A nueve meses de su lanzamiento en el Auditorio del Sodre, en una noche de julio en la que solo se presentaron Nicolás Olivera (Partido Nacional) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) como representantes de la oposición, el Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de seguridad social está llegando a su fin. Se prevé que el documento definitivo se presente públicamente el próximo martes 28 de abril, en la víspera del acto por el Día Internacional de los Trabajadores.

Hasta entonces, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), organismo coordinador del espacio de intercambio, no se realizarán “declaraciones ni aclaraciones sobre trascendidos”, según señalaron a la diaria desde el gobierno.

Según adelantó Subrayado, uno de los cambios en consideración establece el retiro de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) del manejo de las cuentas personales de ahorro individual y establece que solo podrán administrar los portafolios de inversión. Desde la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, integrada por delegados del gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales, confirmaron a la diaria que esto forma parte del documento, si bien puntualizaron que “todavía se está redactando esa parte”.

Sin embargo, este eventual cambio ya se analizó —y se aprobó “por amplia mayoría”— en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, que el sábado se reunió para considerar, entre otros temas, los resultados preliminares del Diálogo Social.

A través de una resolución, a la que tuvo acceso la diaria, el PIT-CNT definió, en primer lugar, que en el espacio de intercambio “no se han desarrollado las condiciones para un acuerdo de carácter general”, entre otras cosas, “porque la discusión de un nuevo paradigma contributivo” —esto es, el financiamiento de la seguridad social— “continuará en el marco del Diálogo Social hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo”.

A continuación, en la resolución se enumeran determinados “avances” que, desde el punto de vista de la central sindical, se registraron en el Diálogo Social, los cuales “son importantes para la vida de múltiples compatriotas y que se constituyen en conquistas de nuestra clase”. Lo primero es definido como un “cambio estructural del sistema mixto de seguridad social”, y es justamente la “desvinculación de las AFAP de la administración directa”.

En segundo lugar, se destacan los cambios previstos para la edad de retiro. “Todas y todos vamos a tener la libertad para jubilarnos a los 60 años de edad, si así lo decidimos: un tercio del total de jubilables con ingresos superiores a los anteriores a la Ley 20.130 [reforma jubilatoria, aprobada en 2023], y dos terceras partes con incentivos negativos en la tasa de reemplazo para incentivar la postergación del retiro”, se señala en la resolución. Esto supone que aquellos trabajadores que han tenido una trayectoria salarial más baja, así como tareas físicas más desgastantes, podrán acceder a una mejor tasa de reemplazo, que será inferior para el resto de los trabajadores, promoviendo de este modo la postergación de la edad de retiro.

Por otra parte, se apunta que se eliminará el plazo para el reconocimiento de años de servicios anteriores a 1996 que marcaba la Ley 20.130.

Con respecto a las jubilaciones mínimas, según la central sindical, “se va a tender a la no licuación del suplemento solidario”, en referencia al complemento de las pasividades más bajas, que, de acuerdo a la última reforma jubilatoria, puede ajustarse por el índice medio de salarios o por el índice de precios del consumo.

En cuanto a las transferencias para la primera infancia, en la resolución se consigna que en algunos casos las mismas se duplicarán e incluso triplicarán. En materia de cuidados, en tanto, “se tenderá a la universalidad y se analizará una financiación propia”. También se ampliarán las licencias paternales.

Con referencia al “trabajo por cuenta propia”, el documento final del Diálogo Social contendrá modificaciones para extender “derechos”, como, por ejemplo, el subsidio por desempleo. Asimismo, se prevé la implementación de una “prestación mínima” para las personas mayores de 70 años que “no tengan ningún ingreso de ninguna clase”.

También “se eliminará el recorte del derecho a jubilarse por incapacidad física si hay causal común”, el cual “fue impuesto por la Ley 20.130”.

Por último, en la resolución se subraya que el financiamiento tanto del sistema nacional de cuidados como del sistema de seguridad social se discutirá en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuyo lanzamiento será el miércoles a las 12.30 en la Torre Ejecutiva.

El PIT-CNT también resolvió que “no cesará en la lucha por conquistar todos los aspectos que garanticen una seguridad social universal, solidaria y sin lucro”. De todos modos, la central sindical valoró “los avances conquistados, que renuevan nuestras energías para organizar la lucha por todo lo que falta” y apuntó que, dado que “estos avances se deben sustanciar en resoluciones, decretos y leyes, el movimiento sindical actuará para que se concreten en las herramientas normativas todos los avances mencionados”.

El documento definitivo será elaborado por el Poder Ejecutivo, en conjunto con el resto de los integrantes del Diálogo Social. Todavía se están ajustando algunos detalles de la redacción, por lo que las valoraciones que hizo la central sindical en su resolución podrían tener alguna variación.

“Nosotros, como Frente Amplio, estamos muy conformes”

Estela Ovelar, representante de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), en la Comisión Ejecutiva, no ve con “malos ojos lo que salió de acuerdo”. En diálogo con la diaria, Ovelar puntualizó que el documento definitivo será una recomendación para el Poder Ejecutivo, que posteriormente deberá elaborar decretos o presentar proyectos de ley para reformar el sistema de seguridad social. “Ahora que todo va a pasar por la instancia del Senado, de Diputados, el [Poder] Ejecutivo va a tener la última palabra”, añadió.

