Uruguay es uno de los 23 países clasificados a nivel mundial como “democracia plena” y el mejor rankeado en América Latina. Al mismo tiempo, el país enfrenta el reto de transitar hacia una representación igualitaria de hombres y mujeres en política.
Pese a ser el primer país de América Latina en consagrar los derechos políticos de las mujeres en 1932, en la actualidad Uruguay se encuentra en el puesto 90 respecto al porcentaje de mujeres en los parlamentos y en el 133 en cuanto a la participación de las mujeres en los gabinetes ministeriales, según el ranking internacional de la Unión Interparlamentaria (UIP) para 2023.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado la implementación de acciones afirmativas -como leyes de cuota o paridad, o el nombramiento de gabinetes paritarios- ante la subrepresentación estructural de las mujeres en los espacios de decisión.
En este escenario, no sólo es relevante la normativa que establezca la acción afirmativa sino su implementación efectiva. Las leyes de cuotas fueron aprobadas por la mayoría de los países de la región en la década del 901 y establecieron pisos mínimos para la inclusión de mujeres en las candidaturas electorales.
En el caso de Uruguay, la Ley de Cuotas se aplica desde las elecciones de 2014. Las mujeres que resultaron electas en 2019 como titulares representaban el 21% del Parlamento. Este porcentaje llegó al 23,2% cuando algunos representantes dejaron sus bancas para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo.
Pese a ser el primer país de América Latina en consagrar los derechos políticos de las mujeres en 1932, en la actualidad Uruguay se encuentra en el puesto 90 respecto al porcentaje de mujeres en los parlamentos.
Desde 2008 varios países de América Latina tomaron medidas hacia la paridad en cargos electivos y de toma de decisiones, y hoy ya nueve de ellos la incluyen en su normativa. Además, en 2015, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño definió la paridad como la base de una democracia con igualdad sustantiva.
En Uruguay, desde 2021, hay dos proyectos de ley para su discusión en el Parlamento que proponen la aplicación de la paridad (alternancia entre hombres y mujeres) en las listas electorales.
A través del ciclo Diálogos sobre el futuro de Uruguay, Naciones Unidas Uruguay, en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, genera un espacio para debatir e intercambiar experiencias que aborden los obstáculos y las acciones afirmativas hacia una representación igualitaria entre mujeres y hombres en la política uruguaya. El encuentro Hacia una democracia paritaria en Uruguay se realiza este jueves a las 16.00 en el Parlamento.
Magdalena Furtado es directora de Programas de ONU Mujeres Uruguay. Alfonso Fernández de Castro es representante residente del PNUD en Uruguay.
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En Uruguay recién en 2009 se promulgó la Ley 18.476 que declaró de interés general la participación equitativa de personas de ambos sexos tanto en la integración de los órganos electivos como en la dirección de los partidos políticos, conocida como Ley de Cuotas. Esta ley se aplicó por primera vez en las elecciones de 2014-2015 e introdujo un sistema de cuotas de género en las listas electorales, consistente en asegurar la representación de ambos sexos cada tres lugares de candidaturas. La aplicación de esta ley ha sido calificada de minimalista por Niki Johnson, ya que los sectores hicieron lo mínimo para cumplir con los requisitos de la ley, por ejemplo, en el armado de las listas al colocar a la candidata mujer en tercer lugar, lo que limitó su impacto y tuvo efectos en la Cámara de Senadores, pero escasos efectos en la Cámara de Representantes. ↩