Las palabras son poderosas y pueden incidir mucho sobre la percepción de la realidad, como señalaba en 1966 el argentino Arturo Jauretche acerca de la gente que iba a las canchas de fútbol “con la radio a transistores pegada a la oreja”, y le creía más al relator que a sus propios ojos. Pero todo tiene sus límites, y hay una frontera ética entre construir una narrativa y presentar los datos de una forma que induce a engaño.
En el discurso del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General, el jueves 2, quedó para el final el anuncio de reducciones de pago de los impuestos a la renta de las personas físicas (IRPF) y de asistencia a la seguridad social (IASS), sobre las que el propio Poder Ejecutivo había creado una gran expectativa previa.
El presidente sostiene que la situación de las cuentas públicas permite “aliviar” un poco la carga tributaria, y optó por hacerlo disminuyendo la recaudación de estos impuestos, mediante un procedimiento que tiene sus complejidades en el caso del IRPF. Este en realidad no se rebajará, porque sus tasas por franja de ingreso seguirán siendo las mismas; lo que se hará es habilitar que los descuentos aplicados al pago (deducciones) puedan ser mayores en algunos casos.
Es legítimo debatir si la disminución de lo que recauda el Estado debería ser mayor o menor, y en qué medida es justa y prioritaria la selección de las personas beneficiarias del “alivio”, pero debería estar muy claro, sin espacio para dudas o discusiones, en qué consiste la medida.
En el informe por escrito del Poder Ejecutivo al Legislativo la descripción es precisa, pero en el discurso de Lacalle Pou no lo fue tanto, y en las declaraciones posteriores del presidente y de varios dirigentes oficialistas la información se distorsionó, hasta referirse a una presunta “rebaja de impuestos para la gente con menores ingresos”.
El IRPF se aplica a las personas con ingresos mayores de unos 40.000 pesos mensuales (más precisamente, de 39.620), que son sólo 30% de los trabajadores. Quienes ganan menos no pagan, y por lo tanto las medidas anunciadas no les causarán ningún beneficio. El “alivio” no será para “las personas con menores ingresos” en general, sino para gente que integra ese 30% con mayores ingresos, y a la que, si se le “complica mucho llegar a fin de mes”, como dijo el presidente, en todo caso se le complica menos que a muchas otras personas.
En el caso del IASS, es preciso recordar que lo paga solamente 25% de quienes reciben jubilaciones y pensiones, de 45.280 pesos para arriba. Cuando Lacalle Pou habló de “cerca de 20 mil personas” que dejarán de pagar este impuesto, se refería a un grupo cuyas prestaciones de seguridad social están muy por encima del promedio.
No es una cuestión de apreciaciones subjetivas: son datos verificables sin el menor margen de error y cuesta creer que se tergiversen en forma inocente. Los relatores de fútbol pueden equivocarse de buena fe al evaluar si hubo una infracción, pero si hablan de algo completamente distinto a lo que pasa en la cancha, resulta cada vez más difícil seguirles creyendo.