Cerca de que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento, resulta propicio hablar de la situación del inciso Poder Judicial, la Cenicienta del presupuesto nacional. En un país que se precia de democrático, donde el equilibrio entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) resulta ser la base de ese sistema, estas cosas no deberían pasar. Y pasan. Pasan porque el Poder Judicial no tiene independencia para gastos; sus dineros dependen de la autorización del Poder Ejecutivo, lo que se fundamenta siempre en criterios macroeconómicos ajenos a la separación de poderes. Las magras reasignaciones que hace luego el Legislativo no resuelven el problema. Y la escasez de recursos, derivada de ese recorte del Ejecutivo y de esas magras reasignaciones, sin dudas que hace del Poder Judicial un prestador de servicios menos eficiente, muy a su pesar.
Si se observan los otros poderes del Estado, el Legislativo corre con la ventaja de que se fija a sí mismo sus propios sueldos –tanto de legisladores como de los funcionarios– y demás gastos sin la necesidad de que el Poder Ejecutivo lo autorice. El Poder Judicial, en cambio, para recibir al final un dinero que siempre ha estado muy pero muy por debajo de sus aspiraciones sí debe contar con la autorización del Poder Ejecutivo y la aprobación a posteriori del Legislativo. Lo que dispone el artículo 220 de la Constitución de la República es grave, ya que pone a la misma altura las aspiraciones presupuestales del Poder Judicial con las de organismos como la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas o los entes autónomos y servicios descentralizados.
No pueden ser consideradas como iguales instituciones tan disímiles en cuanto a su jerarquía y a la cantidad y trascendencia de los servicios que prestan a la sociedad. Ello atenta contra el principio de la separación de poderes, que es el emblema de la democracia. Atenta contra el Estado de derecho, la tutela de los derechos humanos fundamentales y el acceso universal a la justicia. Para tener una idea, el Poder Legislativo tiene asignado para todo el quinquenio un dinero para salarios, gastos operativos e inversiones muy similar al del Poder Judicial. Sin embargo, el Legislativo cuenta con el 20% de los funcionarios con que cuenta el Judicial y con solo dos edificios (todos en Montevideo).
En tanto, el Judicial tiene alrededor de 5.000 funcionarios y 500 sedes repartidas en todo el país (muchísimas de ellas alquiladas), que son edificios que hay que mantener, que requieren limpieza y seguridad. Gestiona a los jueces y juzgados, también al Instituto Técnico Forense y por eso paga pericias y salarios de funcionarios técnicos (como psiquiatras, médicos forenses, psicólogos, entre otros). Tiene a su cargo a decenas de defensores de oficio; tiene todo un aparato de informática que usa para facilitar el acceso a la justicia. Y más. El gasto operativo es continuo.
El Poder Judicial, como se aprecia, es un gran prestador de servicios públicos, mientras que el Legislativo es un órgano básicamente deliberativo. No es justo. Para tener una idea, basta saber que el Poder Judicial representa 1% del presupuesto total del gobierno central, lo que indica una participación muy baja dentro del gasto total. En América Latina, los porcentajes destinados al Poder Judicial oscilan entre el 0,5% y el 3% del gasto total del Estado. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los porcentajes rondan entre el 0,5% y el 1%, pero se trata de países desarrollados cuyo Producto Interno Bruto (PIB) es muy superior al de Uruguay.
En su momento, el Poder Judicial elaboró y presentó su presupuesto al Poder Ejecutivo y pidió –entre otras cosas– para el primer año del quinquenio un refuerzo de dinero de 44 millones de dólares. El Poder Ejecutivo le otorgó solamente el 6,5% de lo pedido, es decir, unos tres millones de dólares, de acuerdo a información de la web del Poder Judicial. Fuera de ese refuerzo, pidió, además, 270 millones de dólares para todo el quinquenio, pero solo se contempló apenas el 6% de lo solicitado. Dicho pedido consistió en 0,32% del PIB, equivalente a mucho menos de los 800 millones de dólares que destina para financiar el Fonasa [Fondo Nacional de Salud] y mucho más de los 700 millones de dólares que destina para financiar la caja militar.
