El problema del endeudamiento excesivo afecta a una gran cantidad de personas en Uruguay y es especialmente grave para las más vulnerables, que tienen menor acceso al crédito pero igual se endeudan. Con muchas urgencias y pocas posibilidades de evitar riesgos, derivan hacia los proveedores formales que cobran mayores intereses y los informales que cobran aún más.
Es gente que vive endeudada más allá de sus posibilidades de pago, y esto la sigue empujando hacia préstamos cada vez más caros, al tiempo que la aleja de los mercados formales para acceder a vivienda y a otros bienes y servicios básicos.
Por razones fáciles de entender, el problema se extiende y se agrava en períodos como el actual, con caída del poder de compra de salarios, jubilaciones y pensiones, y aumento de la cantidad de personas en situación de pobreza. Qué hacer es, sin embargo, una cuestión compleja.
Para empezar, lo más obvio: hay quienes figuran como deudores insolventes pero distan mucho de serlo y han llevado a cabo –con asesoramiento experto– artimañas legales y contables para burlar a sus acreedores. Impedir que los estafadores se beneficien es indispensable, pero no sencillo.
También hace falta hilar muy fino para decidir en qué situaciones resultaría realmente justo reducir las obligaciones de pago de algunas personas pero no de otras, y prever que la respuesta de muchos prestamistas puede ser protegerse de la “inseguridad jurídica” con créditos de acceso más difícil, en forma perjudicial para el conjunto de la sociedad.
Cabildo Abierto (CA) impulsó un proyecto de ley que fue frenado desde el Poder Ejecutivo. El Frente Amplio tiene presentado otro, y les propone a los cabildantes acordar una sola iniciativa, que tendría mayoría en ambas cámaras, pero el resto del oficialismo también procura un entendimiento en esta materia con CA. Habrá que ver cuál es el resultado de las negociaciones en curso, y en qué medida evita efectos contraproducentes.
En todo caso, es posible y no tan complejo tomar medidas para prevenir que más personas lleguen a la situación que se quiere remediar. Estas deberían incluir un contralor más eficaz de la usura, que no deje resquicios legales para esa práctica ni desvíe la mirada cuando se produce; y un combate decidido, con sanciones severas, a la publicidad engañosa y otras formas de inducir a las personas a que tomen decisiones insensatas.
También es crucial aumentar la educación financiera, que es una necesidad de primer orden en el mundo actual pero no se brinda en forma universal y satisfactoria (autorizar las visitas a escuelas de representantes de instituciones financieras no es, por motivos obvios, el mejor modo de atender esta necesidad).
Por cierto, la prevención de fondo debería incluir políticas que disminuyan la vulnerabilidad social y aumenten las posibilidades laborales de calidad con buenos ingresos. Y también, en un nivel más profundo, la educación contra el consumismo insostenible, que tiene consecuencias particularmente graves para las personas más vulnerables pero atraviesa al conjunto de la sociedad.