El diálogo sobre el sistema de protección social convocado por el Poder Ejecutivo está llegando a su fin, que es solo el principio de una nueva iniciativa reformista. No es posible prever hoy los resultados, que dependerán en gran medida de un Parlamento donde el oficialismo no es mayoría, pero sí están claros algunos de los grandes problemas a resolver. La cuestión es en qué medida se avanza con una orientación estratégica acertada o se aplican nuevos parches transitorios.

El pasado que vuelve

En abril de 2025 comenzaron las actividades preparatorias del Diálogo Social, lanzado a mediados de julio del mismo año, y desde entonces hubo conversatorios en todo el país, seminarios y reuniones con representantes de una amplia diversidad de organizaciones, al tiempo que se recibían aportes en la Plataforma de Participación Ciudadana Digital.

Todo lo antedicho fue sistematizado como insumo para la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, integrada por delegados estatales, partidarios (pero sin la participación de los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana) y de los actores sociales más representativos. Se prevé que este mes el Poder Ejecutivo reciba un documento redactado por esa comisión, que dará cuenta de acuerdos, diferencias y matices.

Solo el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley en la mayoría de los temas abarcados por el diálogo y no está obligado a mantener sus propuestas. Cuando presente iniciativas, empezará el tratamiento parlamentario y es probable que haya modificaciones de importancia.

La temática es amplia y abarca desde la protección a la infancia hasta los regímenes jubilatorios, pasando por el sistema de cuidados, pero la cuestión clave del financiamiento en las dos últimas áreas se trasladó a otro proceso de diálogo, referido a la elaboración de una estrategia nacional de desarrollo y lanzado ayer.

Por ahora, la atención del sistema partidario y de los medios de comunicación está centrada en la reedición de polémicas acerca de la reforma jubilatoria aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou y la propuesta de reforma constitucional sobre seguridad social impulsada, sin éxito, por el PIT-CNT y parte del Frente Amplio. Una vez más se discuten, sobre todo, asuntos vinculados con la edad mínima de retiro y con las administradoras de fondos de ahorro previsional(AFAP) creadas en 1995. En particular, la idea de acotar su tarea a la inversión de los aportes, dejando el manejo de las cuentas personales y la relación con las personas aportantes a cargo del Estado.

Desde el PIT-CNT, esto último se evaluó como un importante avance hacia la eliminación de las AFAP, planteada en la propuesta de reforma constitucional que se plebiscitó en octubre de 2025; desde la oposición y desde las propias AFAP, como un desconocimiento del resultado de aquella consulta popular. No se trata de ninguna de las dos cosas y tampoco de un cambio relevante para hacerles frente a los problemas de fondo.

En la encrucijada

La baja tasa de natalidad, el aumento de la expectativa de vida, la existencia de un vasto sector con bajas remuneraciones y los cambios tecnológicos se combinan para socavar el equilibrio entre ingresos y egresos para la protección social. Un buen sistema, con prestaciones adecuadas para toda la población, será cada vez menos sustentable con los aportes de las personas en actividad (que ya son muy altos) y los del sector patronal (ya muy reducidos).

Esto sucede en general y también en el caso particular del sistema jubilatorio, donde el componente de ahorro individual solo puede ser significativo para una minoría con ingresos altos o muy altos. La situación se agravará con el paso de los años y más aún con reformas cortoplacistas, como la que se aprobó en 2023, sin agregar nuevas fuentes de ingresos y procurando paliar en forma transitoria el desequilibrio con un reducción de los egresos estatales (entre otras cosas, mediante el aumento de la edad mínima de retiro), en perjuicio de la población trabajadora.

Con miras al futuro, lo central no es defender o combatir el negocio de las AFAP ni alentar esperanzas vanas de capitalización individual mediante inversiones de riesgo, sino alcanzar dos objetivos que se potencien entre sí. Por un lado, un crecimiento económico sostenido, sostenible y sustancialmente mayor. Por otro lado, un rediseño integral del sistema tributario, que elimine exoneraciones injustificadas y apunte a una mayor potencia redistributiva a costa de las grandes fortunas, las ganancias empresariales y el uso de tecnología que sustituye al trabajo humano.

Esta perspectiva conduce, en forma inevitable, a que la protección social, y dentro de ella el sistema jubilatorio, sean políticas públicas conducidas por el Estado, y en última instancia a que la percepción de prestaciones se independice del aporte individual, del mismo modo en que la renta básica universal independizaría los ingresos personales del trabajo. El otro camino hacia el mundo que viene es de desigualdad y desamparo crecientes, lucha despiadada e inviabilidad de la democracia.