ocurre con el LATU, que ha venido consolidando desde hace tiempo inversiones financieras de distinto tipo, como lo muestran sus informes públicos.
Nos resulta consistente proponer que una cadena productiva exportadora muy rentable como la cárnica financie desarrollos científicos y tecnológicos y formación de recursos humanos calificados.
Durante la discusión en la comisión parlamentaria, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos presentó un artículo adicional a la Rendición de Cuentas para destinar una sexta parte de lo obtenido por el impuesto a las exportaciones cárnicas a la financiación de C+T. Una iniciativa oportuna y realista que no afectaría a INAC por lo que decíamos. Propuso que esos dineros fueran administrados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), focalizándolos en un fondo sectorial para biotecnología, un área teóricamente priorizada por el Poder Ejecutivo pero sin financiación concreta en el articulado. Legisladores oficialistas, por su parte, presentaron aditivos similares para financiar C+T –así como a ciertos proyectos universitarios (cáncer de próstata y medicina materno-fetal)–, reasignando también parcialmente el destino de impuestos, en este caso, el aplicado a las exportaciones no tradicionales. En síntesis, a partir de esas propuestas y por reingeniería impositiva sobre las exportaciones no tradicionales y cárnicas, se otorgan incrementos para C+T dirigidos tanto al Programa de Ciencias Básicas (Pedeciba) como a la ANII (portal bibliográfico Timbo, fondos transversales Clemente Estable y María Viñas, y otros programas). Aún resta ponderar con precisión el monto implicado, pero son varios millones de dólares anuales.
Conceptualmente, nos resulta consistente proponer que una cadena productiva exportadora muy rentable como la cárnica, y en un contexto, además, de récord de precios, financie desarrollos científicos y tecnológicos y formación de recursos humanos calificados en áreas no agropecuarias o transversales a esta. Discrepamos con las críticas sobre este último encare que se hace por parte de algunas autoridades ministeriales. Si “la vaca les gana”, como dijera el expresidente Jorge Batlle, debiera hacerlo para todos y no sólo para algunos. De algún modo, esa cadena se comporta como el “petróleo” uruguayo.
Reconozcamos, sin embargo, que estas decisiones parlamentarias, adecuadas coyunturalmente dada la restricción global respecto de C+T que tenía el mensaje del Poder Ejecutivo, no deben hacernos olvidar la importancia estratégica que tiene para el desarrollo económico y social del país la definición de una política pública en C+T consistente y con mirada de largo plazo. Esta debe incluir propuestas de financiación sustentables surgidas tras análisis precisos y no por decisiones ad hoc y a las corridas. Lastimosamente, ese camino parece estar lejos de las intenciones de las actuales autoridades responsables del área.
Edgardo Rubianes es doctor en Biología y fue presidente de la ANII.