El canciller Francisco Bustillo presentó en noviembre de 2022 al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Damien O’Connor, la carta de adhesión con la que Uruguay busca sumarse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). De esta manera, el país inicia formalmente el proceso por el que los 11 países miembros del acuerdo analizarán si aceptan la candidatura para integrar el bloque comercial.
Se trata de un tratado de libre comercio firmado en 2016 y que hoy integran un grupo de países con costas en el océano más grande del mundo: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam.
No es necesario escribir mucho ni hacer largos comentarios para determinar nuestra opinión contraria al acercamiento del gobierno a este acuerdo. No hay ningún elemento de juicio que respalde tal decisión, ni se conocen documentos técnicos, comerciales o jurídicos que abonen tal paso en lo internacional.
Los acuerdos regionales se refieren a alianzas o convenios dentro de una región, y somos del Atlántico y mercosurianos. Somos de otro barrio.
La inserción internacional, el “abrirse al mundo”, no se logra sólo con eventuales tratados de libre comercio, cuya negociación lleva décadas y hay que conceder mucho, sino con el trabajo profesional de las cancillerías, los negociadores y los empresarios buscando –todos los días– nuevos mercados para nuestros productos. No tenemos escala, debemos ofrecer calidad y, para ello, desplegar un amplio y sostenido programa de contactos.
“[El CPTPP] no es como el caso del TLC [tratado de libre comercio] con China, donde tú empezás una negociación, donde das y recibís. Acá ya sabés que tenés que cumplir ciertos estándares que hoy Uruguay no cumple”, comentó el especialista internacional Ignacio Bartesaghi en un artículo reciente. A quienes piensan que se puede tratar de un proceso rápido y ven en el horizonte un nuevo acuerdo Bartesaghi les advierte: hay “lista de espera” y se respeta.
“Hoy el CPTPP está analizando a Reino Unido; hasta ahora, sólo a ellos. También ya solicitaron formalmente el ingreso China, Taiwán, Corea del Sur, Costa Rica y Ecuador. Todos esos ya están antes que vos si se respeta el orden cronológico”, dijo el experto, que aseguró que hasta ahora ese ha sido el modus operandi del bloque. “Definitivamente es un proceso que no es inmediato, ni corto, ni rápido y, mucho menos, sencillo”, añadió.
“Con México ya tenés un acuerdo, no precisas el CPTPP. Tampoco lo precisás con Chile ni con Perú”, comentó Bartesaghi, en referencia a los vínculos comerciales amparados en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.
La política exterior de este gobierno ha sido errática y poco congruente, pretendiendo ejercer una forma de soberanía que en lo internacional no es imaginable en un complejo mundo lleno de intereses contrapuestos.
El exvicecanciller frenteamplista Ariel Bergamino dijo a Montevideo Portal que “cabría preguntarse si esta iniciativa que ha adoptado el gobierno uruguayo apunta realmente a mejorar la siempre mejorable inserción económica y comercial de Uruguay en el mundo y la región, o se trata de otra cortina que despliega el gobierno para tapar sus propias debilidades, insuficiencias, incumplimientos y hasta escándalos”.
La política exterior de este gobierno ha sido errática y poco congruente, pretendiendo ejercer una forma de soberanía que en lo internacional no es imaginable en un complejo mundo lleno de intereses contrapuestos.
No se sigue una estrategia de patria chica y un acercamiento con nuestros socios comerciales para poder negociar en conjunto.
Mucho antes de asumir, el nuevo gobierno puso en marcha sus prioridades en materia de política internacional. En ese orden de cosas, el 23 de enero de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón recibieron a Rosa María Payán, la mayor activista anticubana de Miami, hija de otro luchador anticastrista. Esta cubana, de 32 años de edad, es la presidenta de la Fundación para la Democracia Panamericana (con sede en Miami), titular de la marca “Cuba decide”, y tiene vínculos con todos los dirigentes de la ultraderecha neoliberal occidental y con senadores republicanos partidarios de la intervención militar estadounidense en Cuba.
Payán recibe apoyo económico de muchas empresas transnacionales y de gobiernos interesados en la caída del régimen cubano, y ha sido denunciada como promotora de los incidentes sociales en Cuba que comenzaron el mismo día y a la misma hora en 12 lugares de la isla, con similitudes inexplicables.
Más adelante y antes de asumir, Lacalle Pou le tapó la boca al canciller designado, Ernesto Talvi, y “desinvitó” explícitamente y por su cuenta a tres presidentes (Cuba, Venezuela y Nicaragua), cometiendo una chambonada diplomática que se arreglaba con el simple hecho de no invitarlos.
Entonces, el 1º de marzo, cuando juró como presidente, sus grandes amigos fueron Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Iván Duque, Mario Abdo Benítez y un funcionario del gobierno estadounidense de Donald Trump. ¡Qué linda compañía!
Pero no olvidemos: en los primeros días de ese mes de marzo de 2020 hubo una llamada de Trump que no ameritó conferencia de prensa o comunicado alguno, y casualmente, a las 72 horas, nuestro país rompió con la Unión de Naciones Suramericanas y apoyó la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Una simple casualidad.
Y semanas después, otra llamada de Trump y Uruguay –rompiendo una histórica y consensuada tradición interamericana– votó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo al candidato del gobierno estadounidense, en un hecho sin precedentes. Ese funcionario luego fue destituido.
No termina aquí el rumbo: se promueve la “flexibilización del Mercosur”, que tuvo como único aliado a Jair Bolsonaro, el más cuestionado presidente de la región, que pretendió desconocer por la fuerza los resultados de los comicios de la nación hermana.
La iniciativa que rechazan Argentina, Paraguay, y muy posiblemente Itamaraty, implica la negociación individual de cada país con terceras naciones ajenas al acuerdo, en materia comercial, contrariando el artículo 1º del Tratado de Montevideo y la Resolución 32/2000 del 29 de junio de 2000, adoptada en Buenos Aires por el Consejo del Mercado Común.
Nada de eso ha resultado, y los socios del Mercosur le advierten a Uruguay que su accionar unilateral es contrario al espíritu y a las normas regionales.
Otra más: Uruguay votó en contra de la investigación promovida en Naciones Unidas por los incidentes entre Israel y Palestina, donde se atacó a poblaciones civiles y murieron decenas de personas, alegando su alianza con Israel.
Es por todo esto que la política exterior del gobierno aparece como nada coherente, sin una estrategia definida y sin intentar una política de Estado, involucrando a todas las fuerzas políticas del país. Es así que la firma del Transpacífico aparece huérfana de respaldo y de contenidos. Otro paso en falso.
Julio Vidal es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.