Los temas de la seguridad y de la política criminal son materia de políticas públicas, es decir, de definiciones del Estado que implican destinar recursos hacia una tarea con objetivos. La seguridad y la política criminal se consideran en general de manera conjunta, pero en realidad la seguridad es un concepto más amplio y debe concebirse como un derecho humano fundamental. La Organización de las Naciones Unidas dice que la seguridad se expresa en cuatro libertades básicas: libertad de vivir sin miedo, libertad de vivir sin miseria, libertad de vivir sin necesidad y libertad de vivir con dignidad. Es responsabilidad del Estado asegurar a los individuos ese derecho y esas libertades.
Nos toca ejercer ese derecho en una sociedad de conflictos que deben gestionarse y administrarse. La política criminal es la gestión de los conflictos que el Estado define resolver en forma violenta. La política pública de seguridad se enlaza con la política criminal. Esta última gestiona una parte de la política de seguridad.
El conflicto de intereses y las disputas por los bienes se producen en una sociedad capitalista que fomenta el consumo. Una parte importante de la población no tiene acceso a esos bienes escasos, y para muchos sectores el único camino para acceder a ellos es la actividad ilícita. También incide el tema del poder, como sucede en el caso de los delitos vinculados al patriarcado, cuando el hombre no quiere perder su poder frente a la mujer.
En esa sociedad de conflictos, el Estado debe responder con una política de seguridad con cuatro tareas: la prevención (acciones que cotizan a la baja hoy), la represión o conjuración (para hacer cesar los efectos en forma reglada), la investigación de los delitos (que ejerce el fiscal y la Policía en una relación complicada) y, en cuarto lugar, la persecución penal de los delitos (tratar de llevarlos a juicio para que el juez resuelva el conflicto). Sólo algunas de estas tareas se vinculan con la política criminal.
América Latina está sesgada para resolver en forma violenta problemas que no son delitos. Hay una larga historia de represión. En general, la sociedad tiende a jerarquizar las acciones de represión y control. La prevención queda bastante de lado, y además se hace en forma desarticulada.
La medida más importante de prevención debería ser eliminar la pobreza infantil y juvenil. No sólo porque es justo, sino porque nuestras cárceles están llenas de jóvenes, pobres, adictos, analfabetos funcionales. Más de 90% de las personas privadas de libertad tienen esas características. La cárcel no es una solución, hoy es parte del problema.
Las cárceles también están llenas de afrodescendientes; el racismo estructural existe en nuestro país y en toda América. La masculinidad hegemónica también influye. Quienes cometen delitos son en su amplia mayoría varones. Esto implica repensar esa masculinidad hegemónica. No podemos olvidarnos de estos factores a la hora de pensar las políticas.
Al mismo tiempo, hay un problema cultural y una tentación de consumo que invaden nuestra sociedad. Estamos invadidos por manifestaciones culturales que sitúan las conductas delictivas como algo natural.
La necesidad de una política pública de justicia
En cuanto a la política criminal, tenemos un gran problema porque no contamos con una. Desde 1934 hasta la fecha tenemos el mismo Código Penal, copiado del código de Benito Mussolini, que no está adecuado al siglo XXI. Una nueva política criminal implica un nuevo Código Penal y ajustar el nuevo Código del Proceso Penal. Al final del día esto es ideología. No se logrará consenso en todo; las leyes no son asépticas ni los operadores de justicia lo son. Tenemos que pensar en el todo. No sirven parches y parches. Hasta ahora cada vez que discutimos una norma penal es para aumentar las penas o crear delitos.
Hay una concepción de que los conflictos se van a resolver con mano dura, pero no es así. Pese a que se han tipificado más delitos, se han aumentado las penas y se han construido más cárceles, la realidad es que los delitos no bajan desde 1985, salvo en 2020 con la pandemia, momento en que se desplomaron. Las cárceles tienen cada vez más gente. Jorge Batlle inició su gobierno con 5.000 presos, y ahora hay 15.000.
La medida más importante de prevención debería ser eliminar la pobreza infantil y juvenil. No sólo porque es justo, sino porque nuestras cárceles están llenas de jóvenes, pobres, adictos, analfabetos funcionales.
