El fiscal Alejandro Machado, especializado en delitos económicos, fue trasladado la semana pasada a la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen y esto causó revuelo por tres motivos.
El primero fue que Machado tenía a su cargo dos investigaciones de alto voltaje, vinculadas con el período de gobierno de Luis Lacalle Pou: una sobre la contratación del astillero español Cardama y otra por la denuncia de destrucción de un documento público en la Torre Ejecutiva, como parte de las maniobras de ocultamiento acerca de la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
El segundo fue que su traslado lo dispuso Mónica Ferrero, fiscal de Corte interina que subroga desde agosto de 2024 a Juan Gómez, quien se retiró para jubilarse y era a su vez subrogante desde la renuncia en 2021 de Jorge Díaz, actual prosecretario de Presidencia. A Ferrero se le atribuye una marcada afinidad con el Partido Nacional, y en marzo de este año la oposición anunció que había decidido “garantizar su continuidad”. O sea, votarla si el presidente Yamandú Orsi pide la venia de tres quintos del Senado para designarla como titular, y no votar otra candidatura para que el interinato continúe.
El tercer motivo fue que, si bien Machado había estado entre la decena de fiscales postulantes al cargo en Cibercrimen, en principio parecía obvio que se eligiera a Ricardo Lackner, notoriamente formado y especializado en esa materia. Esto acentuó las sospechas, que aumentaron aún más cuando se supo que los delicados casos que estaban en manos de Machado quedarán a cargo de Diego Pérez, a quien se le atribuyen las mismas simpatías políticas que a Ferrero.
Todo esto contribuye a un indeseable deterioro de imagen y credibilidad que afecta a la Fiscalía, al sistema judicial en su conjunto y al sistema partidario, socavando nuestra convivencia democrática. El proceso se ha acentuado desde que la reforma del proceso penal, en vigencia desde 2017, le dio protagonismo a la Fiscalía, y a menudo la actuación de ese servicio descentralizado es vista como consecuencia de alineamientos partidarios, sin que se le preste la debida atención a su insuficiencia de recursos y a la insensata sobrecarga de trabajo.
Una historia muy agitada
El interinato en la conducción de la Fiscalía es un hecho problemático con numerosos precedentes. En 1959 renunció para jubilarse Aníbal Abadie y hubo dos subrogantes sucesivos. Francisco Pagani fue el primero hasta 1961, cuando el Poder Ejecutivo propuso a Guido Berro como titular, pero pasaron casi dos años sin que hubiera votos para designarlo, y mientras tanto actuó como fiscal de Corte Julio Viana.
Berro fue fiscal de Corte hasta 1971, cuando lo secuestró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros; pidió licencia al ser liberado y nunca se reintegró. Lo sustituyó como interino durante dos años Fernando Bayardo Bengoa, de triste memoria, quien fue designado como titular en enero de 1973 y siguió en el cargo después del golpe de Estado hasta 1977, cuando la dictadura lo nombró ministro de Justicia.
Mario Ferrari fue el sucesor de Bayardo, tres meses como subrogante y luego como titular nombrado por el Consejo de Estado, pero no cesó con el fin de la dictadura, sino en abril de 1987, y fue por haber cumplido el máximo de diez años en el cargo.
Tras el cese de Ferrari, Rafael Robatto fue interino durante ocho meses, se le designó como titular y siguió en el cargo nueve años, hasta su retiro forzoso por haber cumplido 70 años. María Elisa Martirena lo subrogó por siete meses, como primera mujer a cargo de la Fiscalía, hasta agosto de 1997, cuando se nombró como titular a Oscar Peri Valdez.
El período de Peri fue tormentoso. Impulsó una reforma del Código del Proceso Penal que fue aprobada, pero cuya entrada en vigencia se postergó cinco veces y finalmente fue descartada. Además, estuvo involucrado en polémicas con fiscales y ministros, hasta que el gobierno de Jorge Batlle lo sumarió con separación del cargo en 2004. Tras seis meses sin que concluyera el sumario, debía ser reintegrado a la Fiscalía, pero eso no sucedió, y terminó renunciando en enero de 2006, ya con Tabaré Vázquez en la presidencia. Las investigaciones se archivaron sin una resolución final.
Cuando Peri fue separado del cargo, asumió como interino Marcelo Brovia, quien también renunció en enero de 2006. Hubo dos subrogantes sucesivas, Élida Fajardo hasta setiembre del mismo año y luego Mirtha Guianze hasta marzo de 2007. Vázquez propuso que Guianze fuera designada como titular, pero no logró la venia del Senado y postuló a Rafael Ubiría, quien sí fue nombrado y renunció en 2011. Gómez fue interino hasta abril de 2012, cuando el Senado aprobó por unanimidad la designación de Díaz.
Cuando Díaz renunció en 2021, durante la presidencia de Lacalle Pou, Gómez volvió a ser subrogante y el Frente Amplio hizo lo mismo que ahora hace la oposición, sin proclamarlo abiertamente: no estuvo dispuesto a formar la mayoría especial necesaria para designar a un titular del gusto del oficialismo. Así seguimos, con tensiones estridentes y negociaciones asordinadas, mientras el descrédito crece.