“Porque no me llenan con cuatro mentiras / los maracanases que vienen del pueblo / a elogiar divisas ya desmerecidas / Y hacernos promesas que nunca cumplieron”, decía el poeta Serafín García en El Orejano. El saneamiento es uno de los tantos temas en los que este gobierno insiste en hacer promesas que nunca cumplió. Más aún, ni siquiera se ha iniciado.
Además de no cumplirlas, cuando profundizamos en el análisis, vemos que las evidencias y consecuencias son mucho más graves que el incumplimiento por varias razones. Antes de ir a las razones, parece necesario aclarar algunos conceptos y antecedentes.
Universalizar significa abarcar el universo. En este caso, universalizar el saneamiento implica abarcar a toda la población del país con el acceso a un sistema de saneamiento adecuado. Por supuesto que es un objetivo totalmente válido y además un derecho consagrado en la Constitución a partir de la reforma del Artículo 47 en 2004.
Ese es precisamente uno de los objetivos propuestos a 2030 en el Plan Nacional de Saneamiento aprobado por el Decreto 014/2020, en febrero de 2020, firmado por Tabaré Vázquez y elaborado por las distintas instituciones vinculadas al tema. Además, fue discutido en la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento con participación de la sociedad civil y la academia. El plan propone una estrategia progresiva para atender a todos, con distintas soluciones según la densidad de viviendas por manzana, con una gobernanza articulada con todos las instituciones involucradas y un esquema de financiamiento necesario.
Universalizar el saneamiento en el interior del país, como prometieron, significa darle una solución de saneamiento al 50% de esa población que aún no tiene servicio de OSE, o sea, a poco más de un millón de habitantes.
Las promesas
La promesa con que ilusionaron a la mitad de la población del interior fue brindarle el servicio en este período de gobierno como justificación para aprobar mágicamente su realización por medio de una iniciativa privada (promovida por el propio gobierno), que además asegurara un cuantioso paquete de obras, con sus proyectos y beneficios adicionales incluidos.
La realidad y el discurso (una realidad paralela)
A la fecha, la porfiada realidad demostró lo evidente: ni un metro de colector se ha realizado aún, lo que era evidente que no iban a cumplir, teniendo en cuenta los tiempos necesarios de planificación, relevamientos, proyectos y ejecución, tal como advertimos en 2021.
Sin embargo, la propaganda oficial de OSE y algunos intendentes nacionalistas se empeñan en anunciar y arrogarse el inicio de la universalización del saneamiento como si fuera una nueva realidad que este gobierno alcanza.
El inicio de la universalización del saneamiento es un concepto tan vago como incoherente, pero, en todo caso, desconoce el avance alcanzado desde el inicio de la construcción de la red Arteaga en Montevideo, la primera red de saneamiento en Latinoamérica desde 1856.
Incluso el propio candidato a presidente, Álvaro Delgado, en su spot de campaña y en su sitio web, ya considera la universalización como un logro del gobierno, cuando ni un metro de colector se ha instalado.
La promesa inicial fue “universalizar” el saneamiento por medio de una iniciativa privada, considerando 124 ciudades del interior de más de 2.000 habitantes (lo que ya de por sí no es universalizar, sino pasar del 50% al 88% del interior). El costo estimado era de más de 1.000 millones de dólares y la promesa fue rápidamente recortada, aunque siguen llamándola erróneamente “universalización”.
En 2023 la promesa se redujo a intervenciones parciales en 61 localidades mediante 55.000 conexiones (cerca de 160.000 habitantes del millón que aún no tiene acceso a las redes), con un costo de 380 millones de dólares. De esta manera, se pasó del 50% al 60% del interior del país, donde la única oferta válida (la del Consorcio) alcanzó los 580 millones de dólares, con un financiamiento parcial de Fonplata en cuatro etapas para los próximos cinco años, comenzando por 17 localidades en una primera instancia.
El plan de universalizar pasó de una promesa de campaña a un eslogan de gobierno, y a un plan de obras cada vez más acotado, al que le siguen llamando "universalización”, aunque cada vez tiene menos de universalización y más de incertidumbre y negocio de unos pocos, y todavía no hay ni un metro de caño colocado.
Hoy la realidad del acceso a las redes de saneamiento en el país es casi la misma que hace cinco años. En el interior cerca del 50% de la población no tiene acceso a las redes de saneamiento y en Montevideo queda aún el 15% sin acceso, en este caso, a cargo de la Intendencia, aunque para el gobierno la capital no está entre sus objetivos, y cuando puede frenarlo, así lo ha hecho.
