“Todos estamos convencidos de que hay una población vulnerable que tiene costos de financiamiento permanente, todos los meses, y ni siquiera somos capaces de entenderlo o de dimensionarlo”, dijo Gustavo Viñales, contador público y docente en la Universidad de la República (Udelar), al cierre de la presentación de una investigación sobre endeudamiento de los sectores populares en Uruguay, que se desarrolló el jueves en la sede del Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU).
Según Viñales, la problemática tiene una complejidad difícil de abarcar porque, entre otras cosas, la información escasea, pero esa es también la razón por la que se debe generar instancias de diálogo y debate. “Si no somos capaces de poner el tema en agenda, no vamos a ser capaces de proponer políticas públicas”, argumentó.
La investigación que dio nombre al encuentro estuvo a cargo de Graciela Sanromán, docente e investigadora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. Además de presentar los resultados del análisis de datos del Banco Central del Uruguay (BCU) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Sanromán propuso posibles políticas para evitar y mitigar las situación de vulnerabilidad financiera a la que se enfrentan miles de familias en nuestro país.
Su análisis se enmarca en dos líneas de estudio que se han impulsado durante los últimos años. Una de ellas reconoce la existencia de discriminación en los mercados de crédito, y la otra evalúa el hecho de que las personas en situación de vulnerabilidad, “con poca capacidad de negociación e información limitada”, suelen tomar decisiones “contraproducentes” que las conducen al sobreendeudamiento.
Antes de comenzar, Marcelo Ventós, director del IPRU, destacó que el trabajo de Sanromán es enriquecedor para el intercambio interdisciplinario y para los objetivos del instituto, que busca “apostar a la dignidad de las personas en clave de derechos humanos”. En ese proceso, gracias al trabajo con empresas y pequeñas empresas, surgió la preocupación sobre una realidad que “va mutando muy rápidamente” y “complejizando las formas de acceso al financiamiento formal y no formal”, por la que “los territorios pagan”.
Más vulnerabilidad, menos acceso
De acuerdo a lo expuesto por Sanromán, en Uruguay aproximadamente 900.000 personas están en el clearing y 600.000 en situación de default –más de 180 días de atraso– frente al sistema financiero. Para estudiar el segmento de consumo del mercado de crédito, la investigadora tomó información recabada por la Central de Riesgos del BCU entre 2017 y 2021 sobre las instituciones que otorgaron préstamos, los importes de cada deuda y las calificaciones de riesgo. Aunque serían pertinentes, el BCU no ofrece datos de la tasa de interés aplicada en cada operación ni tiene series disponibles con las tasas de las diferentes instituciones. Por otro lado, fue analizado material de las visitas a hogares en situación de vulnerabilidad, realizadas por el Mides entre 2011 y 2014. La información utilizada corresponde a 258.289 personas nacidas antes de 1996 y toma el índice de carencias críticas y elegibilidad a los programas, el ingreso de las personas y los hogares, y el nacimiento, la educación y el género.
Con relación al acceso y al uso de crédito, se concluyó que el nivel de ingresos de las personas determina esta posibilidad y que cuanto más grande es la situación de vulnerabilidad, menor es el acceso al crédito, en particular al crédito bancario. También se observó que el nivel de educación incide positivamente y que las personas con educación secundaria y las mujeres tienen más probabilidad de acceso. Por otra parte, cuanto más grande es la situación de vulnerabilidad, menor es la probabilidad de estar al día y mayor la de estar en default, especialmente en los casos en los que el oferente de crédito es una administradora de crédito.
Uno de los objetivos planteados por Sanromán buscaba conocer el impacto de estos casos en la estabilidad financiera. Dado que los deudores más vulnerables –usuarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS)– representan 2,1% de la cartera incobrable de los bancos y 5,4% de la de las administradoras de crédito, se entiende que no representan un riesgo. Al contrario, las tasas altas de default parecen influir de forma positiva, pues se complementan con la obtención de tasas de ganancia máxima por parte de las empresas oferentes. Por último, otra conclusión fundamental es que esta población se endeuda principalmente con administradoras de crédito.
Prevenir que empeore
Respecto de los posibles abordajes legislativos de esta problemática, Sanromán sostuvo que las leyes que se encuentran en discusión deberían incluir la figura de bancarrota de las personas físicas, vigente en Europa y Estados Unidos. Además, subrayó que el hecho de estar en default supone grandes dificultades a la hora de realizar contratos y obtener garantías de alquiler, independientemente de las características del historial de pago del deudor. En consecuencia, “se debería buscar mecanismos para que el historial de impago por créditos al consumo no influya en esta dimensión, al menos hasta que las nuevas leyes tengan su impacto”.
“Con esta estructura esto no va a mejorar, sino va a empeorar, y tenemos que ver cómo hacemos para prevenir que empeore”, sentenció la docente de la Udelar. Una de las medidas de prevención podría ser revisar las formas de determinación de los límites de usura, que hoy se establecen según las tasas activas que fija cada empresa, y que se asocien a las tasas pasivas o la inflación. Otro punto es la necesidad de fortalecimiento de la educación financiera, fundamental para combatir la desinformación. Según Sanromán, hay que prohibir la publicidad engañosa en los medios de comunicación.
Por último, la investigadora dijo que “habría que pensar en políticas focalizadas” y propuso implementar una línea de crédito para TUS, porque hay momentos en los que las necesidades financieras son mayores que la cifra que se transfiere de forma mensual, y así los individuos terminan por recurrir al mercado, donde las tasas habituales son de 130%. Estas deberían tener un tope a determinar y ofrecer la posibilidad de fraccionar las compras en varios pagos sin recargo, con una tasa de financiación baja.