Por su parte, el Poder Ejecutivo elabora su propio presupuesto. Tiene independencia porque lo presenta al Poder Legislativo, que, salvo algunas reasignaciones, lo aprueba como viene. De dicho presupuesto se destaca que el gasto en seguridad en Uruguay alcanza el 12% del presupuesto total (12 veces más que el Poder Judicial) y representa el 2% del PIB (casi siete veces más que el Poder Judicial).
Este gasto constituye la cifra más alta de la región para la seguridad. El promedio de América Latina se ubica en el 5,4% del presupuesto de los gobiernos y el 1% del PIB. En Uruguay, el Estado invierte más en prevención y represión de delitos que en quienes tienen que juzgarlos. El Poder Judicial tiene cientos y cientos de causas penales, más miles y miles de causas de familia y sucesiones, cientos de causas civiles, de violencia de género, de lo contencioso administrativo, de familia especializada y ni que decir de las decenas y decenas de juzgados de paz que imparten justicia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. La justicia es una de las dos “patas” de la seguridad. La más débil. Si se pretende una lucha eficaz contra el delito, esta ponderación de más de 10 para la represión y 1 para el Poder Judicial resulta irrisoria.
El Poder Judicial representa 1% del presupuesto total del gobierno central, lo que indica una participación muy baja dentro del gasto total.
El porcentaje destinado a la justicia por el Poder Ejecutivo se ha mantenido incambiado históricamente. Sin embargo, la demanda de servicios judiciales ha crecido exponencialmente (por ejemplo, solo en violencia de género el número de las audiencias en los juzgados especializados aumentó un 30% de 2023 a 2024) y, a pesar de ello, el número de jueces y recursos prácticamente no ha variado en esos años.
Esa situación ha causado más casos por cada juez y defensor de oficio. Ha causado problemas para mantener edificios y abrir sedes en el interior, porque no se puede construir edificios propios por falta de recursos. Muchas veces se deben suprimir juzgados de paz para abrir especializados y alquilar casas y locales para funcionar. Los profesionales se van por bajos salarios y eso genera vacantes difíciles de llenar. Entre los dineros que solicitó el Poder Judicial, se pidió la creación de 24 juzgados especializados en violencia de género, junto con la misma cantidad de nuevos jueces y el fortalecimiento de la defensoría pública con la incorporación de 116 cargos de defensores, entre titulares y suplentes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo autorizó –recién para 2027– la implementación de solo dos juzgados para atender casos de violencia basada en género, que seguramente deberán repartirse entre todo el interior del país, donde casi no los hay. Otros pedidos, como la creación de más cargos técnicos y más funcionarios, quedaron por el camino.
Bregamos por un reparto más equitativo de los dineros públicos entre los tres poderes del Estado, porque, como señala un documento elaborado por el Poder Judicial, “no puede concebirse la justicia de calidad que se pretende sin recursos suficientes”. La misma Suprema Corte de Justicia ha dicho que no hay independencia judicial sin presupuesto y que la falta de recursos afecta la celeridad y la eficacia de las sentencias (“pedimos dinero para servir mejor”, se planteó). También expresó que invertir en justicia es invertir en desarrollo, circunstancia comprobada por el Banco Mundial en un trabajo de 2021. Invertir en desarrollo implica un sistema judicial sólido y confiable, garantiza derechos, genera certeza jurídica, atrae inversiones, impulsa el empleo y fortalece la cohesión social. En su mensaje al Poder Ejecutivo al presentar el Presupuesto Quinquenal 2025–2029, el Poder Judicial manifestó: “No hay justicia sin independencia, no hay independencia sin presupuesto y no hay bienestar colectivo sin justicia”. Lo compartimos.
Luis Acuña es abogado y realizó el Curso de formación de Altos Ejecutivos de la Administración Pública dictado por la Oficina Nacional de Servicio Civil.