Las inversiones anuales en saneamiento realizadas por OSE en el período han sido cada vez menores. El nivel de ejecución anual de saneamiento, en lugar de avanzar hacia la universalización, ha disminuido, enfocado en un discurso fuera de toda realidad. Se ha frenado el nivel de inversión y abandonado inversiones ya proyectadas y comprometidas, dejando áreas sin servicio, con plantas de bombeo y de tratamiento ociosas, sin redes de saneamiento conectadas.
La cantidad de conexiones anuales a la red de saneamiento es cada vez menor y las que se realizan son gracias a obras hechas en períodos anteriores.
El propio candidato a presidente, Álvaro Delgado, en su spot de campaña y en su sitio web, ya considera la universalización como un logro del gobierno, cuando ni un metro de colector se ha instalado.
En Ciudad del Plata se proyectaron redes de saneamiento, vialidad y drenaje de pluviales, en 2018, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 20 millones de dólares. Se construyeron algunas redes, pozos de bombeo y la Planta de Tratamiento por seis millones de dólares. Pero en 2022 se bajó el programa y se devolvieron 14 millones de dólares al BID del resto de los fondos, lo que dejó infraestructura ociosa y las aguas servidas en la calle.
Allí no fueron las autoridades de OSE ni el intendente a recorrer y avisarles a los vecinos que ya tenían proyectos y recursos comprometidos, pero que no se van a realizar y que las aguas servidas seguirán estancadas.
En el proyecto integral de Ciudad de la Costa, que ha cambiado la calidad de vida de miles de ciudadanos de la zona, también se cancelaron recientemente obras de saneamiento en ejecución con el BID, derivando los fondos para obras de agua potable.
También se postergaron préstamos con el BID para el saneamiento de las ciudades prioritarias y más grandes, como La Paz, Las Piedras y Progreso, que concentran más de 100.000 habitantes con una cobertura de sólo 18%.
Lo que sí parece haberse consolidado es el contrato de obras de OSE para el interior del país, por cerca de 580 millones de dólares, a pagar en los próximos 20 años, de una manera totalmente inconveniente, con múltiples incertidumbres, y un handicap del 12% del precio para el consorcio de cuatro grandes empresas del sector (Teyma, Fast, Saceem y Ciemsa), que nos consta que limitó la competencia y agregó sobrecostos.
Tal como se concluyó en el último congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el jueves, que permitió conocer mucha información del sector, este período estuvo pautado por una demanda importante de consultorías sin definiciones claras ni tiempos razonables para su realización, ni procesos de decisión sólidos, ni políticas públicas definidas.
El resultado
En síntesis, las grandes promesas terminan reducidas a un desproporcionado contrato con el consorcio de cuatro empresas por los próximos cinco años, sostenido con alfileres, que difícilmente se pueda llevar a cabo, a pesar de la disminución de las metas a menos de la cuarta parte de lo prometido, con proyectos inciertos, sin prioridades definidas, y con precios sobredimensionados.
Además de un pésimo negocio para el Estado, este accionar atenta contra la credibilidad del país con las empresas internacionales, destruye la competencia en el sector de la construcción y la consultoría nacional, y desperdicia una buena oportunidad de fortalecer los equipos técnicos de las empresas e instituciones del sector, cada vez más necesarias para atender los desafíos por delante.
Por último, es necesario destacar que más allá de la universalización del saneamiento prometida, lo importante es su concreción para mejorar la calidad de vida de la gente que está viviendo en condiciones inaceptables, comprometiendo la salud y el ambiente.
Las alternativas
Cabe destacar una medida que contó con la unanimidad de los legisladores al aprobar la Ley 20.241, a fines de 2023, a efectos de que el Poder Ejecutivo otorgue un subsidio a OSE por hasta 30 millones de dólares por año, a partir del ejercicio 2028 y por hasta un plazo máximo de 16 años, para contribuir al financiamiento del saneamiento.
Realmente sería una buena noticia si la inversión comprometida se realizara en el marco de la planificación institucional aprobada, con las prioridades claramente establecidas mediante criterios racionales, con licitaciones competitivas y transparentes, en lugar de promover iniciativas privadas con definiciones inciertas, decisiones apuradas, carentes de criterios y que vuelven a priorizar a las intendencias amigas, como en las peores épocas del organismo.
Este gobierno tuvo la oportunidad de revisar y actualizar el Plan Nacional de Saneamiento e implementarlo como una política de Estado, a partir de sus definiciones e instituciones, fortaleciéndolas, y avanzar realmente en el acceso al saneamiento con un camino cierto. Pero eligió ignorarlo, quizás por soberbia o por prejuicios e ilusiones sobre iniciativas privadas que, sin duda, no son el mecanismo idóneo para la planificación del saneamiento.
Daniel Greif es ingeniero civil, máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos. Fue director nacional de Aguas (2015-2020) y presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (2010-2015).