La urgencia de reformas para enfrentar el atraso social y económico de Colombia y, en consecuencia, la precariedad de su población sigue siendo un tema vigente. No es exagerado sostener que algunos de los grandes problemas sociales que el expresidente Alfonso López Pumarejo detectó en su primer gobierno entre 1934 y 1938 hoy continúan en el centro del debate nacional. De hecho, fue el aplazamiento de esas transformaciones en el sector rural y laboral, esencialmente, lo que produjo un descontento popular que derivó en una guerra civil fratricida. Ocho décadas después, Gustavo Petro pretende enarbolar las banderas de esas luchas sociales postergadas y saldar la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con las clases trabajadoras y la población rural. Desde esta óptica es posible pensar que el carácter cíclico del tiempo histórico, del tiempo político de la Colombia contemporánea, no es otra cosa que un reflujo de los procesos socioeconómicos que quedaron marginados desde el siglo pasado. De cualquier manera, en las dos experiencias de gobierno acotadas –la Revolución en Marcha, de López Pumarejo, y el Gobierno del Cambio, de Petro– se pueden identificar algunos relatos compartidos, así como prácticas políticas que hoy son restauradas por el presidente de los colombianos para resignificar su mandato.
El relato reformista como ruta para el cambio
En Colombia estamos asistiendo al despliegue incisivo de un discurso de izquierda de tono reformista que el mismo presidente Petro ha querido vincular al gobierno liberal reformista de López Pumarejo (cercano a la izquierda colombiana). Al igual que en los años de la Revolución en Marcha, el nuevo mandatario tiene el firme propósito de priorizar el lugar social de la clase trabajadora. Por lo tanto, propuso una reforma laboral para mejorar las condiciones salariales y contractuales de los trabajadores. Sin embargo, durante los primeros nueve meses de gobierno este ha sido un proyecto cuestionado por los grandes capitales colombianos y por los partidos tradicionales, entre los que se encuentran una derecha moderada y neoliberal y una derecha radical que por momentos se acerca a la ultraderecha. Un rechazo al que también se enfrentó la política obrera de López Pumarejo, que además de exigir la protección y dignificación del trabajador por parte del Estado, creó, por iniciativa del presidente, la Confederación de Trabajadores de Colombia (1935) con el claro propósito de estimular al movimiento sindical. Rápidamente, apareció el repudio del Partido Conservador e incluso de un sector del Liberalismo, un partido en ese momento escindido.
Tal como López Pumarejo se enfrentó a esa oligarquía urbana y rural y a un Congreso reticente a sus reformas sociales (agraria, laboral, tributaria, educativa, constitucional), Petro ve cómo su programa reformista sufre duros reveses. Si durante su primer mandato López Pumarejo lidió con un Congreso ampliamente polarizado que terminó por engavetar su programa de gobierno, asimismo el actual presidente de los colombianos recibe las críticas del poder económico y financiero y la resistencia de un Congreso en el que no tiene mayorías absolutas. Es aquí en donde su reforma a la salud ha encontrado los mayores tropiezos. En su intento por universalizar el servicio, menguar la comercialización del derecho a la salud, afianzar un sistema público y proponer la atención primaria, se ha chocado con intereses de grandes capitales que están detrás del actual sistema de salud del país. Fue esta reforma la que marcó, sin temor a dudas, el quiebre en el tono conciliador del gobierno de Petro, que hoy se inclina más a la izquierda para concretar sus reformas: piedra angular de su programa político.
Lo mismo ha sucedido con su propuesta de entregar tierra a los campesinos colombianos, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz con la exguerrilla FARC-EP en 2016. De hecho, en una de las comisiones económicas del Congreso de la República se entreveró, apenas hace unos días, un artículo que permitía la compra de tierras (sin el recurso de la expropiación), con el fin de entregarlas al campesinado. Una negativa que Petro sintió como afrenta. Una vez más, el proyecto de otorgar tierra fértil (que no está siendo productiva) a quienes la han reclamado por décadas encendió las alarmas de los latifundistas. Una disputa de grandes dimensiones a la que también puso el pecho López Pumarejo cuando su Ley 200, de 1936, para la Reforma Agraria no logró avanzar en su intención real de modificar el monopolio de la tierra y las formas de producción. En cambio, se expuso a la oposición encarnizada de los terratenientes. Muy cercano a esa idea de emergencia agraria por la deuda del Estado en la distribución de la tierra, Petro retomó el relato de la función social de la tierra esgrimido por el gobierno de la Revolución en Marcha, para convertirlo en una de las banderas de su Gobierno del Cambio.
Ante la dificultad de un pacto social con los partidos tradicionales Petro tomó la decisión de dirigirse al soberano para buscar su respaldo en las calles como centinela de las reformas.
En ambas experiencias políticas, una de corte liberal reformista y otra de izquierda reformista (en dos épocas disímiles), quedan claras las tensiones internas a las que se enfrentan los gobiernos cuando pretenden desacomodar el statu quo. Aunque el de López Pumarejo hubiese sido un programa emergido de las filas del liberalismo e incluso cercano a la corriente política del New Deal de Franklin D Roosevelt, no obtuvo la cohesión que requería para lograr resolver los problemas sociales del país por la vía de las reformas. Unas clases políticas tradicionales anquilosadas en el poder le hicieron zancadilla a su programa de gobierno. Por otro lado, si bien Petro llegó al poder bajo la apuesta de la concertación nacional con los partidos tradicionales colombianos (Partido Liberal y Conservador) y el Partido de la U, no ha logrado el éxito que precisan sus reformas en los debates del Congreso para cumplir con lo prometido en la campaña.
Pese a ello y a las confrontaciones que ha generado su caudal de reformas (pensional, salud, laboral, tierras) y su búsqueda de la Paz Total, ha tenido sus aciertos. Por ejemplo, una reforma tributaria que fue aprobada ni bien llegado a la presidencia y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en días pasados, que no es otra cosa que la hoja de ruta del gobierno, en la que se marcan los lineamientos de su administración. Esa fue una extraña victoria. Así, entre idas y venidas, su gobierno intenta no sucumbir, girando más a la izquierda, al parecer, como nueva estrategia. Lo hace cambiando el gabinete ministerial por uno más cercano a su recorrido político y también acercándose más a sus electores.
Los balconazos: “La lucha permanente se da con un pueblo movilizado”
Esas fueron las palabras de Petro el 1º de mayo cuando, evocando en su discurso a López Pumarejo, se dirigió a miles de trabajadores desde el balcón presidencial para pedir el respaldo a sus reformas. Lo mismo hizo en su momento el presidente de la Revolución en Marcha el 1º de mayo de 1936, hablándole a una multitud de trabajadores desde el balcón del Palacio de la Carrera en Bogotá (Casa de Nariño) para defender las políticas de su gobierno frente a sus opositores. Esa práctica de vieja data en América Latina (de larga historia caudillista), utilizada por líderes variopintos, cumple hoy en Colombia la doble función de, por un lado, remarcar el talante político de izquierda de Petro al enviar un mensaje de conexión directa con su electorado, y, por otro, de elaborar una narrativa de poder popular que haga contrapeso a los espacios de poder tradicional. Algunos lo llamarían pulseada política. El hecho es que, ante la dificultad de un pacto social con los partidos tradicionales, Petro tomó la decisión de dirigirse al soberano para buscar su respaldo en las calles como centinela de las reformas.
Ivonne Calderón es doctora en Historia.