El jueves 6 de julio, un grupo de residentes en la localidad balnearia Ocean Park, al suroeste de Maldonado, capturaron y maltrataron, al extremo de la tortura, a un hombre al que consideraban cómplice de ladrones. Luego lo llevaron maltrecho al destacamento policial de Sauce de Portezuelo, donde dijeron que traían “a otro delincuente más” y los funcionarios asumieron que esto era verdad, porque el hombre fue esposado y encerrado en una celda, sin que se tomara ninguna medida contra sus victimarios.
La víctima fue trasladada por policías del destacamento a la brigada de Hurtos e Investigaciones de Piriápolis, después a una policlínica en la que le suministraron calmantes y otra vez a la brigada, donde permaneció detenido hasta que le tomaron declaraciones y entendieron, por fin, que no había cometido ningún delito.
Según las manifestaciones en el destacamento del propio grupo de agresores y lo que afirman vecinos del lugar, este no fue el primer atropello de esta “brigada civil”, que ha decidido usurpar funciones judiciales y policiales para definir quiénes son culpables, capturarlos y entregarlos, sumando a esto golpizas que no son, por supuesto, usurpación de funciones legítimas, aunque haya policías que las integran a sus procedimientos de rutina.
Fiscalía está investigando la denuncia del agredido, aunque hasta ahora sólo se ocupa de quienes lo secuestraron, ya citados a declarar, pero libres hasta entonces. En principio no se indagó a los funcionarios que aceptaron la privación de libertad como si se tratara de un arresto ciudadano, que sólo es legal si se produce cuando una persona está cometiendo un delito y no habilita a ensañarse con ella. La versión de los hechos por parte de la Jefatura de Maldonado deja mucho que desear.
Corresponde que este caso se procese con gran rigor, para que quede sumamente claro qué líneas no se pueden cruzar. El respeto a la Policía bien entendido (que no es la sumisión ante abusos de autoridad) incluye no invadir las competencias que le corresponden. Y, por supuesto, la Policía no debe tolerar actos de violencia como el de la semana pasada o cooperar con ellos.
Asimismo, parece importante que nadie se engañe al evaluar este gravísimo episodio. El abuso fue cometido por personas procedentes de Argentina, pero no hay que engañarse creyendo que se trata de un fenómeno “importado” y que ningún uruguayo es capaz de hacer algo por el estilo. En este caso parece muy evidente la incidencia de un factor clasista, pero gente de muy distintos niveles socioeconómicos participa en linchamientos. Las prácticas parapoliciales suelen ser alentadas desde la ultraderecha, pero no son exclusivas de personas que votan a candidatos derechistas.
Ni siquiera es el centro del asunto que la víctima fuera inocente y, según vecinos que lo conocen, una persona amable e inofensiva: estos desbordes no se justifican tampoco contra culpables de delitos graves sorprendidos in fraganti. Son inaceptables contra cualquier ser humano.