La oposición está empeñada en cuestionar de antemano los resultados del diálogo sobre protección social y sus aún no presentadas recomendaciones al Poder Ejecutivo. Es una actitud política muy poco constructiva, agravada porque la elección de blancos para las críticas soslaya o tergiversa los temas centrales.

La semana pasada, poco después de la ofensiva contra una imaginaria intención de estatizar y expropiar a las administradoras de fondos de ahorro previsional, comenzó otra, contra la idea de no condicionar el cobro de asignaciones familiares.

No es un debate novedoso. Las políticas para revertir los efectos de la crisis de 2002 tuvieron al comienzo una buena recepción, pero luego hubo una fuerte controversia pública sobre su continuidad. Fuera y dentro del Frente Amplio, hubo quienes insistieron con que se exigieran “contraprestaciones” de las transferencias monetarias: en el caso de las asignaciones familiares, la asistencia a clases asidua de la población infantil y adolescente.

Aquella arremetida declaraba dos objetivos centrales: presionar para que la población adulta con menores a cargo se ocupara de su educación y, en términos más generales, evitar que se “fomentara la vagancia” instalando una relación asistencialista, con dependencia del Estado a cambio de nada.

Estos argumentos, vinculados con un relato más amplio contra las políticas sociales, contribuyeron a frenar el desarrollo de la protección social y la tributación redistributiva. Ahora se reiteran y los de la otra parte siguen siendo más atinados, sobre todo a partir del consenso partidario para darle prioridad a la reducción de la llamada “pobreza infantil” (que sería más claro llamar “pobreza de hogares en los que hay población infantil”).

Un poco de historia

Las asignaciones familiares, ideadas en Europa en los comienzos del siglo XX, fueron originalmente un apoyo a las familias trabajadoras, como complemento de los ingresos laborales insuficientes para mantener a hijas e hijos. En Uruguay se incorporaron a la legislación desde los años 40 de ese siglo, con la misma intención. En 1999 se extendieron “a todos los hogares de menores recursos” y en 2005 fueron potenciadas por las primera políticas del Ministerio de Desarrollo Social. Su existencia implica un aporte del Estado para aliviar, modestamente, los efectos de la desigualdad social en la población más vulnerable.

Sin duda, es deseable que en los hogares receptores de esas transferencias de dinero se cuide a la población infantil y adolescente, entre otras cosas mediante la asistencia a centros educativos, pero las asignaciones familiares no son una beca de estudios, sino una herramienta genérica para mejorar un poco el bienestar de esa población.

Cuando el cuidado es deficitario, el Estado debe ocuparse de que mejore, pero tanto desde el punto de vista conceptual como en la experiencia práctica, nacional e internacional, la suspensión de las transferencias es una medida poco eficaz, con el grave inconveniente adicional de que empeora la situación de vulnerabilidad.

Un poco de coherencia

Por otra parte, hay un sesgo evidente en el cuestionamiento a las transferencias “sin contrapartida”. A la gente con ingresos medios y altos que paga el impuesto a la renta de las personas físicas se le reduce ese tributo si tiene hijas o hijos, sin controlar que vayan a centros de estudio. La desconfianza y el intento de disciplinamiento se dirigen solo a la población pobre.

Esto último fue señalado por el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, en una nota que la diaria publicó el 24 de junio de 2017. Arim apuntó también en aquella ocasión que según Jan Tinbergen, ganador junto con Ragnar Frisch del primer premio Nobel de Economía, “utilizar un instrumento para varios fines lleva a inconsistencias en los resultados”, de modo que es crucial “identificar el instrumento más eficiente para cada uno de los múltiples fines de las políticas públicas”. Por lo tanto, sostuvo, no es acertado emplear las asignaciones familiares con un doble fin de protección social y fomento de la asistencia al sistema educativo.

El lunes, en la diaria Radio, el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, comentó que en 2024 la suspensión de asignaciones familiares causó el regreso al sistema educativo de unas 300 personas, mientras que en 2025 la iniciativa de tomar contacto con las familias para convencerlas logró el retorno de más de 3.000. La evidencia es contundente, y caben pocas dudas de que los resultados serán aún mejores en la medida en que se afronten, simultáneamente, problemas de alimentación, salud, cuidados, trabajo, seguridad y vivienda que contribuyen al ausentismo, junto con las propias condiciones de los centros educativos.

Por último, los amplios acuerdos para privilegiar las políticas contra la “pobreza infantil” no condicen, por cierto, con la penalización de los núcleos familiares a los que deben dirigirse tales políticas. Si el alivio de la pobreza se condiciona a otros objetivos, obviamente deja de ser prioritario.