Políticas públicas de promoción y fomento de la literatura en Uruguay

Editar

Una investigación realizada en el marco de la Maestría de Políticas Culturales de la Universidad de la República (Udelar) indicó que las políticas públicas para el sector del libro, la lectura y la literatura fueron, en el llamado período progresista y en particular en el quinquenio 2015-2020, extremadamente pobres en cuanto a alcance y efectividad.¹ El trabajo señala además la falta de correlación entre los propósitos declarados, que hacían de la ampliación de los derechos culturales uno de los objetivos centrales, y la ausencia o falta de continuidad de las políticas de circulación o promoción orientadas hacia barrios o localidades distantes de las centralidades culturales preexistentes.

La investigación incluyó consultas, entre otros, a autores ganadores de los premios nacionales y de las becas Fefca durante el período. La amplia mayoría de los consultados expresaron su disconformidad con las políticas públicas para el sector y afirmaron la existencia de un vacío en la materia.

En cuanto a los premios nacionales, la investigación consideró el desempeño de los premios de Letras del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Onetti que otorga la Intendencia de Montevideo. El trabajo estudió los acervos de cuatro bibliotecas del interior del país, Maldonado, Paysandú, Rivera y Rocha, y tres de la capital, emplazadas en Sayago, Unión y Buceo. Además tuvo en cuenta la Biblioteca País del Plan Ceibal.

La mayoría de los autores premiados en el período no se encontraban disponibles o se encontraban sólo de manera limitada en las bibliotecas relevadas: en promedio, el 35,75% de los autores se encontraban en los respectivos catálogos, y los porcentajes oscilaban entre el 18% de autores presentes en la biblioteca de Rocha, contra el 58% disponible en Maldonado. La biblioteca digital del Plan Ceibal contaba al momento de efectuar la muestra con el 46% de los autores premiados disponibles. En el caso de Montevideo −si se recorta la muestra sólo a los ganadores del premio Onetti−, mayoritariamente los autores galardonados no se encontraban disponibles.

Por otro lado, los números resultaron diferentes al compararlos con la presencia en bibliotecas de los autores más vendidos.² Allí el 58,75% formaban parte de los respectivos catálogos.

En lo relativo a legislación y normativa, la investigación señala que la Ley del Libro −15.913, aprobada en 1987− no cuenta con plena aplicación. En particular no se implementaron los mecanismos de crédito allí previstos, no hubo estímulo a la edición de obras de autores nacionales ni acciones en el marco de esa norma hacia el fortalecimiento de las bibliotecas públicas. Tampoco funcionó la Comisión Nacional del Libro, para el asesoramiento, desarrollo y ejecución de la política nacional, prevista por la norma.

En lo que respecta al marco institucional, la investigación subraya la no existencia en el período considerado de un ámbito institucional específico encargado de la formulación de las políticas públicas para el sector. El anterior Instituto del Libro, órgano creado por la Ley del Libro, había dejado de funcionar en 1995, y es recién en 2020 que se crea el actual Instituto Nacional de Letras (Inlet).

En materia de eventos −festivales o ferias− durante el período considerado solamente cuatro ferias anuales lograron continuidad en el tiempo, en Montevideo, San José y Maldonado. En el caso de la FIL Montevideo, el rol organizador es asumido en solitario por la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), la programación es planificada a partir de las propuestas de las respectivas empresas presentes como parte de la CUL y los apoyos de entidades de gobierno o educativas solo se expresan en su participación en algunas escasas actividades, pero no en la toma de decisiones respecto a los contenidos de la feria.

La Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José, y su evento asociado la Bienal de Poesía, ha sido organizada por la Intendencia de San José y cuenta con el apoyo de la CUL y el MEC. Cuenta con el respaldo, además, de fondos privados y tuvo una fuerte sinergia con entidades educativas del departamento, localizando en ellos parte de la programación.

En relación a las bibliotecas públicas, se tomó como referencia el Censo Nacional de Bibliotecas efectuado en 2021. El estudio incluyó una pregunta acerca de los usuarios activos por cada centro e información acerca de la actualización de los acervos. Los guarismos más bajos fueron presentados por Artigas, con veinte usuarios activos, un 0,03% de la población, que era de 73.377 según los datos de 2011. Le seguían Cerro Largo, que informaba 60 usuarios, el 0,07% de la población, que era de 84.698 habitantes, y Rivera, que contaba con 95 usuarios en una población de 103.473 habitantes, el 0,99% de la población.

