La sequía es indudablemente gravísima. Lo que no es tan indudable es que las políticas nacionales –tradicionales– de reparación posterior sean las mejores para enfrentar estos eventos climáticos.
Carlos Paolino publicó sobre esto en julio de 2017 un artículo que creo importante destacar. Sus primeros párrafos resumen que las políticas gubernamentales hacia el agro se orientan a promover la competitividad estructural, pero sólo marginalmente atienden lo que llama políticas defensivas frente a posibles episodios críticos, que busquen preservar capacidades productivas valiosas que corren el riesgo de ser destruidas. Deja planteado que equilibrar esta situación debe llevar a rever la asignación del gasto.
“Las políticas públicas que ha definido el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se han basado en la construcción ‘proactiva’ de competitividad estructural, orientándose a proveer bienes y servicios públicos generales a la producción (sanidad animal y vegetal, innovación agropecuaria, investigación, educación, etc.). Sin embargo, la caja de herramientas de las políticas públicas de desarrollo productivo cubre un espectro bastante más amplio, como veremos en estas notas, incluyendo las llamadas políticas ‘defensivas’, que ofrezcan instrumentos que puedan activarse ante episodios críticos que erosionen las capacidades construidas en sectores estratégicos”, sostiene Paolino en dicho artículo.
Y continúa: “Las políticas de desarrollo productivo impulsadas fueron orientadas, todas ellas, atendiendo a reparar fallas de mercado y a construir nuevas capacidades. En cambio, las políticas defensivas tienen su razón de ser en la defensa de los avances logrados frente a posibles amenazas (por ejemplo, shocks externos, periodos de sobrevaloración de la moneda, caída abrupta de mercados, pérdida de competitividad en sectores específicos de interés estratégico, etc.)”. Y agrega: “Si bien se han implementado varios instrumentos de política defensiva, es evidente que no fueron concebidos como parte de una estrategia global de desarrollo productivo”.
Paolino tiene credenciales para ser escuchado. Es ingeniero agrónomo y doctor en economía, investigador, ex director de estaciones experimentales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), de la Universidad Tecnológica (UTEC) y consultor de organismos internacionales (entre ellos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo).
Su trabajo señala que el 75% de las ayudas del MGAP están destinadas a financiar bienes y servicios públicos. Que las políticas proactivas tienden a concentrarse en resolver la competitividad costo/beneficio y no la competitividad estructural. Aunque la productividad total de factores (básicamente tecnología) creció 25% en los gobiernos del Frente Amplio. Que las medidas defensivas utilizadas ante shocks adversos (fideicomisos, refinanciaciones, ajustes impositivos en la energía, etc.) se justifican, pero “no están concebidas de antemano como parte de una estrategia de desarrollo productivo”. Y que “las políticas de desarrollo productivo defensivas normalmente asumirán la forma de intervenciones de mercado para poner a las empresas a resguardo de los shocks y no sobre las que pueden arreglarse por cuenta propia”. Y, finalmente, que habría que revisar a la baja ese 75% destinado a proveer bienes y servicios.
Emprendedurismo, riesgo y ganancia
En estos días, Marcelo Pereira publicó en la diaria una columna destacando el trato diferente que el gobierno le da a dos sectores en problemas coyunturales, el agro y el turismo. Podría haber agregado a las familias que descendieron a la pobreza, por ejemplo. O recordarse que el sector agropecuario paga menos impuestos que los demás giros empresariales y tan poco a la seguridad social que la Caja Rural está fuertemente subsidiada. Pero aquí no entraremos en estas distinciones.
Interesa algo más amplio. Todo emprendimiento económico implica riesgo. De hecho, es el argumento más empleado para justificar retóricamente las ganancias empresariales: son premios al riesgo. Las actividades agropecuarias son especialmente sensibles a factores climáticos cambiantes, además de los cambiarios y otros eventos oscilantes.
No es la única actividad riesgosa. Tradicionalmente el transporte marítimo es el ejemplo secular. Por eso se inventaron los seguros. Es decir, la prima de cobertura de riesgo se tiene en cuenta para evaluar la viabilidad de un negocio. Si el giro no es capaz de cubrir preventivamente costos y un fondo para eventos desfavorables, no es rentable.
Lo que parece poco racional, o con poco contenido empresarial, es cobrar sobreprecios cuando la actividad está en el pico alto del ciclo y traspasar los riesgos al Estado –a todos nosotros– cuando están en el pico bajo. Nos recuerda la consigna “El Estado debe asegurarnos nuestra rentabilidad”, que se escuchó mucho en 2018. Hace varios lustros que hay fomento para la construcción de tajamares y al menos uno de vigencia de una ley de aguas que permite embalses multipredios, que serían buenas medidas de prevención de sequía, entre otras cosas.
Paolino reconoce que solucionar el problema que señala “exige una capacidad institucional poco común de los agentes privados y públicos”. Esta columna no postula que sea sencillo. Tampoco busca confrontar; Paolino estaba en 2017, señalando déficits de la administración frenteamplista.
la diaria publicó, el pasado sábado 14 de enero, una información sobre el pesimismo de los directores y gerentes de medios de comunicación. Entre las estrategias para hacer rentables estas empresas, menciona el “periodismo de soluciones”, que no se limita a exponer problemas, sino que brinda elementos para imaginar alternativas de solución.
No sé si esta columna califica para esa categoría, pero el objetivo es llamar la atención hacia un lineamiento que podría ser motivo de acuerdo nacional.
Jaime Secco es periodista, integrante de Banderas de Liber