Amenazas en los baños en liceos y en escuelas: “Van a morir todos”, un suceso viral, una situación social. Una sentencia contra un joven que intentó terminar con el sufrimiento familiar, que por la violencia recurrente que ejerció su padre contra él y sus hermanas terminó matándolo, y esa condición de parricidio es el agravante para su condena, pero la misma justicia no toma el hecho de violar a su hija y torturar a su hijo como agravante. ¿Cómo deberíamos llamar eso? Le da tres años por abuso al padre, y al parricida, 12 años. Un adolescente es asesinado por su padre contra el cual había denuncias, pero un error (horror) administrativo y de interpretación no evitó que el señor lo matara (quiero ver cuál es la sentencia contra el señor).

En Uruguay las estadísticas dicen que los suicidios en la población de entre 20 y 24 años ocupan el segundo lugar entre los grupos de edad, ubicando a nuestro país en el primer lugar en América Latina, y los intentos de autoeliminación van en aumento en la población adolescente. Se habla de planes y estrategias, se habla de cuidar. En Uruguay existe una ley de salud mental que pone el foco de atención en el primer nivel de salud, pero a la hora de derivar jóvenes y adolescentes que se atienden en el sistema público no se encuentran las respuestas acordes. Hay que esperar entre tres y seis meses para ver un psicólogo o un psiquiatra (el sistema mutual también colapsa y tarda lo mismo). Los actores del sistema de salud en territorio aluden a la falta de recursos humanos.

El hospital psiquiátrico de referencia en Montevideo no tiene suficientes psiquiatras ni camas para casos de emergencia. En la ley de presupuesto de 2025 se quiso hacer pasar solapadamente la modificación de dos artículos de la ley de salud mental, dando pasos gigantescos hacia atrás, extendiendo el plazo para cerrar los hospitales psiquiátricos y habilitando la internación en ellos, prolongando la estigmatización y la exclusión. Cuando se intenta coordinar acciones entre el sistema educativo y el sistema de salud, en las diversas policlínicas lo que se ofrece es atención una vez por mes con psicólogos, lo que no es suficiente para atender las demandas y realizar procesos terapéuticos eficientes.

También soy testigo, por trabajar en la educación media pública y no formal desde hace más de 15 años, de que en las zonas periféricas, en el este de la capital y en el interior, el repliegue de las políticas de cercanías en el período 2020-2025 se consolidó mediante recortes, y muchas familias y los referentes familiares no cuentan con las herramientas, recursos materiales ni recursos emocionales para acompañar las trayectorias educativas, dejando a los jóvenes y las jóvenes a merced de redes de narcotráfico, trata de personas, consumo problemático y conflictos con la ley.

Con esto no descubro la pólvora, pero hago necesaria la catarsis para denunciar la inoperancia estatal y la falta de “voluntad política” para atender las situaciones que desbordan y terminan con amenazas en baños, con suicidios, con aumento de la delincuencia y la captación de adolescentes para el crimen organizado (narcotráfico). Gurises que luego probablemente terminen en situación de calle por falta de oportunidades.

Hoy nos asustamos por una tendencia viral. Pero los pibes no se bancan más el estado de las cosas y al Estado en su ausencia, la poca respuesta institucional, la violencia cotidiana a la que están sometidos.

Hay jóvenes en los que se encarna la violencia en medio de la negligencia estatal para atender de una vez por todas las diversas situaciones que pasan en el cotidiano de la gente de a pie, la clase trabajadora que aporta, paga impuestos y confió en un gobierno progresista (que de progresista le queda poco y nada), un mundo adulto que descarga en las adolescencias y las culpabiliza o minimiza sus demandas y necesidades.

Pero no me quiero quedar en la queja, porque hay caminos posibles. El asunto es que las autoridades, que son personas también, puedan dejar de jugar a “hacer lo que podemos”. Pero no son las autoridades solamente, somos todes quienes tenemos que bajarnos del pedestal de la soberbia y empezar a articular, a construir, a confiar en el otro que tiende la mano y hace propuestas, y ponernos a trabajar. Con esto me refiero a los equipos de salud en territorio, a los mandos medios de la educación, que ven cómo los gurises se rompen y dejan a los equipos multidisciplinarios solos y sin respaldo. El equipo de referencia de psicólogos, asistentes sociales y educadores es insuficiente. Quienes tienen poder de decisión deben aprobar y fomentar propuestas que atiendan la salud mental de las juventudes, no como una mercancía con la cual lograr metas asistenciales, sino la salud mental como encuentro, comunidad, deporte, arte, convivencia y participación activa; que se escuchen de verdad las voces de las adolescencias y juventudes.

Hoy nos asustamos por una tendencia viral. Pero los pibes no se bancan más el estado de las cosas y al Estado en su ausencia, la poca respuesta institucional, la violencia cotidiana a la que están sometidos (hay barrios donde los tiroteos son moneda corriente todos los días; quizás por eso nos quieren hacer sentir miedo). Quizás con un poco de empatía podamos dejarnos de pavadas y dejemos de prometer cosas que no van a pasar, por ejemplo, cuando un pibe y una piba nos dicen que abusan, les pegan, los amenazan, y los protocolos que aplicamos no los protegen, sino que los violentan más, en la comisaría, en el juzgado, en el hospital, en la educación. Dejemos de mentirles, dejemos de mentirnos y asumamos lo que nos corresponde.

Federico Martínez es psicólogo en liceos de Montevideo.