Montevideo contaba con 5.094 usuarios, lo que para una población de 1.318.755 implicaba el 0,39% de la población. Sólo cinco departamentos indicaban números de usuarios activos por encima del 2% de la población respectiva: Soriano, Colonia, Paysandú, Flores y Maldonado. A nivel nacional, el promedio de usuarios activos en relación a la población era de 1,96%.

Respecto a las políticas de renovación, las de Montevideo, Maldonado y Rocha señalaron la no existencia de actualizaciones del acervo en los tres años previos al estudio.

Otro aspecto considerado por la investigación, en este caso a partir del trabajo Relevamiento de instituciones e infraestructuras culturales del Uruguay,³ es la relación de bibliotecas por habitante. Tomando en cuenta en este caso el total de bibliotecas públicas, populares o comunitarias, así como las dependientes de entidades ajenas a lo gubernamental, el relevamiento señaló que Río Negro era el departamento con mayores recursos: contaba con 16 bibliotecas, lo que implicaba una cada 3.423 habitantes.⁴ En Montevideo había 211 bibliotecas, una cada 6.250 habitantes.

Según el relevamiento, las bibliotecas son el equipamiento cultural que cuenta con mayor proporción respecto al total de la población: una cada 6748 habitantes.

En cuanto al Plan Nacional de Lectura (PNL),⁵ del relevamiento de datos y documentos surge que sus acciones en el período fueron limitadas en cuanto a alcance territorial y públicos participantes. Del examen de su formulación de objetivos y teniendo en cuenta el alcance efectivamente logrado, surge que no existió correlación entre los propósitos y las acciones y proyectos implementados.

En cuanto a recursos presupuestales, en el caso de Montevideo en 2019 la dotación asignada para compra de libros fue de $ 300.000. En dos de las bibliotecas consideradas, Paysandú y Rivera, no hubo compra alguna. En estas, y además en Maldonado, la donación es un mecanismo usado para el incremento de los acervos. En los casos donde sí se indicó la existencia de compras, estas no contaron con una norma o protocolo.

Respecto al presupuesto del Estado nacional para las políticas culturales, considerando sólo los datos del MEC, con base en datos de 2019,⁶ la Dirección Nacional de Cultura (DNC) tuvo asignado el 11,86% del presupuesto del ministerio. El 17,01% fue asignado al Sodre, que tiene responsabilidad sobre salas y elencos estables de danza, orquesta y coro, todos radicados en la capital del país. Al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan)⁷ le fue asignado ese año el 10,56 %, la Biblioteca Nacional participó con un 2,81 % y Centros MEC con 1,64 %, en todos los casos respecto al total del MEC.

Según la Cuenta Satélite en Cultura del Uruguay (CSC) de 2012,⁸ el sector del libro tenía una participación en el PIB nacional del 0,04%. El porcentaje resultaba la mitad respecto al correspondiente al sector audiovisual. El sector del libro ocupaba en 2012 un total de 1.239 trabajadores, lo que suponía el 13,4 % del total en el sector cultural.

En cuanto a apoyos a la creación literaria, teniendo en cuenta premios nacionales y los Fefca, el Estado nacional dispuso en 2019 de $ 2.494.000. Ello hizo −considerando sólo esos rubros− un total de US$ 66.171 destinado al sector del fomento de la literatura en concepto de premiaciones y becas. A modo de referencia, ese mismo año el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) contó con US$ 793.079 y el conjunto de los fondos asignados al Instituto del Cine y el Audiovisual −ICAU, actual Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay− fueron US$ 1.065.959. El Sodre contó ese año con US$ 23.018.301.

Las conclusiones

La investigación concluye que, en los programas de democratización del acceso a la vida cultural desarrollados en el ciclo progresista en Uruguay, los proyectos de fomento y promoción de la literatura han sido laterales y de escasa continuidad.

Resulta ilustrativa la ausencia de promoción de los autores que el propio gobierno nacional o departamental distingue con sus premios literarios. Por otro lado, resulta significativa la escasa presencia de acciones de promoción de la literatura en los programas de descentralización prioritarios del período, Centros MEC y el Programa Esquinas de la Intendencia de Montevideo (IM).

