La culminación de un período de gobierno ofrece una oportunidad para analizar la realidad educativa de la administración saliente. Este ejercicio permite evaluar logros y fallas recientes, además de identificar desafíos y oportunidades para el próximo gobierno. La educación es clave para el desarrollo social y económico, por lo que requiere atención constante más allá de los ciclos electorales, para garantizar un futuro con mayor equidad y calidad en Uruguay.
La gestión educativa de este gobierno se caracteriza por cuatro grandes áreas. Primero, ha habido un ataque sistemático a la educación pública y a sus actores, especialmente al cuerpo docente. Segundo, un freno en la inversión educativa, acompañado por problemas de gestión económica que han resultado en una subejecución presupuestaria sin precedentes. Tercero, la gestión educativa ha presentado fallas, afectando la asignación de horas docentes, la creación de calendarios y la comunicación con las comunidades educativas. Por último, se ha impuesto una transformación educativa que desconoce las tradiciones exitosas del país, implementada en contra de la opinión de docentes y estudiantes.
El ambiente de confrontación comenzó con sumarios y sanciones a docentes, como la suspensión de 14 profesores en San José y la creación de una comisión parlamentaria para investigar licencias presuntamente irregulares de integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Esto, sumado a otras destituciones, ha generado miedo y malestar en la comunidad educativa.
El recorte presupuestario ha impactado en dos áreas clave: infraestructura y salarios. La inversión en infraestructura ha caído notablemente, con muy pocos centros educativos nuevos construidos, la mayoría ya presupuestados en gestiones anteriores. Además, la transición hacia centros educativos de tiempo completo o extendido requiere una infraestructura más robusta, que no ha sido atendida adecuadamente. En cuanto a los salarios, los docentes han perdido más de 45 jornales de trabajo debido a la reducción salarial.
Si bien existe consenso en que la educación uruguaya necesita una profunda reforma para enfrentar los desafíos del mundo actual, no se puede borrar el legado histórico que ha sido motivo de orgullo. La gobernanza del sistema educativo ha sido debilitada desde la aprobación del artículo 156 de la ley de urgente consideración, que desintegró los consejos en los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, reduciendo la participación y coordinación clave para la educación pública.
La transformación educativa promovida por el gobierno ha generado alta conflictividad con sindicatos docentes y gremios estudiantiles. La falta de espacios participativos y la opacidad en la elaboración de planes han exacerbado las tensiones. Incluso figuras del propio gobierno han manifestado su descontento, criticando la falta de transparencia y colaboración. La ausencia de una asignación presupuestal en la última Rendición de Cuentas, junto con una propuesta de reasignación de fondos que afecta a la infraestructura educativa, son evidencia del fracaso de esta política, que ha perdido respaldo tanto en la opinión pública como dentro del propio gobierno.
Este enfoque ha tenido un impacto negativo en la cobertura educativa, especialmente en la educación media básica. En 2018, Uruguay había alcanzado una cobertura casi universal en este nivel, pero para 2023, más de 2.000 estudiantes menos que la cohorte etaria están inscritos, lo que indica un retroceso en inclusión y retención. En bachillerato tampoco se ha logrado avanzar hacia una cobertura universal.
Los resultados educativos también han mostrado un aumento en la inequidad en los aprendizajes, especialmente durante la pandemia. La brecha entre estudiantes de contextos favorables y desfavorables ha crecido, y el 66,2% de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel 3 en matemática. La sensación de inseguridad en los centros educativos ha empeorado, afectando especialmente a los estudiantes más vulnerables.
Es fundamental generar las condiciones para establecer un gran pacto educativo, involucrando tanto a los sectores políticos como a los diversos actores sociales y comunitarios.
El ataque constante al cuerpo docente y la caída relativa de los salarios han desalentado la carrera docente, lo que ha resultado en una reducción de 5.000 estudiantes en la formación docente, de los cuales 4.000 corresponden al profesorado. Esto representa una disminución de aproximadamente el 20% de la matrícula, en contraste con el crecimiento sostenido en décadas anteriores.
Finalmente, las metas educativas del gobierno no se han cumplido. La promesa de fortalecer los centros educativos como comunidades de aprendizaje, ampliar la cobertura en la primera infancia y extender el tiempo pedagógico en barrios vulnerables no se ha materializado. Además, la formación dual y otras modalidades para promover la igualdad de oportunidades no han recibido el apoyo necesario. La profesión docente ha sido debilitada por la falta de reconocimiento universitario y los recortes en el presupuesto para las Asambleas Técnico Docentes.
En resumen, el análisis de la gestión educativa de este gobierno revela importantes deficiencias en inversión, en gestión y en la relación con los actores clave del sistema educativo. Las políticas implementadas han generado un clima de confrontación, afectando la calidad educativa y desalentando la carrera docente, mientras que los resultados educativos muestran un preocupante aumento de la inequidad. La próxima administración deberá enfrentar estos desafíos y buscar una reforma educativa que no sólo aborde las necesidades actuales, sino que también respete el legado y las tradiciones que han hecho de la educación pública uruguaya un pilar del desarrollo social.
Para llevar adelante los desafíos que la educación plantea, es imperativo revalorizar y promover la formación docente como una carrera de prestigio. La creación de una Universidad de Educación debe ser una prioridad para asegurar una formación de calidad que permita a los docentes ser protagonistas en la construcción de políticas educativas fundamentadas en la investigación y en la articulación con las comunidades educativas. En este sentido, la Universidad de Educación no sólo garantizará la excelencia en la formación, sino que se convertirá en el principal espacio de análisis y reflexión sobre la realidad educativa del país, uniendo la teoría y la práctica.
La labor docente es la función primordial en los centros educativos, y esta se vio gravemente afectada por el aumento excesivo de tareas administrativas arbitrarias que la actual administración asignó en el contexto de la transformación educativa. Esto debe cambiar; no podemos permitir que nuestros docentes se vean sobrecargados con tareas que poco tienen que ver con su rol pedagógico, desgastándolos y generando climas de apatía y descontento en los centros educativos.
El acompañamiento a las familias que ya forman parte del sistema de educación pública, así como a aquellas que comienzan a transitarlo, es fundamental, especialmente para quienes, debido a su situación socioeconómica, corren el riesgo de alejarse o caer del sistema al verse obligadas a dedicar su tiempo a cubrir sus necesidades básicas. Por esta razón, debemos reforzar el sistema de becas, que ha sido gravemente afectado por esta administración, que redujo en un 20% el número de apoyos económicos entregados a estas familias, que necesitan el respaldo del Estado para poder permanecer en el sistema educativo.
Asimismo, es fundamental ampliar la cobertura de los centros educativos de tiempo completo. Estas instituciones no sólo aseguran una mayor equidad en el acceso a la educación, sino que también proporcionan un entorno seguro y estimulante para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad. La construcción y fortalecimiento de estos centros debe verse como una inversión estratégica para romper el ciclo de pobreza y construir una sociedad más justa. El ejemplo de las anteriores administraciones del Frente Amplio, que priorizaron la creación de escuelas de tiempo completo, debe ser retomado y ampliado para que ningún niño o niña quede fuera del sistema educativo.
Para enfrentar todos estos desafíos, el próximo gobierno debe tener claro que este es un camino que no puede recorrerse en solitario. Por lo tanto, es fundamental generar las condiciones para establecer un gran pacto educativo que involucre tanto a los sectores políticos como a los diversos actores sociales y comunitarios.
Agustín Mazzini es diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.