En nuestro país, entre 2005 y 2019, el presupuesto en educación como porcentaje del PIB pasó de algo más de 3% al 5%. Mejora importante pero aún lejana del 6% que propusieron los técnicos de UNESCO y que reivindica la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). En ese período mejoraron los índices de cobertura educativa, así como los niveles de aprendizaje, pero en un porcentaje inferior al del incremento de los recursos. Es que los procesos de recuperación en educación no se vinculan de manera lineal con lo que invierte la sociedad, para revertir las tendencias se requiere mucho tiempo y constancia.
A pesar de los datos propios
Los anuncios apocalípticos han puesto en el imaginario colectivo la inminente necesidad de que “hay que hacer algo”, y que la Transformación Educativa se impone. Sin embargo, el tomo 1 del Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 elaborado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) maneja cifras sobre Educación Media Superior (EMS) que contradicen el “catastrofismo” que suele invocarse para justificar la urgente necesidad de cambios en educación y que pretenden fundamentar las medidas propuestas ahora para el bachillerato.
Según la página 26 del citado tomo, la matrícula en EMS pública tuvo un importante crecimiento entre 2015 y 2019. En Secundaria se incrementó de 98 a 112.000, en Educación Técnica lo hizo de 43 a 50.000. Los porcentajes de preferencia por la educación pública en ese tramo pasaron de 89% a 91% en el mismo período (página 32). En los años 2016, 2017 y 2018, se produjo una reducción de los porcentajes de no aprobación en la EMS. En Secundaria esos porcentajes fueron 31, 28 y 27% respectivamente, mientras que en UTU fueron de 41, 38 y 35% en los mismos años (página 64). Es cierto que para los quintiles 1 y 2 las cifras de egresos fueron muy bajas en EMS. Para el primero pasó de 15,6 % a 18,5% entre 2015 y 2019, mientras que para el segundo fue de 42,5 a 52,4% respectivamente (página 64). También es cierto que, de manera muy lenta, se produjo una convergencia de los egresos por quintil, como muestra la página 39 del tomo 1 del Proyecto de Presupuesto. Lo mismo puede plantearse si se revisa en el mismo documento los números de educación inicial y primaria, educación media básica y formación docente. Es decir, si bien el proceso fue lento, las mejoras eran medibles. No resiste análisis la teoría de la “caída en picada” de la educación pública, aun basándose en los documentos escritos por las actuales autoridades de la ANEP designadas por el Poder Ejecutivo. Pero matizan la idea de que el problema no es el presupuesto. Y de paso, pasamos del 5% al 4,5% en tres años (300 millones de dólares menos).
Desprestigiar a los docentes y sus sindicatos
Una campaña de desprestigio de las y los docentes, “que siempre se oponen a los cambios” y además son “faltadores”, junto con el manejo de las cifras, hacen el “combo” perfecto para plantear a la gente la inevitabilidad de la reforma, porque el problema es el “asambleísmo” que conduce a los “palos en la rueda”. Desprestigian dos herramientas legales de participación: el Congreso de la Educación y las Asambleas Técnico Docentes. Con esos “fundamentos” imponen una reforma que ya tenían definida desde antes y se lleva adelante haciendo caso omiso a la opinión de los docentes.
En el diario El País del 8 de marzo de 2018, hay un reportaje a cuatro expertos de Eduy21, think tank recientemente disuelto pero que integraban el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; el presidente del Codicen, Robert Silva; y la directora de Políticas Educativas del organismo. En esa edición se describe con detalle lo que pensaban hacer en caso de tener el gobierno. Y lo han hecho. Lo de la consulta a las Asambleas Técnico Docente (ATD) es una formalidad que corresponde a lo que queda de la Ley 18.427. Lo que no pudo barrer la ley de urgente consideración (LUC). Por eso las ATD conocen documentos herméticamente cerrados. Además, los reciben poco antes de reunirse, sin los tiempos necesarios para su análisis. Aunque los docentes digan que ese no es el camino, se recorre igual, empecinadamente.
