El Poder Legislativo es una institución básica de la convivencia democrática y el sistema republicano de gobierno. Hay que cuidarlo, y esto incluye reclamarle que cumpla en forma eficaz y oportuna sus funciones. Entre ellas, obviamente, la de legislar, que junto con la de contralor es sin duda prioritaria.
Desde hace décadas, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo determina, entre otras cosas poco deseables, que este vaya definiendo a su criterio gran parte de la agenda parlamentaria, y que sea poco habitual la iniciativa desde el Legislativo en asuntos de importancia central. En unos cuantos casos, integrar el Parlamento es ante todo acceder a un gran megáfono para la expresión de opiniones políticas, y esta ocupa gran parte del tiempo que podría dedicarse a identificar problemas y a proponer leyes con la intención de resolverlos.
Durante la semana que termina hubo dos ejemplos claros de tardanza en estas tareas. Uno de ellos fue que el oficialismo decidió revertir, mediante un aditivo al proyecto de Rendición de Cuentas, las disposiciones de la ley de urgente consideración (LUC) de 2020 que, desde entonces, causaron un fuerte aumento de la cantidad de mujeres privadas de libertad por introducir pequeñas cantidades de droga a cárceles.
Desde que comenzó el debate parlamentario sobre el proyecto de la LUC hubo advertencias acerca de lo que iba a ocurrir, que se vieron confirmadas a lo largo de tres años y, entre otras cosas lamentables, agravaron las condiciones de hacinamiento en la cárcel de mujeres montevideana, pero recién ahora se corrige el error.
El otro ejemplo fue la reactivación del tratamiento del proyecto de ley sobre financiamiento de partidos, que no se pudo aprobar en el anterior período de gobierno y ha permanecido pendiente durante la actual legislatura. En los años transcurridos se incrementaron las señales de alarma sobre avances en Uruguay del narcotráfico en gran escala, que aumentan el riesgo de que compre complicidades y subrayan las necesidades de prevenirlo.
Los dos casos mencionados no son los únicos. La crisis de abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana puso de manifiesto debilidades ya crónicas, pero tras el fin de la emergencia hídrica el oficialismo insiste en apostar todas sus fichas al controvertido proyecto Neptuno, que no aportaría soluciones si se reiterara la situación reciente, y no se han incluido otras iniciativas en la agenda parlamentaria.
Hace unos cuantos años que leyes como las aprobadas para prevenir la violencia doméstica o reformar la atención en salud mental son cumplidas a medias porque no se han asignado los recursos correspondientes. Muchos hablan de la importancia del desarrollo científico, que se realiza casi por completo en la Universidad de la República, pero esta recibe mucho menos presupuesto que el que necesita.
Si tenemos en cuenta que la LUC incluyó normas sobre el contralor de los chorizos artesanales elaborados en carnicerías, cabe preguntarse si en esta legislatura ha predominado un criterio correcto para decidir qué es urgente.