El Inisa: entre el encierro y los recortes de políticas sociales

Editar

En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) acudió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para rendir cuentas sobre su gestión. En dicha instancia, mientras por parte de la coalición gobernante en el Directorio se mostraban avances en las políticas desarrolladas, por otro lado, los datos aportados por la propia institución en el mensaje presupuestario demostraban el incumplimiento de la mayoría de las metas previstas para 2021. Entre ellas, no se logró disminuir las horas de encierro en las celdas, el tiempo dedicado a la educación sólo alcanzó una hora diaria, las políticas de egreso no dan oportunidades educativas y laborales y además no se alcanza el nivel de capacitación necesario para las y los funcionarios, lo que surge de los documentos del Ministerio de Economía y Finanzas, tomo II, inciso 35, páginas 127 y 128.¹

Estos indicadores son similares a los resultados de una encuesta a adolescentes atendidos, realizada recientemente por Unicef, en la que se demuestra un aumento de más de 20% en el encierro entre 12 y 18 horas. Esto representa 17 horas de encierro en Montevideo y 15,5 en Canelones. Asimismo, disminuyó el volumen de visitas que reciben los internos y aumentaron los conflictos y la violencia entre pares, producto del encierro. A su vez, se destaca el aumento de ingresos al sistema por delitos vinculados al microtráfico en los barrios, claramente asociado al actual aumento de la pobreza en la infancia y la adolescencia y al retroceso de las políticas sociales en el territorio.²

Por otro lado, desde 2020 el Inisa viene arrastrando una serie de recortes en su presupuesto que afectan directamente la atención de las adolescencias. En 2021 la institución atendió a 984 jóvenes a través de medidas no privativas y privativas de libertad, número similar que en 2020 y 2019, cuando se atendieron 948 y 958 adolescentes, respectivamente. Sin embargo, desde 2020 se ha recortado más de 10% del presupuesto global; en inversiones edilicias este porcentaje aumenta a 82%, en funcionamiento de los centros a 20% y en retribuciones a los funcionarios se quitan dos millones de dólares. Es decir, con igual número de adolescentes atendidos que en 2019 y 2020, el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas se recorta y esto impacta directamente en las oportunidades educativas, así como en la cantidad de funcionarios y funcionarias y en la alimentación y la vestimenta.

El organismo aún no termina de resolver el gran gasto que significa el Ministerio del Interior, que cubre los perimetrales de los centros y se lleva 41% del presupuesto de funcionamiento, un servicio que debería estar financiado por el propio ministerio, para que el Inisa pudiera utilizar ese presupuesto para educación y alimentos.

Así, la lógica del encierro y de la seguridad empieza a permear por sobre la socialización y la educación de los jóvenes. ¿Cómo pensamos que los jóvenes pueden asumir su responsabilidad en el delito y volver a insertarse en la sociedad si no es a través de la educación y los talleres que forman y les enseñan sobre convivencia y ciudadanía? El encierro, las lógicas violentas y el mal estado edilicio vienen siendo observados por los organismos encargados del monitoreo de los derechos humanos y recientemente en la esfera internacional por el Comité Internacional contra la Tortura.³

Por otra parte, la Ley de Urgente Consideración (LUC) ha traído un mayor punitivismo, y la derogación de la suspensión condicional del proceso se refleja en un aumento de las sentencias. Así, en el documento de indicadores del Poder Judicial se determina que: “El número de adolescentes con sentencia fue de 419 en 2019 y de 701 en 2020, lo que equivale al 51,9% y al 82,3% del total de adolescentes a los cuales se les inició un proceso infraccional en el año, respectivamente. Este aumento de las sentencias podría estar explicado por la eliminación de la suspensión condicional del proceso” (página 22).⁴

Desde el Inisa, las lógicas de ingresar capacitación desde el Ministerio del Interior para los y las funcionarias, así como el traslado de pases en comisión desde este organismo, es altamente preocupante, por la impronta de seguridad por sobre la especialidad que deben tener las personas que trabajen en el Inisa. Y, por otra parte, la precariedad y las lógicas de seguridad en los centros limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil cuando se intenta promover derechos para las adolescencias, como es el caso reciente de la organización Empatía.⁵

Por su parte, la institución aún no puede cumplir los cometidos que establece la ley de su creación en cuanto a abarcar el territorio nacional con las medidas no privativas de libertad, o medidas en libertad, que deberían ser prioritarias conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. Se encuentra actualmente cubriendo Montevideo, Canelones, San José y Salto, a través de equipos propios y de organizaciones sociales en convenio. Pero la falta de voluntad política está limitando que los equipos de medidas no privativas en el resto de los departamentos pasen del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) al Inisa con el presupuesto asignado. Mientras el INAU devuelve 40 millones de dólares a Rentas Generales, el Inisa necesita apenas dos de esos millones para sostener a los recursos humanos en el resto del país y que esos equipos puedan trabajar bajo la órbita del organismo y con su especificidad.

Otro capítulo son las políticas de egreso del sistema penal juvenil. En 2021, según datos del Observatorio del Inisa, sólo 57 de los 984 jóvenes que pasaron por el sistema tuvieron acceso a becas y pasantías laborales. Pese a que el organismo tiene firmados convenios con muchas instituciones públicas, sólo las intendencias de Montevideo y Canelones, el Municipio C y las juntas departamentales de ambos departamentos trabajan para tener llenos los cupos. A su vez, si bien en la administración anterior se trabajaba con el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) a través de Jóvenes en Red y un convenio para el acompañamiento de los jóvenes una vez que terminan el cumplimiento de las medidas en el Inisa, actualmente el programa INJU Avanza no da respuesta a todos los jóvenes y no llega a los territorios del interior del país, mientras la reincidencia en el delito en esta etapa del ciclo vital sigue siendo alta.

Hoy la gestión y el presupuesto para las y los jóvenes atendidos por el Inisa están en discusión en el Senado, esperemos que esta vez prime la priorización de las adolescencias no sólo en el discurso y se entienda que no se puede castigar más en esta etapa de la vida y menos privar de oportunidades reales. El encierro y las medidas de seguridad no son la forma, refuerzan la violencia y la reinserción en el mundo del delito. Se necesitan políticas sociales y recursos humanos en territorio que fortalezcan a las familias y alejen a las y los jóvenes de las redes delictivas.

Andrea Venosa es directora del Inisa por el Frente Amplio.