Las penas alternativas no se implementaron, porque predominó una lógica según la cual todas las modificaciones fueron para aumentar las penas de cárcel. Se fueron cortando todos los beneficios, y no queda nada que no sea la cárcel pura y dura. Para las penas alternativas hay además un problema de recursos. Es un problema político, de gestión, que requiere mucho trabajo y que debe realizarse en clave de derechos humanos, no puede ser de otra forma. Pero hoy muchas de las medidas no están en esa clave y todo el sistema penal no lo está. El sistema penitenciario es una agencia de la política criminal, una parte del problema y no de la solución. No se rehabilita a nadie en las cárceles.
No se da solución a este tema creando un ente autónomo o servicio descentralizado. Debe ser responsabilidad del Poder Ejecutivo, por medio de un Ministerio de Justicia, no del Ministerio de Educación y Cultura. Casi todos los países del mundo tienen ministerios de Justicia.
La Fiscalía también es un problema. Hay que pensar una solución dentro del marco constitucional. Es una institución que creció pero le faltan muchas cosas, entre otras, liderazgo. Hay que preguntarse si los fiscales deben tener independencia. En muchos países, como los sajones o España, los fiscales no son independientes. Durante años se generó el prurito de que si el sistema político habla de la justicia se afecta a la independencia del Poder Judicial. Pero hay que recordar que sólo los jueces son independientes.
Es necesaria una política pública de justicia. Definir a dónde va un juzgado compete al Poder Legislativo, pero no hay una comisión de justicia en el Parlamento, porque se argumenta que la justicia y la política no se pueden juntar.
Por otra parte, la formación no puede ser endogámica. Debe haber criterios de evaluación de desempeño de los jueces que no deberían depender de la Suprema Corte de Justicia.
La defensoría pública necesita autonomía, recursos, liderazgos, evaluación, rendición de cuentas públicas. Hay que tener una defensa pública potente para que los pobres puedan tener defensa. Hoy hay una justicia para pobres y otra para ricos, como hay una educación para pobres y otra para ricos.
Para salir del círculo vicioso de gobierno y oposición, es necesaria una política criminal de otras características, que requiere un cierto Estado, no cualquier Estado. Un Estado profundamente intervencionista y protagonista de estos procesos, contra las concepciones que piensan que el problema es el Estado.
Las políticas territoriales forman parte de una política criminal. Las priorizaciones deben variar según los territorios. Tenemos varios Montevideos y varios países en el territorio nacional. Un tema importante es el manejo de la información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que es muy bueno, pero un problema en este punto es que todos los policías tienen acceso al sistema. El manejo de la información es poder. Debería haber una mesa común de fiscales y policías para priorizar conjuntamente la información.
En cuanto a la eficacia de la investigación, la tasa de aclaración de delitos es bajísima, aunque aumentó tres o cuatro puntos en el período pasado, en un contexto de aumento de los delitos. Pero sigue siendo baja.
Hay que seguir profesionalizando la Policía. Se han cambiado positivamente muchas cosas, y deben tener continuidad en el tiempo. La Policía quiere ser escuchada. Todas las medidas referidas a este tema incluidas en la ley de urgente consideración (LUC) eran reclamos anteriores de la Policía. Siempre quieren más poder, pero eso no significa que no puedan opinar y que su opinión sea tomada en cuenta.
La política criminal incluye la necesidad de visualización de los conflictos. Hay problemas que no son visualizados por algunos sectores. La clase media no visualiza los problemas de Avenida Italia al norte, aunque la mayoría de los delitos se cometen allí. Muchas veces la gente no se quiere enterar, pero el gobierno debe hacerse cargo de los problemas que la gente no ve.
Jorge Díaz fue fiscal de Corte. Este artículo forma parte de una serie que está publicando la diaria, basada en las exposiciones de los autores en el ciclo Café + Ideas, un conjunto de conversatorios presenciales en el bar Mitre que apunta a una nueva modalidad de diálogos. Debatiendo sobre temas priorizados a partir de una exposición provocativa, se buscó promover el intercambio en profundidad entre diferentes miradas dentro del mundo progresista en un contexto internacional y nacional que genera muchos desafíos ante la incertidumbre.
- Leé otro artículo de esta serie: “Buscando alternativas para la democratización transformadora”, de Rodrigo Arocena.