Daniel Greif

La causa de la crisis es la sequía que viene sufriendo el país, pero también la debilidad del gobierno y de la institucionalidad encargada del servicio de agua potable para enfrentarla, para prepararse.

La iniciativa contraviene el artículo 47 de la Constitución, donde se establece que “el servicio público de saneamiento será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

En estas dos décadas la regulación pasó de ser el caballo de Troya en el que se escondía la privatización de las empresas públicas a constituir un soporte clave para la construcción de políticas públicas.

El discurso del ministro de Ambiente dice priorizar el agua, pero en los hechos, en las distintas direcciones del ministerio, OSE e Inumet se recortan inversiones, gastos y recursos humanos.

Pese a la creación de un Ministerio de Ambiente, en los hechos el Estado verá reducida notoriamente su actividad en los temas ambientales, y sus tareas de control y fiscalización quedarán relegadas, a pesar de que los desafíos son cada vez mayores.

En la práctica, el nuevo ministerio quedará debilitado y actuará en función de la producción y de los grupos privilegiados más que del ambiente, con el propósito de que este no sea un escollo ni una traba.

La LUC implica el desmantelamiento de políticas del Estado de bienestar desde épocas batllistas y de pronunciamientos claros de la ciudadanía a través de plebiscitos.