Es imposible planificar el desarrollo de un país en un ambiente de inseguridad, desconfianza y malestar de su gente. Y esta consecuencia es el resultado de gobiernos que manejan el tema de la seguridad por fuera del marco de las desigualdades, como señaló la socióloga especializada en el tema Lucía Dammert en Nueva Sociedad (2019).
El sociólogo Rafael Paternain señala en un artículo publicado en enero de este año en Brecha que “no hay datos o evidencias capaces de encerrar las complejas lógicas de la violencia: la expansión de las economías ilegales, las menguadas capacidades institucionales, la proliferación de armas de fuego, la violencia institucional que se ejerce en las cárceles o en las calles”. Y todo eso con poca atención de la población, salvo en los hechos más morbosos que se plasman en los informativos.
Dammert destaca en sus análisis que los gobiernos de izquierda han hecho cosas muy parecidas a los gobiernos de derecha en los últimos 30 años, porque si bien crearon programas sociales que tendieron a luchar contra las causas de la delincuencia, fueron muy limitados y poco profundos. Para colmo, estas pocas medidas son permanentemente agredidas política y mediáticamente en discursos demagógicos que construyen un sentido común punitivista, al decir de Paternain.
Es lógico que se recree ese ambiente que señalábamos de desconfianza y malestar, porque la ciudadanía no se percata de las diferencias entre las distintas propuestas de gobierno, ya que las policías siguieron siendo convocadas para reprimir, hubo leyes que aumentaron las penas y se siguieron llenando las cárceles.
Dammert señala los lineamientos que deberían tener las políticas que aspiren a mejorar la seguridad: 1) tomar el control civil de la Policía evitando la demagogia de la negociación por administrar los problemas; 2) potenciar los niveles de transparencia en el uso de los recursos públicos en todo lo que refiere al control de la prevención, oponiéndose con firmeza a la privatización de la seguridad y creando la regulación y las agencias de control para evitar el manejo interesado de las sensaciones de inseguridad; 3) rechazar el populismo punitivista por demagógico y enfrentar el cambio cultural de la población.
Las políticas de prevención son las que incorporan el estudio de los factores de desigualdad en la sociedad que potencian las amenazas que surgen de las tácticas y estrategias del crimen organizado.
Dammert señala que las políticas primarias de prevención son las que apuntan a crear espacios públicos más seguros, en buenas condiciones de mantenimiento e iluminados, pero estas medidas son paliativas.
Las políticas secundarias y terciarias de prevención son las que atacan los problemas en su gestación, son las que se desarrollan con acciones directas sobre las poblaciones más vulnerables: se acompaña a los niños y preadolescentes a los centros de estudio, se los introduce en actividades cotidianas que van modificando su vida diaria, se atiende a las poblaciones en situación de calle para ir logrando, en lo posible, recuperación de autoestima y de salud mental, se apoya a las mujeres y niñas que puedan ser sujetos de trata, se realizan formas de apoyo a las poblaciones migrantes pobres y existen prestaciones económicas de apoyo para lograr el mínimo de dignidad.
Cuidar a la gente desde la educación, la salud y las políticas de protección social es un desafío para la reforma de la gestión del Estado que nos involucra a todos y todas.
Los numerosos mercados ilegales integrados por organizaciones criminales transnacionales sólo pueden ser enfrentados en la vida cotidiana del territorio con políticas estatales que coordinen los esfuerzos entre los recursos del Estado y los de la sociedad civil y ciudadana.
Es por eso que la reforma de las formas de gestión del Estado es tan importante: la interinstitucionalidad es una herramienta fundamental para coordinar acciones con presupuesto coordinado de acuerdo a las metas y objetivos buscados para disminuir los problemas que aquejan a la gente con mayores vulnerabilidades.
Es una política que va más allá de la misión de los ministerios u otros organismos estatales, en la que las especificidades (etarias, de género, de educación, posición económica o funcionalidad física) deben ser integradas con conocimiento y formación sobre esas vulnerabilidades y barreras para la integración.
En definitiva, es una forma de gestionar “cuidando” a la gente en sus distintas características y es por eso que los organismos que estudian los problemas del desarrollo (el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, Unicef, ONU Mujeres y Cepal, entre otros) vienen proponiendo la integración de los sistemas de cuidados en la planificación de los sistemas de protección social de los países.
Uruguay lleva ventaja a otros estados de Latinoamérica por haber encarado esta política de forma integral en la última década. Cuidar a la gente desde la educación, la salud y las políticas de protección social es un desafío para la reforma de la gestión del Estado que nos involucra a todos y todas, y nos obliga a pensar cómo incorporamos, “cuidando”, a los hijos y familias de la multitud vergonzosa de presos, cómo protegemos a nuestras mujeres y adolescentes y a nuestros viejos y viejas, cómo resistimos los discursos demagógicos punitivos retomando una tradición cultural que no es de la izquierda (diría algún dirigente nacionalista) sino de la tradición batllista de que el Estado es el escudo de los débiles y que está tan arraigada en nuestra gente.
Para la reflexión de quienes se postulen para gobernar el país en este 2024.
Margarita Percovich fue legisladora del Frente Amplio.