Yoli
Yolitzin tiene 17 años, vive en el estado de Guerrero y trabaja de gomera. Los gomeros son campesinos dedicados a la cosecha del opio que se extrae de las cápsulas de la planta de la amapola. La leyenda dice que las cápsulas sangran goma como presagio de las muertes que vendrán cuando la adormidera, como también se conoce a esta planta, se convierta en mercancía del crimen organizado.
Yolitzin o Yoli, como le decían cariñosamente sus padres, vio con sus propios ojos la extorsión, la tortura y el asesinato, en ese orden, de sus progenitores. Ellos fueron víctimas de un grupo delictivo de la región guerrerense dedicado, principalmente, a proveer goma de opio a una organización criminal transnacional originaria de Guadalajara. Los asesinos se encargaron de enterrar los cuerpos a cinco metros de profundidad en algún lugar de la tierra caliente de Michoacán, donde las temperaturas veraniegas alcanzan los 50 grados Celsius. Yoli y sus cinco hermanos no se despidieron de los cuerpos de sus padres, no pudieron llorarlos ni realizar los tradicionales rituales mortuorios de su cultura. No pudieron, no los dejaron, y a nadie le importó.
Para la estadística, los padres de Yoli están desaparecidos. Para los hijos, fueron asesinados dos veces: en la primera les quitaron la vida, y en la segunda les quitaron la dignidad. El mensaje es claro: ellos, los débiles de poder, están absolutamente desprotegidos y el negocio criminal es lo único que importa.
Nachito
Ignacio o Nachito, como le decían sus amigos del colegio hace cuatro décadas, es un contador cincuentón fiel devoto de su fe. Trabaja en el bufete que fundó su abuelo Pedro, exactamente 87 años atrás. El estudio brinda todo tipo de servicios nacionales e internacionales para grandes empresas, grupos de inversión y particulares de clase alta.
Para los trabajitos non sanctos Ignacio recurre a Juan, un contador independiente de bajo perfil, de la barra de amigos. No es un acto de generosidad entre afectos, son negocios. El estudio de Ignacio necesita de juancitos que hagan tareas que generen algún tipo de incertidumbre y, también, el trabajo sucio. A Juan le gusta aclarar que no todo trabajo sucio es ilegal y tiene razón en eso. Algunas operaciones son permitidas por la ley y fueron impulsadas por la política económica de corto, mediano y largo plazo. Aunque parezcan o sean ilegítimas para la fe y la ética del común de la gente, se cuenta con el respaldo de la norma. Pero claro, lo que Juan no dice es que a menudo estas leyes son creadas y aprobadas por personas de poder, como Ignacio y Pedro, formando un círculo virtuoso de protección de los intereses de la élite del poder.
Un día llega a la oficina de Ignacio un empresario argentino acompañado de un abogado uruguayo en representación de los intereses en América del Sur de un grupo económico mexicano con casa matriz en Estados Unidos. El grupo tiene la intención de invertir una millonada de dólares en el sector de la construcción. Seducido por el proyecto y también por sus honorarios, pero desconfiado del relato del empresario porteño, Ignacio le encarga a Juan hacer todo lo necesario para viabilizar la inversión.
Juan comienza a montar la estética empresarial (plan de negocios, página web, etcétera). Activa una de las tantas sociedades anónimas (SA) que tiene creadas hace décadas, una cuya biografía estuvo vinculada al rubro de la minería ilegal y luego al negocio de la soja hasta que en el puerto de Barcelona le detectaron tres toneladas de cocaína en un contenedor que salió de la terminal portuaria de Montevideo. Luego, compromete por unos pocos dólares a dos jubilados y a un joven contador balín para que formen parte de la SA como presidente, vicepresidente y tesorero. Juan tuvo el recaudo de no colocarse como titular de la SA, algo que hace en otras ocasiones para ahorrarse los mangos que les tiene que dar a los prestanombres. Aunque el dinero llegará a Uruguay por el sistema bancario, sospechaba que algo grande e ilegal había por detrás de esos millones de dólares. Una vez identificados los testaferros, Juan paga el peaje para abrir una cuenta en dólares y otra en pesos uruguayos en la sucursal bancaria de su confianza. En medio de todo esto, terceriza el estudio de debida diligencia a la firma de su cuñado para cumplir con la ley y atajarse de potenciales juicios.
