Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) son un instrumento hijo de su tiempo. En distintos países de la región y del mundo este tipo de instituciones fueron creadas al influjo del capitalismo neoliberal. En Uruguay, nacieron a mediados de los 90 y suponen un negocio lucrativo con fondos obtenidos, en muchos casos compulsivamente, de los aportes jubilatorios de los trabajadores y trabajadoras. Se deposita una parte de lo aportado para la jubilación, con la idea de que ese dinero, inversiones mediante, genere intereses y algo de esto vaya a favor del aportante, el trabajador o trabajadora, a la hora de su retiro. Con esto se generarían “dos jubilaciones”, una derivada del Banco de Previsión Social (BPS) y otra de la AFAP, que tendría como ventaja un interés creado gracias a los negocios realizados por sociedades anónimas a las que se les confió durante años parte de lo reservado para el retiro. No es difícil inferir que detrás de este planteo está otra vez el reiterado mito de que los negocios capitalistas, más o menos regulados, son más eficientes que cualquier otra lógica de administración e inversión, y que la idea del ahorro individual, donde cada quien se paga su propia jubilación, es superior a la de la solidaridad. Tan profundo caló el modelo que la seguridad social, un derecho humano básico, queda así mercantilizada.
La obligatoriedad de aportar a una AFAP en nuestro país, hasta la reforma aprobada hace unas semanas, cabía a personas con un salario cercano a los 80.000 pesos o más. Debajo de ese monto, era opcional. Hoy el régimen se ha extendido y se avanza en la universalización de la obligatoriedad. Si es tan conveniente, ¿por qué la obligatoriedad de tal norma? ¿No deberíamos ir todos corriendo a gozar de tales beneficios sin necesidad de una norma que nos niegue la libertad de optar? En definitiva, la obligatoriedad de realizar aportes en esta modalidad es una forma de garantizarles más recursos a las administradoras para hacer sus negocios con dinero seguro; también una forma de saldar un debate ético e ideológico sobre la seguridad social y su carácter.
La propaganda que se realizó y se realiza para vender este sistema se basa en afirmar que garantizará a los trabajadores una mayor cantidad de recursos una vez retirados. Los indicadores muestran que este modelo lejos ha estado de esa promesa. Sí ha logrado generar un gran negocio a las administradoras, que vía comisión cobrada o rentabilidad de sus inversiones, y con capital asegurado y bajísimo riesgo, han hecho millonadas de dinero (50 millones de dólares en 2017, por poner un solo ejemplo) sin que esto redunde en mejores jubilaciones para la gran mayoría. El sistema del BPS, sin ser perfecto, ha brindado mejores jubilaciones con relación a lo aportado que las AFAP.
Es significativo que el sistema intergeneracional y solidario, el BPS, logre ser más conveniente a pesar de costear además otros derechos, como el seguro por enfermedad y por desempleo, para los que nada aportan las AFAP. Además, el BPS también asiste en un sinfín de necesidades de los trabajadores y sus familias, como pueden ser diversas terapias o la compra de un par de lentes.
El camino más sólido para avanzar en este sentido es establecer en la Constitución de la República la prohibición del lucro en la seguridad social.
Por todo esto es que los trabajadores y trabajadoras sabemos que la forma de extender y consolidar el régimen de AFAP es apelando a la obligatoriedad y no a la opción.
Esta embestida se da, además, a contrapelo de lo que sucede en el mundo. Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones públicas obligatorias, pero ya para 2018, 18 países habían revertido dichas privatizaciones. En la lista encontramos realidades sociales y políticas muy diversas. Por poner algunos ejemplos: Argentina (2008) y Bolivia (2009), pero también Polonia (en dos pasos, 2011 y 2014) y República Checa (2016). Sin embargo, el gobierno uruguayo insiste con esta vía privatizadora, sin argumentar por qué profundizar un modelo ya aplicado que no ha dado los resultados esperados, extendiendo además la obligatoriedad.
El campo popular, social y político está transitando un debate en torno a la seguridad social. La democracia directa, en su forma plebiscitaria, ofrece distintas posibilidades. La expectativa en un cambio de gobierno que eventualmente elabore una nueva reforma, justa y solidaria, puede llevarnos a pensar que basta con “sacarnos de arriba” la reciente Ley 20.130. Pero el problema es más complejo, y también podemos intentar ir un paso más allá, superando algunas señas privatizadoras que ya existían, como las AFAP, que hoy fueron extendidas. El camino más sólido para avanzar en este sentido es establecer en la Constitución de la República la prohibición del lucro en la seguridad social, junto con otras disposiciones que, por ejemplo, determinen un máximo de edad exigible para jubilarse, impidiendo de ese modo cualquier iniciativa de aumento de la edad jubilatoria.
¿No sería un esfuerzo mal aprovechado ir por una vía de democracia directa para quedar en el mismo sitio que antes de esta reforma?
Daniel Gerhard es diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.