El 18 de marzo, desde estas páginas, escribíamos sobre el rol del Estado y el derecho al trabajo de las personas vulneradas y vulnerables. Concluíamos que es necesario contar con políticas públicas específicas de empleo que garanticen el derecho al trabajo y reseñábamos algunos ejemplos: reparación de veredas; fabricación de bloques, baldosas, ticholos y ladrillos; recuperación de materiales de construcción de obras civiles; apalancamiento de viveros existentes; cuadrillas de poda, jardinería y chipeado; unidades de compostaje, plantaciones de árboles nativos y no nativos; ferias permanentes y no permanentes de venta de bienes usados de todo tipo; y aprovechamiento para alimentación humana y animal de frutas y verduras de diversos orígenes que hoy van a la basura.
En esta oportunidad señalaremos otro ejemplo, sumando a la población vulnerable a aquellas personas que hayan cometido un delito que no amerita prisión por el daño causado, en parte las que hoy quizás reciben como pena realizar un trabajo comunitario. También sería una oportunidad laboral para personas liberadas. Vale aclarar que siempre estamos hablando de trabajo voluntario, no forzoso, como reclama algún sector político de la coalición de gobierno, algo que existe en varios países.
Un dato nada menor a considerar es que durante esta administración de gobierno la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) pasó de depender del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, algo que debemos considerar una mejora sustancial desde el punto de vista institucional y político a los efectos de viabilizar propuestas que permitan mejoras en los trabajos de rehabilitación y apoyo de personas que han sido liberadas.
Si bien el presupuesto con que actualmente cuenta la Dinali es extremadamente bajo, existe la posibilidad de que se incremente y el desafío de articular con intendencias y otros organismos del Estado para crear emprendimientos que no sólo generen dinero y riqueza, sino que además cumplan una función de educación, capacitación e inclusión social.
Nuestro Estado cuenta con bienes muebles e inmuebles, recursos humanos y a su vez es un gran generador de residuos por los cuales debe pagar para deshacerse de ellos. A partir de esto es posible innovar, recurriendo a quienes tienen experiencia en algo similar a lo que se propone, por ejemplo –por nombrar sólo a una persona–, Jaime Saavedra, hoy trabajando en Argentina, quien entre otras responsabilidades importantes estuvo al frente del Polo Industrial del ex Comcar y la propia Dinali, implementando de forma parcial esta iniciativa. Más allá de que él asuma o no un cargo, sin conocerlo, no me cabe duda de que compartiría su experiencia y conocimientos.
La propuesta concreta que planteamos consiste en crear un emprendimiento económico con un alto contenido social, priorizando a una población que si bien puede tener características diferentes entre sí, por alguna razón puede converger en un espacio común.
Esta empresa tendría entre sus objetivos principales comercializar objetos y materiales recuperados y vender servicios, pero sería además un ámbito educativo, de creación de hábitos de trabajo en algunos casos, de aprendizaje de algún oficio, un espacio de socialización.
En esta oportunidad enunciaremos un ejemplo concreto de lo que es posible llevar adelante, o bien desde la Intendencia de Montevideo o bien desde el gobierno nacional, mediante una figura jurídica que bien puede ser un fideicomiso u otra. La recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos, además de ser un negocio, podría transformarse en un centro de capacitación y rehabilitación.
La recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos, además de ser un negocio, podría transformarse en un centro de capacitación y rehabilitación.
Una de las fracciones crecientes y voluminosas de residuos son los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo heladeras, termotanques, cocinas, microondas, ventiladores, lavadoras, televisores, celulares, equipos de música, impresoras y tablets.
Si la Intendencia de Montevideo impulsara esta propuesta, no arrancaría de cero: alcanzaría con escalar el proyecto denominado Montevideo Integra, el que funciona en un predio municipal donde durante décadas se incineró parte de la basura montevideana. Actualmente se derivan para allí desechos eléctricos y electrónicos que fundamentalmente los vecinos diariamente descartan.
Si bien se trata de residuos que históricamente todas las intendencias del país recogen de modo gratuito, cabe decir que en los países avanzados en materia de legislación ambiental esto no ocurre. Productores, importadores y consumidores deben hacerse cargo, pagando por su descarte.
Hace años que el Ministerio de Ambiente tiene un decreto a estudio sobre estos residuos, el que estaría pronto para su aprobación. Sin temor a equivocarme, digo que él favorecerá fundamentalmente a unas pocas y grandes empresas gestoras de residuos no ferrosos, como por ejemplo Werba, que ya ha colocado en inmensos galpones ubicado en las inmediaciones de Cochabamba y Felipe Cardoso un cartel con la inscripción: “Primera planta de gestión de residuos eléctricos y electrónicos del Uruguay”.
Los monopolios privados, lejos de ser buenos para la economía, distorsionan el mercado al punto de que luego se debe recurrir a disputas legales y leyes para frenar la explotación y los precios abusivos.
Si el Estado no actúa fuertemente, siendo un agente económico más, si no oficia como escudo de los pobres, si no genera empleo para los más desprotegidos, si deja negocios en manos privadas cuando es él quien está en mejores condiciones de hacerlo, si no rehabilita al vulnerado, entonces jamás superaremos la fragmentación social en la que vivimos.
Estamos convencidos de que el rol de un Estado innovador, propio de nuestra mejor historia como país, puede ser la clave para resolver los problemas del presente y el futuro.
Jorge Solari es edil de Montevideo por El Abrazo, Frente Amplio.