Ignacio y Juan se sienten protegidos, por eso lo hacen. La ingeniería legal les permite erigir una estructura de disimulo que, si bien no tiene la efectividad de la década de 1990, sigue dando sus frutos. Todo juega a su favor: el sistema de prevención de lavado de dinero descansa significativamente en los privados (Ignacio, Pedro, Juan y otros de buena fe); faltan saberes especializados en la persecución criminal (especialmente en la Policía); las investigaciones serias son limitadas por la cantidad de recursos humanos que necesitan y los tiempos largos que demanda la complejidad del delito; la represión es nula o ridícula para el daño que causan y no disuade el delito futuro; la voluntad y el compromiso político, técnico y burocrático ignoran la dimensión del peligro y/o lo protegen por diversas razones; y la percepción de riesgo del lavado de dinero está por el suelo.
Yoli y Nachito
El grupo económico mexicano con sede central en Estados Unidos invirtió una decena de millones de dólares americanos en otra decena de edificios en Montevideo y Punta del Este. La inversión dejó a todos contentos: movió la economía, dio empleo, contribuyó a la renovación del paisaje arquitectónico y aportó un granito de arena a la satisfacción de los votantes del partido de gobierno de turno. Por eso, nunca faltan gobernantes que prefieren cortar cintas y dar la espalda a descubrir que la organización criminal transnacional de Guadalajara, a la que sirve el grupo delictivo del estado de Guerrero que asesinó y desapareció los cuerpos de los padres de Yoli, lavó dinero en el país. Esto fue posible por medio de la corrupción pública y privada. Fue factible porque se pagaron sobornos, hubo extorsiones y lobby, mucho lobby, para promover los intereses de particulares e influir en las decisiones políticas y administrativas que permitieron mover capital de gran envergadura de una a otra punta del hemisferio americano.
La conexión entre una campesina mexicana y lavadores de dinero uruguayos muestra que estamos ante un fenómeno de redes criminales transnacionales que conecta a poderosos con débiles de poder. Mientras los primeros protegen el capital y cuentan con privilegios de marcialidad, los segundos están desnudos de protección. Mientras los delitos de cuello blanco se disocian de la sangre derramada del negocio criminal que colaboran a generar y disfrutan de las ganancias ilegales que les deja, los otros tienen vidas breves en su intento de sobrevivir y, en algunos casos, de emular a las celebrities del crimen.
Los protectores del capital
A Ignacio y Juan poco les interesa saber la verdad. No buscan respuestas a preguntas del estilo de quién es el verdadero titular del dinero, en qué actividades económicas se generó el dinero invertido, etcétera. Ellos creen que el dinero es neutral, no tiene nombre y apellido. Prefieren no saber si están lavando, pero si se enteran de eso activan el mecanismo neutralizador y se convencen de la pulcritud de sus acciones. Reza el refrán que, así como los herreros desconocen si los cuchillos que forjan se usan para cortar una tira de asado o apuñalar una persona, ellos no son policías para averiguar si con la estructura de negocios que edifican se contribuye a legitimar dinero sucio o al desarrollo del país.
Los representantes del grupo inversor mexicano acudieron a Ignacio porque la renta criminal se lava con quien previamente se sabe que ofrece y tiene buena reputación en brindar estos servicios. En otras palabras, el dinero se lava con los protectores del capital. Por esa razón, el sistema de prevención de lavado de dinero basado en sujetos obligados y sus reportes de operaciones sospechosas funciona poco y nada en la detección del lavado de activos. Solamente a un improvisado actor irracional se le ocurriría buscar lavar dinero con quien desconoce que ofrece ese tipo de servicios.
Los protectores del capital son colaboradores directos o forman parte de las organizaciones criminales que generan los problemas de violencia letal y cruel que tenemos en el país y en la región. También brindan servicios a las empresas nacionales y transnacionales que ocasionan problemas de corrupción política y de inestabilidad democrática. En otro episodio de la falsa excepcionalidad uruguaya, el país les ha dado la espalda a los graves problemas que ha dejado el caso Odebrecht para el Estado de derecho, sus instituciones y la credibilidad de la política en democracia tras 20 años de corrupción a gobernantes y altos funcionarios, en más de 14 países de la región, donde participaron varios protectores del capital uruguayo.