Ovelar señaló que la baja de la edad de retiro que se plantea se ajusta a las pretensiones de la Onajpu. Con relación al cambio previsto para las AFAP, apuntó que “no elimina el lucro, pero contribuye a bajarlo”. “Vemos que por lo menos son señales claras”, resaltó. Asimismo, la delegada de Onajpu llamó a “seguir discutiendo” en las próximas instancias el principal tema pendiente: el financiamiento, un aspecto en el que, a su entender, “quedó con sábana corta”.

Por su parte, la diputada Sol Maneiro, representante del Frente Amplio (FA) en la Comisión Ejecutiva, dijo a la diaria que “todos los temas” que el gobierno propuso en el Diálogo Social “estaban dentro del programa” de la fuerza política. “Nosotros, como Frente Amplio, estamos muy conformes, no solo con el proceso del diálogo, sino con el contenido que el Poder Ejecutivo va a dar a conocer la próxima semana”, manifestó.

Al igual que Ovelar, Maneiro puntualizó que, una vez presentado el documento definitivo, el Poder Ejecutivo prepara un conjunto de iniciativas y, posteriormente, comenzará “el proceso legislativo”. En ese sentido, apuntó: “Vamos a ver cómo armamos la estrategia para que lo que venga sea breve”. “Esto es una recomendación que se hace al Poder Ejecutivo; después el Poder Ejecutivo es el que tiene que sintetizar eso en políticas públicas”, subrayó.

El senador del FA Gustavo González, en tanto, dijo a la diaria que, en principio, “estaría muy satisfecho” con los cambios que se están evaluando para las AFAP. González, dirigente del Partido Socialista –uno de los principales impulsores del plebiscito de octubre de 2024–, destacó que en este tipo de espacios de diálogo hay que “llegar a algo”, aunque apuntó que su posición sigue siendo la eliminación del lucro en la seguridad social.

La propuesta para las AFAP “es claramente un retroceso”

En diálogo con la diaria, Sebastián Peaguda, presidente de la Asociación Nacional de AFAP, que nuclea a las tres administradoras privadas que operan en Uruguay –Itaú, Sura e Integración–, señaló que el planteo de quitar a las AFAP del manejo de las cuentas personales de ahorro individual “no es muy diferente a lo que ya se había dicho originalmente”, por parte de algunos actores, antes y durante el Diálogo Social.

No obstante, consideró que asumir que este cambio “se va a terminar ejecutando”, a su modo de ver, “parece aventurado”. En ese sentido, recordó que en el período pasado la reforma jubilatoria original que, en su momento, el entonces presidente Luis Lacalle Pou llevó en mano a la sede del FA, sufrió incontables modificaciones antes de ser aprobada en el Parlamento. “Todo esto tiene un recorrido”, resaltó.

Con todo, Peaguda sostuvo que la medida “es claramente un retroceso” y advirtió que “no hay un número que sustente” el cambio. Señaló que, como argumento para la modificación, se ha manejado “una retórica donde va a haber eficiencia, o sea, que el Estado va a lograr mayores eficiencias que las empresas en competencias”. “¿Para qué quiero cuatro empresas si puedo hacerlo con una sola institución, que va a ser más eficiente? Eso es lo que se ha dicho, [que es] totalmente contraintuitivo con lo que vemos en la realidad”, expresó.

Asimismo, sostuvo que, con base en estimaciones de las AFAP, este cambio conllevaría en los hechos “un aumento de jubilación del 1%”, mientras que, a través de otros planteos, las pasividades podrían tener “un impacto de más del 15%”. En el marco del Diálogo Social, las AFAP propusieron, entre otras cosas, “ampliar el menú de inversiones y permitir una mayor exposición a renta variable internacional” para “diversificar el fondo de ahorro previsional” y, al mismo tiempo, “lograr un mayor retorno esperado”.

En vista de estos porcentajes, Peaguda preguntó: “¿Cuál es el mérito de hacer esto, que supone un cambio radical, porque la población dijo que el ahorro individual no tenía que cambiar en el plebiscito, con una interpretación que no le genera ningún beneficio a las personas?”. “Este diseño en el cual se sitúa esta separación entre lo que es la gestión de los fondos, de la gestión de la cuenta individual, nos parece inadecuado, nos parece que está mal diseñado”, subrayó.

Entre las “consecuencias negativas” que tendría el cambio, mencionó la “capacidad de tomar decisiones” por parte de las personas; por ejemplo, “si esta AFAP no me gusta cómo me atendió, me cambio; si esta AFAP está mal en rendimiento, me cambio; es decir, puedo tomar un montón de decisiones”, que a partir de este cambio “las perdería todas y quedaría solamente en manos del Estado”.

“Tener a las AFAP como gestoras de inversión separadas de lo que es la persona física no funciona. Las AFAP no están hechas para darle servicio al Estado; están hechas para darle servicio a las personas, para aislar el patrimonio individual de esas decisiones del gobierno que pueden no necesariamente estar priorizando ese largo plazo que necesita la persona”, remarcó.