Se conoció la sanción que se estableció para el director del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA): 150 días de sanción con separación del cargo y retención de su salario. El escándalo es mayúsculo, no hay otra forma de llamar a este episodio.
Pero no es nueva esta versión autoritaria en la educación, y más específicamente en la enseñanza secundaria. Como plantea Antonio Romano en De la reforma al proceso. Una historia de la enseñanza secundaria (1955-1977), “el primer ‘golpe a la educación’ fue dado durante el receso de 1970, cuando se destituyó a las autoridades de la enseñanza secundaria y de la técnica y se designaron consejos interventores”.
Las circunstancias cambiaron: en aquellos años 70 las autoridades de Secundaria se oponían a las órdenes del Poder Ejecutivo, y fue por ese motivo que fueron destituidas. ¿Cuál había sido el problema? Cuándo no, la camaleónica laicidad estaba en disputa. Por ese motivo el gobierno encabezado por Jorge Pacheco Areco, en alianza con una amplia mayoría del Partido Nacional, pretendía que las Asambleas Técnicas (en aquel momento se llamaban Asambleas de Profesores artículo 40) fueran afines a sus planteos y dejaran de ser autónomas. De esta manera, lo que estaba en disputa era la autonomía de la educación secundaria.
En aquel momento, las autoridades de la educación estaban convencidas de que el colectivo docente era fundamental para llevar adelante un proyecto educativo. Los que impusieron su lógica autoritaria fueron las autoridades del Poder Ejecutivo y las mayorías del Legislativo.
Hoy, a más de 50 años de esos hechos, las autoridades de la Educación ya no poseen autonomía. La Ley 14.101 de 1973 ideada por Julio María Sanguinetti creó el Consejo Nacional de Educación (Conae), que asumió las potestades de hacer y deshacer en todos los consejos de enseñanza (primaria, secundaria y técnica). La dictadura profundizó este proceso de pérdida de autonomía y de pedagogía autoritaria para quienes pensaran y actuaran por fuera de los marcos establecidos por quienes gobernaban.
En la posdictadura quedaron marcas de esa época autoritaria y la nueva Ley 15.739, también ideada por el entonces presidente Sanguinetti, creó el Consejo Directivo Central (Codicen) que perpetuaba las funciones del Conae. Con la aprobación de la Ley General de Educación 18.437 votada en 2008 se crearon espacios que contemplaban a los docentes en los consejos (sin llegar a ser los marcos de autonomía previos al pachecato). Con la aprobación de la Ley 19.889 (Ley de Urgente Consideración), votada casi sin discusión y que involucró una gran variedad de temas, se crearon las direcciones generales y se eliminaron los consejos de enseñanza, que quedaron concentrados en un cargo de confianza del poder político de turno.
Esta administración está caracterizada por el encono que manifiesta para sancionar a los docentes de secundaria.
Es en este marco que la Dirección General de Secundaria sanciona a un director por intentar mediar en un conflicto con los estudiantes de un liceo históricamente simbólico para la resistencia ante los atropellos conservadores de aquellos años 60 y de los actuales.
Esta administración está caracterizada por el encono que manifiesta para sancionar a los docentes de secundaria (recordemos que una de las primeras medidas fue sancionar a más de 15 docentes afiliados al sindicato en San José). En esa ocasión, lejos de mantener la autonomía con el poder político de turno, las autoridades de la educación buscaron elementos para crear una comisión investigadora en el Parlamento que sesionó durante años y que terminó en la justicia sin mucho éxito. Este modo es una forma de operación permanente en estos tiempos en la región para deshacerse de los opositores políticos (sean sociales o partidarios).
Teniendo presente la obra foucaultiana podemos suponer que la administración busca generar ciertos efectos con una decisión de este tipo, que claramente luce como desmedida y que al mismo tiempo demuestra debilidad (cuando la administración tiene que reprimir es que no persuade ni convence).
Estamos en tiempos de campaña electoral, en un año decisivo para el futuro del país. Aumentar la conflictividad parece ser un horizonte que los sectores conservadores están viendo como una manera de permanecer en el gobierno. Las derechas en la región y el mundo están teniendo la misma forma de actuar y de operar, buscando crispar a la sociedad, eliminando cualquier instancia de diálogo para poder imponer sus posiciones.
El movimiento popular deberá ser muy cauto y astuto para no quedar atrapado en la trampa que están tejiendo los conservadores en conjunto.
Héctor Altamirano es docente de Historia.