La mayoritaria ausencia de obras de autores premiados por el propio Estado en las bibliotecas públicas es un fuerte indicio de que tanto los premios como los fondos concursables específicos no contaron en el período considerado con estrategias orientadas a la ampliación de públicos lectores y construcción de audiencias.

No hubo en el período fondos o convocatorias concursables que tuvieran por objeto la renovación de los acervos de las bibliotecas públicas. A la vez no han existido −o han sido excepcionales y discontinuos− proyectos de circulación o programación itinerante de lecturas o presentación de autores en ciudades del interior o en barrios de Montevideo.

A diferencia de las ferias internacionales de Guadalajara o Buenos Aires, o del Festival de Poesía de Rosario, que apoyan sus alcances y continuidad entre otras cosas en un diseño organizacional normatizado y plural en cuanto a su composición, la FIL de Montevideo es organizada en solitario por la CUL, la programación es resultado de las propuestas de cada empresa editorial o distribuidora y sólo lateralmente hay contenidos planteados desde actores como el MEC o la IM.

En lo relativo a las bibliotecas públicas, se carece de norma, recomendación o similar que establezca criterios para la organización de las adquisiciones de libros. Esto cuestiona el acceso lector en condiciones de bibliodiversidad, coloca a los acervos de las bibliotecas como espejos replicadores de las preferencias lectoras pautadas por el mercado y no colabora con la sostenibilidad de la industria editorial nacional.

Durante el período estudiado no se contó con fondos específicamente destinados a promover eventos o festivales del sector literario o editorial. Al respecto −más allá de que sí existieron apoyos particulares y caso a caso a ferias del libro locales o a festivales promovidos por productores o instituciones no gubernamentales−, se entiende como una debilidad de la política pública la no existencia de programas concursables con un adecuado marco de institucionalidad y permanencia.

El trabajo se apoya en George Yúdice,⁹ quien defiende lo que considera políticas de innovación, entendiendo por tales no sólo las orientadas hacia las industrias culturales, sino las dirigidas a “aquellos sectores demográficos dejados por fuera de la política cultural: los grupos pobres, racializados o marginalizados fuera de los grandes centros metropolitanos”.

La investigación concluye planteando algunos objetivos y líneas de acción que podrían ser consideradas para el diseño y formulación de políticas públicas para el sector:

a) Fortalecer la institucionalidad del sector del libro y la lectura.

b) Desarrollar sinergias que impliquen relacionamiento y dinámicas comunes a los diversos actores del ecosistema literario.

c) Garantizar la participación de la ciudadanía y de quienes habitan en el territorio, más allá de dónde residan, cuáles sean sus trayectorias educativas o escalas de ingreso.

d) Promover el desarrollo de circuitos o corredores para la circulación a través de ciclos, lecturas, presentaciones u otras actividades de promoción de la literatura.

e) Apoyar y promover la realización de eventos literarios, encuentros, ferias o festivales.

f) Reformular el diseño del sistema de bibliotecas públicas dotándolas de políticas de adquisiciones con atención en la literatura nacional y latinoamericana, y superando el modelo conservacionista que sigue hasta ahora primando en esos equipamientos.

g) Avanzar en estrategias que desarrollen proyectos editoriales y de promoción y difusión en las diversas plataformas, redes y formatos digitales y audiovisuales.

h) Desarrollar sistemas de evaluación e indicadores que agreguen a los clásicos de públicos o de consumo, otros que consideren el retorno social de las políticas públicas, teniendo en cuenta factores como la “diversidad cultural, social y económica de las audiencias”, así como “la distribución de la densidad de las actividades e instituciones entre los centros y las periferias”, entre otros.¹⁰

Las políticas de descentralización y desconcentración en la cultura no sólo deben ser vistas como necesidad de fortalecer el tejido social y dar voz a quienes no la tienen, sino como oportunidades para la creación de audiencias para las industrias culturales.

La disociación y ausencia de diálogos entre las políticas hacia las centralidades y las desarrolladas en barrios o zonas periféricas, aun cuando estas se formulen con el propósito de poner en valor las expresiones culturales locales, puede tener como resultado el afianzamiento de las inequidades, el riesgo de pronunciar la guetización de las prácticas de consumo y creación artística y cultural.

Luis Pereira Severo es especialista en Gestión Cultural de la Universidad de la República.