Cada 20 de mayo, nuestro país se convierte en escenario de una de las expresiones de memoria colectiva más significativas de América Latina, la Marcha del Silencio. A 30 años de su instauración pública, esta manifestación ciudadana trasciende la mera conmemoración para consolidarse como un acto político, ético y cultural de resistencia frente al olvido y la impunidad.
Sin embargo, el origen de esta lucha es anterior a 1996. Sus raíces están inscriptas en un proceso histórico previo incluso a la instauración formal de la dictadura cívico-militar, cuando el avance del autoritarismo comenzó a desplegar mecanismos sistemáticos de persecución, tortura y exterminio contra obreros, estudiantes, militantes sociales y dirigentes políticos que cuestionaban el orden represivo emergente.
Este año adquiere especial relevancia el cincuentenario de uno de los episodios más emblemáticos del terrorismo de Estado en el Cono Sur, el asesinato en Buenos Aires (en el marco del Plan Cóndor) de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto con los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. A ello se suma el secuestro de Manuel Liberoff, quien permanece desaparecido hasta la actualidad. Estos crímenes expresan la voluntad de las dictaduras sudamericanas de aniquilar toda forma de oposición democrática con legitimidad popular.
Tanto Michelini como Gutiérrez Ruiz representaban aquello que resultaba más intolerable para el régimen autoritario: una oposición democrática sostenida en la legitimidad popular y en la defensa irrestricta de las libertades públicas. Provenientes de tradiciones políticas diferentes, ambos coincidían en una convicción esencial: la defensa del orden constitucional y la denuncia permanente de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado uruguayo. Su asesinato no buscó únicamente eliminar físicamente a dos dirigentes políticos, intentó también quebrar toda posibilidad de resistencia democrática legítima.
La represión, sin embargo, no se limitó al ámbito estrictamente político. El aparato autoritario extendió su violencia sobre múltiples expresiones populares que simbolizaban organización y comunidad. Los clubes barriales, las instituciones deportivas, el carnaval, el teatro independiente y numerosos espacios culturales fueron objeto de vigilancia, censura y persecución. Artistas encarcelados, repertorios prohibidos y manifestaciones culturales intervenidas formaron parte de una estrategia destinada a disciplinar no solo los cuerpos, sino también la sensibilidad colectiva y la capacidad crítica de la sociedad.
Pero incluso en ese contexto de miedo y opresión surgieron formas silenciosas y profundamente valiosas de resistencia cultural. Letras con doble sentido, metáforas carnavaleras, canciones cargadas de simbolismo y representaciones teatrales permitieron sostener espacios de encuentro, identidad y esperanza. Cada retirada de murga, cada ironía encubierta y cada campeonato barrial organizado en tiempos de persecución constituyeron pequeñas pero poderosas formas de resistencia cotidiana. Allí también latía ese sentimiento solidario con quienes más sufrían las garras del autoritarismo.
Desde la recuperación democrática hasta hoy, Uruguay ha registrado avances importantes en materia de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, la deuda histórica permanece abierta. El Estado continúa teniendo la responsabilidad ineludible de esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos y garantizar mecanismos efectivos de reparación histórica.
Tanto Michelini como Gutiérrez Ruiz representaban aquello que resultaba más intolerable para el régimen autoritario: una oposición democrática sostenida en la legitimidad popular y en la defensa irrestricta de las libertades públicas.
Esta demanda no puede reducirse a una disputa partidaria; constituye una causa democrática y nacional, sostenida en principios universales de derechos humanos.
En la actualidad, el resurgimiento de discursos reaccionarios y tendencias antidemocráticas en distintas partes del mundo vuelve a interpelar a las sociedades democráticas. La relativización del terrorismo de Estado, la reivindicación explícita o implícita de prácticas autoritarias y la construcción de enemigos internos bajo discursos pretendidamente “libertarios” son señales de alarma que no pueden ignorarse. La historia latinoamericana demuestra que las narrativas basadas en el odio, la exclusión y la intolerancia suelen desembocar en procesos de erosión democrática y violencia institucional.
En este escenario, las juventudes adquirimos un papel fundamental. Las nuevas generaciones no somos simples espectadoras del pasado ni depositarias pasivas de la memoria histórica. Somos protagonistas de su resignificación contemporánea. Participar en centros de estudiantes, organizaciones sociales, clubes deportivos, colectivos culturales, sindicatos o espacios políticos implica también asumir la responsabilidad de defender la democracia y los derechos humanos frente a cualquier intento de retroceso autoritario.
Estas luchas poseen, además, un carácter profundamente intergeneracional. Las juventudes actuales somos herederas de las resistencias construidas por generaciones anteriores y, al mismo tiempo, responsables de proyectarlas hacia el futuro. La memoria colectiva se preserva en las prácticas cotidianas de compromiso ciudadano, organización comunitaria y defensa activa de la democracia.
La reivindicación de quienes dieron su vida por un país más justo y democrático no puede limitarse al homenaje. El verdadero reconocimiento radica en la persistencia de las demandas de verdad, justicia y reparación. Porque las heridas dejadas por el terrorismo de Estado no desaparecen nunca y requieren procesos permanentes de memoria colectiva para impedir que la violencia vuelva a naturalizarse.
Por eso, cada Marcha del Silencio representa mucho más que una evocación del pasado. Es una pedagogía democrática en movimiento. En cada margarita blanca plantada durante mayo habita el anhelo de un país que cuide, proteja y garantice derechos, en lugar de perseguir y censurar. En cada silencio que atraviesa la avenida principal resuenan historias familiares, ausencias irreparables y una convicción colectiva: ningún proyecto político puede justificarse mediante la violencia estatal y la supresión de las libertades fundamentales.
El desafío contemporáneo consiste en sostener viva esa conciencia democrática. Porque el Nunca Más no es solamente una consigna memorialística; es un horizonte ético y político que exige vigilancia permanente, participación ciudadana y compromiso colectivo para impedir que el odio, la intolerancia y la violencia vuelvan a imponerse sobre nuestros pueblos.
Gastón Castillo es diputado suplente por Montevideo y dirigente de Encuentro Sur, Espacio 609 (Frente Amplio).