Se intenta desprestigiar a los trabajadores de la educación, pero especialmente se ataca a sus organizaciones sindicales, a las que se culpabiliza de todos los males. “Si alguien tiene miedo de enfrentar a los sindicatos, está frito”, porque “se llegó a un punto donde el sistema de bloqueos es fenomenal, por eso estamos como estamos”. “En Finlandia, la pelea con los sindicatos fue a cuchillo; no hay atajos, hay que confrontar”, transcribe el periodista de El País, citando a una de las expertas de Eduy21. Así, se desprestigia el aporte de los colectivos docentes, para luego ignorarlos. Porque, como dije, si se mira el reportaje al que me refiero, la propuesta estaba terminada a principios de 2018. Seguramente la habían cerrado antes.
Sin contar con la opinión de los docentes, los estudiantes y las comunidades educativas no es viable avanzar en educación. Por eso, la llamada “Transformación” tiene vida corta. De cualquier manera, revertir la situación requiere trabajar con cuidado, para no repetir los mismos errores que criticamos.
La nave y su timón
Avanzar en educación requiere una paciente construcción y mantener el rumbo por décadas, con los toques de timón necesarios para ir corrigiendo las desviaciones que se constaten. Los grandes virajes pueden poner en peligro la estabilidad de la embarcación, como en la situación actual.
Para poder planificar así, se requiere profundizar la autonomía, separando la educación de las urgencias político partidarias. Sólo una pequeña minoría de uruguayos negará el papel de la educación pública en la forja de nuestra democracia; he ahí la definición política de la discusión en torno a los temas pedagógicos. La democracia va de la mano de la laicidad: los sucesivos gobiernos deben alejarse de la tentación de influir sobre la formación de niños, niñas y adolescentes, lo que garantiza una preparación que permita participar en la vida democrática con libertad.
La autonomía de la ANEP, garantizada por el artículo 202 de la Constitución de la República, se ve resentida por la forma de elección de su directorio, el Codicen. Ata a tres de sus cinco miembros al ciclo del gobierno de turno, presionándolos para que “muestren” antes del nuevo proceso electoral cómo se cumplen las promesas de campaña, eliminando la posibilidad de trabajar con paciencia. Porque mejorar la educación requiere tiempo.
El artículo 203 de la Constitución habilita al Poder Legislativo para cambiar el criterio con el que se nombra a los Consejos Directivos de los servicios docentes que podrán ser “designados o electos”. Es hora de discutirlo, a los efectos de alejar a esos servicios de la presión partidaria a la que se ven sometidos.
¿Hay futuro?
¿Se pueden lograr consensos políticos y sociales para que la política educativa se pueda planificar con tiempo? Creo que la respuesta es afirmativa, pero se requiere otro clima político. La Ley 18.427, modificada en parte por la 19.889, tiene herramientas para lograrlo; los artículos 44 y 45 permiten convocar al Congreso Nacional de Educación, “que tendrá una integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación”. Ese instrumento permitirá elaborar una política educativa que mantenga el rumbo más allá del gobierno de turno y que garantice los recursos para lograrlo. Claro que eso requiere la voluntad de respetar la autonomía, asunto que, formalmente, nadie discute. La experiencia de la Universidad de la República demuestra que es posible funcionar con verdadera autonomía, más allá de los problemas presupuestales.
¿Se pueden lograr consensos políticos y sociales para que la política educativa se pueda planificar con tiempo? Creo que la respuesta es afirmativa, pero se requiere otro clima político.
El Congreso puede marcar las grandes líneas. Los planes y los programas, así como las posibles pequeñas correcciones al rumbo –los toques de timón–, corresponderán a los debates en el seno del sistema, que debería volver a tener consejos desconcentrados. El artículo 70 de la Ley 18.437 privilegia el papel de las ATD, que deberán jugar un papel fundamental. Y, sobre todo, recuperar la confianza en los docentes que siempre existió en Uruguay, sacando del desánimo a los trabajadores de la educación pública. El camino contrario al seguido por el gobierno.
Como dije, siguiendo este camino, con paciencia y rumbo, los frutos vendrán. Primero con lentitud, pero el proceso se podrá acelerar con el paso del tiempo.
Julián Mazzoni es consejero del Codicen de la ANEP, electo por el colectivo docente.