Respuestas adaptativas
La historia de Yoli e Ignacio no es auténtica, pero sucede. La experiencia nacional e internacional sobre el lavado de dinero, la corrupción y las drogas ilegalizadas está plagada de estos casos. La historia cumple una función pedagógica, sirve para explicar de qué se tratan estos delitos, cuál es la complejidad y por qué el lavado de dinero y la corrupción dañan tanto como el mercado ilícito de drogas a la sociedad y la democracia.
Lo narrado permite dar pie a desarrollar la respuesta adaptativa de la política pública criminal al problema presentado. En otras palabras, cómo se distribuyen los controles, las vigilancias y los castigos en el lavado de dinero y los negocios criminales alrededor de las drogas. Tras más de cuatro años de gobierno de la coalición multicolor, se tiene evidencia suficiente sobre las direcciones recorridas.
Uno de los mojones a considerar, del cual se habla poco, es que el 5 de marzo de 2021 el Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la Fiscalía General de la Nación resolvió que la matriz de priorización de delitos esté compuesta por la investigación y persecución del abigeato, el microtráfico de drogas y la violencia sexual y no comercial hacia niñas, niños y adolescentes. La matriz de priorización desconsideró los delitos de cuello blanco (como el lavado de dinero y la corrupción privada) y los delitos de drogas de mediano y gran porte. La fuerza del Estado se orientó hacia los delitos de tráfico de drogas al menudeo. Por algo, trabajando para el indicador, el gobierno ha insistido hasta el cansancio en asociar el éxito de su gestión con el “cierre” de sitios de expendio de droga (las populares bocas).
Lavado de dinero
La ley de urgente consideración (LUC) resulta ineludible para responder la interrogante planteada. Es el lineamiento general, fáctico y simbólico más importante del gobierno. No es un dato menor que la sección de seguridad pública haya ocupado el 25% del total de los artículos presentados. En materia de lavado de dinero, los que saben del tema (oficialistas, oposición e independientes) concuerdan con que la LUC fue un retroceso en materia de prevención y control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También fue un retroceso cultural, ya que la fiscalización y la persecución administrativa y penal de una sospecha, irregularidad o delito necesita de una percepción de riesgo alta que estimule el compromiso y la voluntad política, técnica y burocrática.
En los días previos a la aprobación de la LUC, el máximo permitido para el pago y la entrega de dinero en efectivo en toda operación o negocio jurídico era 4.152 dólares (40.000 unidades indexadas). Actualmente, en mayo de 2024, el umbral está en 150.612 dólares (1.000.000 de unidades indexadas), 36 veces más que en julio de 2020.
Con esta flexibilización, los líderes de grupos delictivos locales ya no necesitan aplicar estrategias de lavado a pequeña escala (hormiga o pitufeo). Una linda casa, un auto de alta gama y un comercio se compran con menos de 150.000 dólares calientes manchados de sangre y sin dejar huella digital en operaciones financieras electrónicas. Los medianos y grandes del negocio criminal tienen que esforzarse un poco más para lavar, pero mucho menos que antes de aprobarse la LUC.
Parece evidente que la respuesta adaptativa de la política pública criminal del gobierno al problema de la criminalidad en drogas y lavado de dinero ha sido, en la generalidad, distribuir los controles, las vigilancias y los castigos hacia los delitos de los débiles de poder. En particular, las mujeres de clase baja –que, por cierto, ya cargan con varias desigualdades estructurales encima– han sido las principales afectadas. Nada sustantivo se ha hecho contra los poderosos en los negocios criminales de las drogas ilegalizadas y el lavado de dinero, tampoco en la corrupción.
La ley también flexibilizó los procedimientos investigativos de debida diligencia de los titulares de los activos y el origen de estos cuando se trata de transacciones que utilizan medios de pago electrónicos. Lo hizo bajo la ilusión (o la protección) de que la bancarización es infalible y dando la espalda a los numerosos casos internacionales (FinCEN Files, Swiss Leaks, LuxLeaks, entre otros) y nacionales (varios bancos, si no casi todos y en distintas épocas) donde los bancos se ven envueltos en escándalos de corrupción, lavado de dinero, estafas, sobornos, crisis económicas, etcétera.
En abril de 2022, la Fiscalía y el gobierno acordaron la creación de una Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero para todo el país. La fiscalía comenzó a funcionar el 1º de febrero de 2023 para investigar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos precedentes cuando el monto supera los 180.734 dólares (1.200.000 unidades indexadas). O sea, la nueva fiscalía (conformada por un equipo de tres abogados) atiende casos por encima de la modificación que hizo la LUC para el pago y entrega de dinero en efectivo en toda operación o negocio jurídico (150.612 dólares o 1.000.000 de unidades indexadas).
