En abril el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) cerró una licitación para realizar la extensión de la ruta 102 perimetral de Montevideo a propuesta de un consorcio de empresas. Esto supondría atravesar con una ruta de cuatro carriles el área protegida de los humedales del Santa Lucía, afectando además a muchas vecinas y vecinos de la zona que verán sus casas demolidas o que tendrán en el futuro una barrera física ruidosa y peligrosa atravesando el barrio, de concretarse el proyecto.
La estimación previa que el MTOP informó, tanto en prensa como en su comparecencia en la Junta Departamental de Montevideo, era de menos de 100 millones de dólares, pero la apertura de la licitación mostró otra realidad. Un solo oferente y unos precios muy alejados de las estimaciones: la obra presupuestada alcanzaba unos 170 millones de dólares, los intereses por la financiación a diez años serían unos 82 millones más y el mantenimiento por ese período otros 13 millones, sumando un total de 265 millones de dólares. Estos costos podrían aumentar, y seguramente lo hagan, ante cualquier cambio en las condiciones de la obra o si se encuentra alguna dificultad en el trazado propuesto. Con buen criterio el MTOP anunció que no adjudicará la obra por excederse de las estimaciones económicas en esta ocasión, pero no desistió de seguir buscando alternativas para realizarla. Alternativas que difícilmente sean por la mitad de lo ofertado, que ya es bastante más de lo estimado.
Hoy los vecinos del barrio Pauru nos cuentan que el MTOP asiste a sus casas para avanzar en la compra de sus viviendas sin darles la oportunidad del diálogo y presionándolos con un juicio por expropiación que extendería sus plazos de cobro mucho después del desalojo, si es que logran cobrar algo. Triste forma de convencer.
La zona de los humedales del Santa Lucía ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2015 y es de las más extensas de todo el país, como también de las más vulnerables, por encontrarse al borde del área urbana de Montevideo. En la descripción del SNAP en la página del Ministerio de Ambiente se detalla que “es una herramienta fundamental para conciliar el cuidado del ambiente –en particular de la diversidad de paisajes, ecosistemas, especies y elementos culturales– con el desarrollo económico y social del país, apostando a generar oportunidades para las comunidades locales y la sociedad en su conjunto a través de la recreación, el turismo, la educación, la investigación y el desarrollo de actividades productivas compatibles con la conservación”. Siguiendo la normativa nacional y los convenios internacionales ratificados por el país, lo que corresponde allí es apegarse a un plan de manejo sostenible para preservar las condiciones ambientales y no agregarle componentes contaminantes e invasivos. Para decirlo claro, definimos un área protegida y lo que hay que hacer es protegerla.
Llama la atención lo poco fundamentada que ha sido la necesidad de extensión de esta ruta. Comparto que bajar los tiempos de desplazamiento, descongestionar las vías secundarias y reducir la siniestralidad vial son objetivos buscados, pero no podemos analizarlo sin incluir las consecuencias ambientales y sociales a corto, mediano y largo plazo que tendrá la misma obra.
La inversión pública en vialidad dentro del departamento de Montevideo es necesaria y bienvenida. Realizando estas intervenciones en las vías que ya tenemos funcionando, tendríamos un gran ahorro de tiempo.
Por otro lado, la necesidad de “cerrar” la perimetral no es tal. De hecho, esta ya “cierra” con las rutas 5 y 1. Montevideo ya tiene un anillo perimetral, y si está incompleto es porque esas rutas mantienen condiciones de autopistas internacionales con elementos propios de caminos vecinales. Tenemos múltiples carriles, intersecciones con radios de curvatura para altas velocidades y cruces a desnivel bien resueltos y también cruces semaforizados, rotondas, cruces a nivel en falsas rotondas e incluso los insufribles “lomos de burro”, que pueden tener otros nombres pero no dejan de ser de burros.
Esta misma ruta propuesta comparte tréboles clásicos y curvas amplias con semáforos y dársenas de giro y retorno. Deberíamos aunar criterios y finalizar algo de lo que empezamos antes de avanzar en propuestas problemáticas. Si queremos optimizar tiempos de viaje y hacer las rutas más seguras, podríamos empezar por hacer las intersecciones a desnivel que faltan, comenzando quizás por los de la ruta 5 (cruce en Camino La Redención y en ruta 102), la ruta 1 (Santiago Vázquez, Camino Manuel Flores) y la ruta 102 (son diez cruces semaforizados antes de tomar la ruta 8). Podría seguir con la ruta 102 hasta la 101 o con los interminables problemas que tiene la ruta 8 hasta que pasa la ciudad de Pando. O lo que sería más eficiente aún, tener una mirada metropolitana sobre la movilidad tanto de personas como de la producción en general, pero eso da para otra nota.
La inversión pública en vialidad dentro del departamento de Montevideo es necesaria y bienvenida. Realizando estas intervenciones en las vías que ya tenemos funcionando, tendríamos un gran ahorro de tiempo, no sólo para los que transitan esas rutas sino también para quienes las cruzan, y no generamos un impacto ambiental tan negativo como el que se produce al invadir un área protegida. La inversión se distribuiría en varios puntos del área metropolitana y beneficiaría a muchas más personas y zonas clave en la movilidad y seguridad. Esas rutas deben pasar a ser autopistas completas y seguras. De repente con todas estas mejoras se nos olvida que queríamos hacer pasar una ruta sobre los humedales y le entregamos al futuro una Montevideo efectivamente más verde.
No dejo de reconocer que las anteriores administraciones del Frente Amplio estuvieron detrás de esta ampliación, pero reclamo dos cosas: la primera es incorporar sensibilidad ambiental por sobre la exclusiva visión productiva. Porque pensar que la productividad está por encima de los cuidados ambientales es un error político. Ni técnico ni presupuestal, es falta de visión política sobre el cuidado de la vida. Y la segunda es la posibilidad de que los ciudadanos del departamento tengan incidencia sobre las acciones que se desarrollan en su territorio.
Pedro Giudice es edil por El Abrazo, Frente Amplio.