No se exagera cuando se reconoce que la política fiscal es la más importante herramienta de la conducción económica. Una verdadera ancla fundamental de esta última. Por supuesto, esto no significa desconocer que su coordinación con la política monetaria y la que refiere a los ingresos de la población constituyen la clave de la estabilidad macroeconómica del país. En este escenario es la política fiscal la que encabeza los fundamentos a los que se recurre para asegurar dicha estabilidad. Y lo hace apelando a sus dos grandes componentes: el gasto y los ingresos de todo el espacio público, concepto que, como ya hemos señalado en una nota anterior, trasciende al Estado y al mismo tiempo lo involucra en la responsabilidad de diseñar y poner en práctica la política fiscal.
Si siempre es difícil manejar el gasto público, en Uruguay se suma un desafío adicional: es altamente endógeno, es decir, con un volumen y un destino que carecen de margen para otras opciones durante determinados períodos, que frecuentemente han sido prolongados y han obligado a recurrir a sumas importantes en materia de recursos. Así, por ejemplo, las normas aprobadas a nivel constitucional o parlamentario, con o sin iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, constituyen casos típicos acerca de este obstáculo a superar para evitar que un desalineamiento del gasto comprometa la estabilidad de los equilibrios macroeconómicos concebidos en su conjunto.
Por eso es que, siendo imprescindible siempre, mejorar la calidad del gasto público es tan relevante en Uruguay, trabajando con metas, evaluación de resultados y compromisos de gestión. Obviamente, esta afirmación es aplicable a la totalidad de los egresos del espacio público. Pero ni las posibilidades de hacerlo son las mismas en todos los casos, ni los efectos de las decisiones que se tomen resultan siempre significativos. Por eso importa estudiar previamente las posibilidades que presentan las diversas áreas en las que se trabajará para lograr los objetivos planteados, sabiendo que en cada una de ellas se dispone de caminos e instrumentos especializados para alcanzar los resultados esperados.
Ello comprende desde transformaciones estructurales fundamentales, como la actualmente discutida reforma de la seguridad social, hasta operaciones a las que se suele asignar menor importancia o sencillamente ignorar. Tomemos un ejemplo relevante al respecto: las compras públicas. La importancia de este instrumento en un proceso como el que estamos comentando se percibe al comprobar que el espacio público –y en particular el Estado– es el principal comprador de bienes y servicios en las economías modernas.
Si nos proponemos caracterizar sistemáticamente las operaciones de compras públicas en el Uruguay actual, tendríamos que destacar su apertura, su transparencia, su atributo competitivo y la ausencia de discriminación entre los oferentes.
Hasta hace no muchos años, se utilizaba como parámetro fundamental de decisión lo que podríamos definir como eficiencia económica: se trataba de comprar más barato. En la actualidad, los cambios en el mundo nos han conducido hacia la sostenibilidad como rasgo fundamental, que a su vez incorpora las perspectivas de la sociedad en su conjunto con especial atención a temas fundamentales como el cuidado del ambiente y la inclusión social. De esta manera, la sostenibilidad puede ser vista como un préstamo que las generaciones futuras conceden a las actuales a cambio de un mundo viable y posible, no obstante el paso del tiempo. Se percibe así que estamos ante un caso típico de intertemporalidad, que significa la insuficiencia de evaluar una decisión económica limitándonos a sus efectos inmediatos o de corto plazo e ignorando los que puede generar en un escenario de mayor alcance temporal.
Si siempre es difícil manejar el gasto público, en Uruguay se suma un desafío adicional: es altamente endógeno, es decir, con un volumen y un destino que carecen de margen para otras opciones.
En suma, se trata de incorporar nuevos conceptos además del imprescindible análisis de los precios. Algunos han sido mencionados en el análisis precedente. Hay otros, como por ejemplo la durabilidad y la disposición final del objeto de la compra luego de su utilización. Un camino muy claro para sintetizar la naturaleza económica de los factores referidos puede expresarse en los conceptos de precio y de valor. La integralidad y la diversificación de los factores que se proponen en este enfoque significa jerarquizar el de valor, porque supone el fundamento que permite tener en cuenta un conjunto de rasgos relevantes de la realidad económica en consideración.
Procurar una mayor calidad del gasto público involucra a la realidad financiera del país. En su concepción más clara y fundamental se trata de la actividad que articula la disponibilidad de recursos con capacidad de pago, con la insuficiencia de estos respecto de las exigencias que plantea la cancelación de obligaciones vigentes.
En los últimos tiempos hemos conocido importantes aportes de diversos analistas que le dedican un énfasis especial a la necesidad de educar acerca de esta materia. Deseo señalar, entre otros comentarios, que comparto totalmente tal propuesta. Seguramente, la puesta en práctica de tal iniciativa no habrá de ignorar que Uruguay ha realizado grandes progresos en la materia a partir de la carta orgánica del Banco Central, que reafirma su independencia en su papel de autoridad monetaria, refuerza las funciones de supervisión y regulación, y fortalece los lazos de trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Es que durante los gobiernos de la actual oposición se creó una nueva institucionalidad en este campo, que también incluye al Comité de Estabilidad Financiera, que a su vez actúa coordinadamente con la corporación de Protección del Ahorro Bancario e instrumentos para analizar y resolver crisis de carácter macroprudencial de carácter sistémico, así como las microprudenciales que afectan a una sola institución.
A lo anterior cabe agregar el incremento notable de la inclusión financiera y el proceso de bancarización, que contribuyó indiscutiblemente a prevenir y combatir el lavado de activos, una de las piedras angulares del crimen organizado.
Por esta razón es que, a pesar de la pandemia y sus efectos, el sector bancario luce una situación estable en materia de patrimonio y liquidez, lo cual, junto a un manejo excelente de la deuda, conforma un escenario sano y estable en materia financiera, la que –no obstante– presenta hoy desafíos relevantes. Por un lado, el de mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la red financiera concebida en su conjunto, teniendo en cuenta que la insuficiencia de garantías ha sido hasta ahora el principal obstáculo para que dicho acceso tenga lugar en mejores condiciones.
Por otro lado, también es un desafío importante el de ir progresando en la incorporación de nuevas tecnologías (fin-tech), lo que en principio no impedirá que siga existiendo una alta dolarización de la economía uruguaya, que funciona con dos monedas, lo que dificulta significativamente la acción y los resultados de la política monetaria. Esta situación plantea la necesidad de la ya comentada educación en la materia. Sin perjuicio de que las nuevas tecnologías en esta área constituyen un instrumento y no la definición del contenido de la política monetaria, su creciente protagonismo en el mundo financiero puede ayudar a disminuir la dolarización de nuestra economía. Habría que estudiarlo, sabiendo que factores psicológicos como la preservación del refugio que revela esa dolarización juegan un papel muy importante.