En criollo, los grupos delictivos domésticos, más o menos organizados, que generan una parte considerable de la violencia letal y cruel en los territorios, no son extensamente alcanzados por la novel fiscalía. Ahora, si bien se pierde la oportunidad de mitigar y desarticular grupos criminales locales sin, a priori, disparar una sola bala, el umbral parece dirigirse a capturar los delitos de los poderosos. Pues en la letra sí, pero en los hechos no. Dicen los que saben (oficialistas, oposición e independientes) que sobran los dedos de las dos manos para decir los casos de lavado de dinero que se detectaron en este gobierno y de eso, claro está, no es únicamente responsable la nueva fiscalía antilavado.
Drogas ilegalizadas
La LUC trazó el camino que luego siguió la matriz de priorización de delitos de la Fiscalía contra los delitos menores de drogas. Se suprimieron medidas sustitutivas a la privación de libertad para algunas sustancias (cocaína y pasta base); se aumentaron las penas de penitenciaría para varios delitos comprendidos en la, mal llamada, ley de estupefacientes; se excluyó el régimen de reducción de pena por trabajo y estudio para delitos de drogas ilegales.
A su vez, la LUC intensificó la criminalización, sin distinción de condiciones sociales de vida, a los delitos de sustancias psicoactivas que se cometen en el ámbito del hogar y en diversos establecimientos públicos (como la cárcel). Esto impactó directamente, en buena medida, en las mujeres solas a cargo del cuidado de sus hijas e hijos, y en mujeres amenazadas para introducir y revender drogas para pagar deudas suyas o de otros.
El crecimiento de la prisionización de las mujeres fue tal que, casi cuatro años después de la LUC, el gobierno reconoció la gravedad de la situación en el cuarto ciclo de revisión del Examen Periódico Universal sobre la situación de los Derechos Humanos en Uruguay. La Rendición de Cuentas de 2023 intentó paliar esta situación, a sabiendas de que se venía la revisión antedicha, bajando la carga del reproche penal en la tentativa de cometer un delito de drogas en las inmediaciones o dentro de las cárceles.
Llama la atención –o no– que el crecimiento sustancial de los delitos de drogas detectados por el Estado no haya traído aparejado un aumento en la detección de los casos de lavado de dinero. No hay delito con botín económico que no tenga que lavar la renta criminal generada para poder usarla en el mercado. Evidentemente, algo está fallando y/o no se está haciendo correctamente. Los delitos con fines económicos necesitan, sí o sí, legitimar las ganancias ilegales. Para que se entienda la dimensión del asunto: ni en el 1% de los 2.500 delitos de drogas imputados por la Justicia entre 2020 y 2021 se encontró lavado de dinero.
Agarrar la brújula
Con todo lo dicho, parece evidente que la respuesta adaptativa de la política pública criminal del gobierno al problema de la criminalidad en drogas y lavado de dinero ha sido, en la generalidad, distribuir los controles, las vigilancias y los castigos hacia los delitos de los débiles de poder. En particular, las mujeres de clase baja –que, por cierto, ya cargan con varias desigualdades estructurales encima– han sido las principales afectadas.
Nada sustantivo se ha hecho contra los poderosos en los negocios criminales de las drogas ilegalizadas y el lavado de dinero, tampoco en la corrupción. Esto no puede ser un error de diagnóstico; abunda la evidencia sobre dónde radica la fuerza de estos mercados ilícitos y no son precisamente las personas que cometen delitos de débiles de poder que pueblan nuestras cárceles los que echan a andar la maquinaria del crimen. Ello no quiere decir que por esta razón los débiles de poder queden eximidos de responsabilidad penal, no. Pero mientras estos ya son castigados, los poderosos gozan de impunidad y siguen amasando fortunas en los mercados ilícitos al mismo tiempo que son una de las principales amenazas de los estados de derecho democráticos y republicanos.
Es hora de agarrar la brújula y girar el timón.
Gabriel Tenenbaum es profesor adjunto con dedicación total al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar). Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es investigador nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Coordina junto a Nilia Viscardi el grupo de investigación “Violencias, juventudes y criminalidad en América Latina” de la FCS de la Udelar. Su campo de estudio es la sociología de las violencias y la criminalidad.
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