Esta semana se dictaron condenas para el intendente nacionalista de Artigas, Pablo Caram, su sobrina y hasta hace unos días diputada Valentina dos Santos, su primo Rodolfo Caram y la esposa de este, Stefani Severo, debido a sus responsabilidades en el pago de falsas horas extra por montos abultados. Se investigan más denuncias y es posible que los pagos indebidos se vincularan con otras ilegalidades. Todo esto, además de causar indignación, debería llevar a que se adoptaran medidas preventivas rigurosas.
No se trata de “casos aislados” ni de meras “irregularidades”, sino de prácticas delictivas reiteradas, a menudo impunes en muchos gobiernos departamentales, que desprestigian al sistema partidario en su conjunto. Erradicarlas tendría que ser una política de Estado en defensa de la democracia.
El intendente Caram cumple su segundo período consecutivo, y hace más seis años que hacía de las suyas, sin que el Partido Nacional (PN) tomara medidas. Esto no sucedió por casualidad.
Desde las elecciones de 1989 hasta las de 2019, el PN sólo ganó gobiernos departamentales, y durante la segunda mitad de ese período, con el Partido Colorado maltrecho después de la crisis de 2002, consolidó su predominio fuera de Montevideo (donde no gana desde 1959), con la excepción de Canelones. La experiencia de tres décadas determina que quienes están al frente de intendencias tengan un fuerte peso en el PN y, aunque las gestiones no han sido todas iguales, casos como el de Caram establecen un “modelo de éxito” indeseable, no sólo entre nacionalistas.
La corrupción y el clientelismo se naturalizan, en un verdadero círculo vicioso: los triunfos electorales se deben en gran medida a esas prácticas, y luego se presentan como una absolución popular que debe ser respetada. Al mismo tiempo, quienes toleran o encubren el mal uso de recursos públicos suelen llenarse la boca con discursos ultraliberales contra el Estado, lo acusan de ser un parásito insaciable del “país productivo” y difaman a las mejores políticas sociales como si fueran lo mismo que repartir chapas, cargos y horas extra para mantenerse en el poder.
Por otra parte, muchas personas quedaron asombradas al enterarse de que las condenas a integrantes del clan Caram consisten en períodos con régimen de libertad a prueba, algunas horas de trabajo comunitario, multas de monto escaso en relación con el dinero sustraído e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que, en forma llamativa, no les correspondieron a Pablo Caram y Dos Santos, las dos personas con mayor protagonismo político.
Sucesivas legislaturas han aumentado las penas para algunos delitos asociados con la percepción de inseguridad pública. Estas pegaron un estirón desmesurado mientras quedaban petisas las sanciones para actos de corrupción en la función pública, y tanto las leyes como los organismos creados para prevenir e investigar tales delitos se mantenían en una notoria insuficiencia, al igual que las normas internas de muchos partidos en la materia. Hay una larga lista de debilidades a corregir.