Gabriela Fossati saltó a la notoriedad por su controvertido desempeño como fiscal en el caso Astesiano. Esta semana anunció su retiro de Fiscalía para jubilarse y dijo que no descarta dedicarse a la política partidaria. No resultó sorprendente, y esto es un síntoma que merece reflexión.
Hace varios años que en Uruguay, como en muchos otros países, crece una tendencia a la judicialización de cuestiones políticas, que es peligrosa por sí misma y más aún cuando la acompaña, como ha sucedido con demasiada frecuencia, una politización de las actuaciones judiciales.
Conviene realizar de antemano dos precisiones. Una es que no se trata de “la política” y “la justicia” en general, sino de casos particulares. La otra, que obviamente quienes se dedican a la política no son insospechables, y que cuando se ven involucrados en hechos de apariencia delictiva, corresponde que intervenga el sistema judicial.
Los problemas y riesgos tienen que ver, por ejemplo, con el uso de las denuncias y los procesos judiciales como armas contra adversarios políticos, con los intentos de presentar decisiones legítimas de gobierno como si fueran delitos y con la conducta de operadores judiciales que aprovechan sus cargos para beneficiar o perjudicar a figuras partidarias, iniciar una carrera política o ambas cosas. A veces con gravísimas violaciones de la ley como las que cometió en Brasil, contra Luiz Inácio Lula da Silva, el juez Sérgio Moro.
Sin llegar aún a extremos similares, en el Uruguay actual hay un espacio aumentado para la actuación partidizada de quienes se desempeñan como fiscales, debido a la reforma de 2014 que les asignó el papel central en la investigación de los delitos y su persecución penal.
Nadie puede pretender que el ingreso a Fiscalía despoje a la gente de ideología o de preferencias partidarias en su fuero íntimo, pero es crucial que haya frenos para evitar no sólo ilegalidades, sino también irresponsabilidades que afectan la calidad de la democracia.
Hablamos de personas cuya posición institucional las puede llevar a representar, ante la opinión pública, valores muy preciados, y es clara la inconveniencia de que esto sea manejado en forma imprudente. Hay, a su vez, situaciones distintas, que van desde lo legítimo pero discutible hasta lo que es indudablemente dañino.
Hubo fiscales cuya visión ideológica general era afín a la de organizaciones políticas, y que luego de retirarse pasaron a integrarlas, como sucedió con Gustavo Zubía o Darviña Viera. La situación de Fossati es muy distinta, porque cuando estuvo a cargo de la investigación sobre Astesiano acumuló declaraciones y decisiones en defensa del presidente Luis Lacalle Pou y notorias hostilidades hacia figuras del Frente Amplio.
Así sembró dudas razonables sobre su imparcialidad como funcionaria, que se reforzarían si ahora pasara a la actividad partidaria. Estaría en su derecho, pero es evidente que aumentaría las sospechas de que no se llegó hasta el fondo en el caso Astesiano, y también las de que cada fiscal actúa al servicio de algún partido. Nada de esto sería saludable.