En la historia política ha sido común recurrir a la mentira como argumento para llegar al poder. Es más, se trata de un instrumento manejado sistemáticamente por comunicadores, especialistas y voceros de prensa: de lo que se trata es de afirmar algo sin que se pueda averiguar la verdad.
Ha sido un mecanismo –aunque nos pese– generalmente muy efectivo. Pero Uruguay, con su tradición republicana y democrática, con su sistema de partidos políticos, con su apego a la Constitución y a las leyes, ha sido una excepción destacable en el concierto internacional.
Pero toda regla tiene su excepción. Apareció contemporáneamente la mentira como instrumento sistemático del gobierno, que tiene sus dificultades desde su nacimiento como alianza electoral multicolor y con el estilo personalista de su conducción. Y con una particularidad muy singular, irrepetible: el gobierno miente, y al poco tiempo prueba que ello era mentira.
Un primer ejemplo, grabado por todos los medios de comunicación, es una afirmación sobre la financiación de la proyectada represa de Casupá.
En una de las miniinauguraciones del presidente en el interior, y rodeado de periodistas, aseveró que el proyecto le había sido entregado por el expresidente Tabaré Vázquez, pero no su financiación. Sin embargo, a los pocos días un correligionario del primer mandatario, el alcalde de Casupá, lo desmintió y explicó que existía un programa de financiación aprobado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
Y luego supimos que la ministra de Economía solicitó –por tres veces– la prórroga del plan financiero, que continúa vigente hoy.
¿Quién se hace cargo?
El elenco de confianza del gobierno no se conoce entre sí y no se conocen sus antecedentes, todo es sorpresivo y nadie sabía nada, pero todos ocupaban cargos de relieve y de confianza.
Otro patético episodio: el pasaporte de Marset
Mientras la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache; el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo se empeñan –con muchos enredos– en negar su participación en el hecho, declaran, se contradicen, vuelven a aclarar. Pero hoy está todo claro.
Hubo un plan para la interpelación y cada uno iba a decir algo (“su verdad”), pero los hechos son tercos y las fechas también, y no se pueden modificar hacia atrás. Y más aún, Carolina Ache dice ahora que los ministros estaban enterados de todo.
El gobierno, a través del Ministerio del Interior (que expidió el pasaporte) y la cancillería (que lo envió presurosamente por valija diplomática e instruyó a los funcionarios consulares de Uruguay en Dubái), otorgó un documento a un “narcotraficante pesado y peligroso” para lograr su liberación en Dubái, violando el requisito reglamentario de todos los decretos sobre pasaportes.
El artículo 5 del Decreto 129/2014 establece: “No se dará curso a ninguna solicitud de pasaporte sin la comparecencia personal del interesado”. Esta es una norma general, para todo tipo de pasaportes, que no admite excepciones (ídem art. 6 del Decreto 167/1993), porque se trata de un documento de identificación y de carácter internacional.
El interesado estaba preso (en la cárcel), ya que fue arrestado en Dubái porque estaba trasladándose con un pasaporte paraguayo falso. Por tanto no hubo “comparecencia personal” para el trámite que se cuestiona, y no está autorizado realizarlo por tercera persona (apoderado).
Todo esto invalida el trámite seguido, que se parece a un favor y no a un procedimiento reglado.
Este es el argumento fundamental, del que se derivan todas las anomalías posteriores, las mentiras con intento de encubrir la situación y este triste sainete político, en que la responsabilidad de los jerarcas es indiscutible.
¿Quién se hace cargo?
Y para agregar un tercer ejemplo, acaba de otorgarse el desafuero del senador Gustavo Penadés, en un triste y lamentable episodio de nuestra vida política. Se intentó hacer una sesión secreta y un trámite de bajo perfil. Hubo hasta algún senador que confundió el levantamiento de los fueros para formar causa (es decir, para que se lo investigue y se lo juzgue) con una condena violando la presunción de inocencia. Un dislate.
Resulta que el “amigo” a quien le creen, la maniobra política contra el gobierno y la anunciada acción de difamación contra los acusadores y otras mentiras similares quedaron por el camino luego de conocerse el informe de la Fiscalía.
El elenco de confianza del gobierno no se conoce entre sí y no se conocen sus antecedentes, todo es sorpresivo y nadie sabía nada, pero todos ocupaban cargos de relieve y de confianza. En latín se llama culpa in eligendo. En política se llama incompetencia, corrupción e improvisación.
Por la salud moral de la República, ¿quién se hace cargo?
Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.