“La educación es la Cenicienta del Estado”, dijo hace algunas horas una maestra. Con la dignidad como bandera, soltó esa frase que quedó resonando en un profundo silencio que pesaba en el espacio. Sin lugar a dudas, lo que dijo fue la perfecta caracterización de un sistema educativo que no resiste más el desprestigio de estos últimos tiempos.
En los márgenes: pobreza, exclusión y violencias
En Uruguay, la pobreza tiene rostro de niños y niñas: uno de cada cinco niños es pobre en nuestro país. ¿Qué efecto tienen las privaciones en esta etapa de la vida? Las más terribles, pues ponen en riesgo toda la trayectoria futura de esos niños, en tanto está probado que las malas condiciones de vida en los primeros años afectan el desarrollo cerebral en forma irreversible e hipotecan su futuro. Entre los menores de seis años –etapa fundante en la vida de las personas–, la incidencia de la pobreza en 2023 fue de 20,1% (tres puntos por encima del nivel prepandemia) y es más de nueve veces mayor que en las personas que superan los 65 años.
Hogares pobres, la mayoría de las veces de jefatura femenina, albergan niños con el futuro restringido. La pobreza produce efectos duraderos y persistentes a nivel cognitivo y socioemocional. Adicionalmente a esto, ha crecido la exposición a la violencia y a las armas de niños y niñas que habitan en territorios vulnerados, barrios donde prolifera el narcotráfico, el narcomenudeo y otras formas delictivas, espacios de los que el Estado se ha retirado y donde se producen experiencias que siempre dejan huellas profundas a nivel psíquico y físico, más allá de que en muchas ocasiones tienen el peor de los finales.
Estos niños y niñas son los que llegan a las escuelas, con sus historias y sus cicatrices a cuestas. Son hijos de un Estado que no los protege. Las maestras reciben con amor a quienes portan problemas que exceden sus posibilidades de abordaje. Siempre es la educación y son sus instituciones los espacios donde pueden aprender otras formas de estar en el mundo, un nuevo modo de resolver conflictos, un espacio para ser reconocidos y respetados como sujetos.
En este período de gobierno la educación ha estado siempre en el discurso asociada a la supuesta capacidad y fortaleza de las autoridades para establecer las condiciones del cambio, pero creemos que pocas veces en la historia uruguaya hubo tanta distorsión entre lo que se dice/dijo y lo que verdaderamente se hace/hizo.
La voz de los docentes, verdaderos protagonistas de lo educativo, se ha silenciado. Entre otras cuestiones, podemos citar la eliminación a través de la Ley de Urgente Consideración de los consejos de educación que contaban con un representante de los colectivos docentes. También se ha eliminado cualquier forma de diálogo o comunicación con aquellos que no demostraran tener afinidad con los mandos superiores. Cualquier intento de expresión ha sido brutalmente condenado con acciones amenazantes, particularmente dirigidas hacia los docentes sindicalizados. En muchos casos, esas amenazas prosperaron en procedimientos sancionatorios, como el caso de las maestras de la escuela 35 o el del director del IAVA, que fue separado de su cargo por “insubordinación” de acuerdo a lo manifestado por las autoridades. Parece que los derechos han caído en desuso, en especial, el derecho de expresión.
Como si esto fuera poco, en cada oportunidad pública que se tuvo, el desprestigio hacia docentes, funcionarias y funcionarios, no se hizo esperar. Casi que por turnos, el ministro y/o el entonces presidente del Codicen estuvieron adelante para desacreditar cualquier respuesta colectiva a posibles disensos o reacciones frente a sus atropellos. No es posible, ni democrático, pensar reformas educativas que dejen por fuera a quienes habitan las aulas y le dedican su tiempo profesional a construir las mejores propuestas para la mejor educación pública posible.
Desprovistos, como Cenicienta
En una economía en crecimiento, no se sostiene que el presupuesto educativo se haya reducido, sobre todo en educación media, donde se encuentran los mayores problemas en términos de deserción y egreso. El presupuesto de la Universidad también se vio afectado: lo asignado para este quinquenio supone una reducción real de 2,6% a 2024. ¿Alguien podría defender esta resignación de recursos a la usina de pensamiento más importante de nuestro país? ¿Cómo puede pensarse, entonces, en un país más justo, equitativo, solidario y de oportunidades?
No nos queda más que pensar en el futuro, en otro futuro, en el que la participación sea el mecanismo de construcción para que la educación pública uruguaya se reencuentre con su esencia como proceso democratizador.
Esta reducción presupuestal ha generado un inevitable impacto en la calidad de la educación pública. Se han eliminado grupos, horas de coordinación y de apoyo a los profesores de educación media, se han reducido recursos en general, necesarios para la buena vida institucional. Falta cubrir cargos de auxiliares de servicio, de funcionarios de gestión en educación media, reparar edificios en mal estado y mejorar la relación docente por cantidad de estudiantes. Un ejemplo son los 1.100 grupos con más de 30 niñas y niños en primaria.
Además, en lo que va del período se estima que las trabajadoras y los trabajadores hemos perdido poder de compra durante 40 meses y, por supuesto, esto no tiene recuperación. El gran éxito es que al finalizar el período habrá índices similares a los de 2019.
En términos presupuestales hay que, necesariamente, incorporar políticas que atiendan a las poblaciones docentes en materia de salud mental y bienestar integral. Esto está netamente vinculado a las condiciones de trabajo, al acompañamiento a la salud mental y las condiciones dignas de salario en función de la tarea realizada, y por sobre todas las cosas, a promover el reconocimiento profesional. En esta línea, es clave impulsar políticas de desarrollo profesional de calidad, así como elaborar políticas sociales y económicas que acompañen a estudiantes y familias.
En tiempos donde hay un fuerte descenso de la natalidad, con el natural impacto en la matrícula de educación inicial y primaria, el desafío debiera ser crear cargos y figuras que permitieran mejorar los aprendizajes y las trayectorias de niñas y niños. Más aún si consideramos que hay a disposición cientos de maestras formadas para realizarlo. Lo que es evidente, una vez más, es la falta de planificación, previsión y decisión para hacerse cargo de las verdaderas necesidades que la educación pública requiere.
En tiempo récord, sin la palabra de los educadores y la reflexión necesaria, sin fondos presupuestales, se logró el eslogan de la transformación educativa. Un buen peldaño para el trampolín político de quien fuera presidente de la ANEP, un mal trago para los y las docentes y los niños, niñas y adolescentes uruguayos.
No nos queda más que pensar en el futuro, en otro futuro, en el que la participación sea el mecanismo de construcción para que la educación pública uruguaya se reencuentre con su esencia como proceso democratizador y sobre todo humanizante. Que sea prioridad y que podamos retomar lo mejor de nuestra tradición, respetuosa de los derechos y articulada con otras políticas sociales que nos ofrezcan una vida digna y segura. Que la educación uruguaya deje de ser la Cenicienta del Estado, a lo que algunos parecen querer relegarla.
Joaquín Mateauda es maestro y magister en inclusión-exclusión social y educativa. Celsa Puente es profesora de Literatura, posgraduada en DDHH y educación.