La participación de los y las docentes en la conducción de los entes que hoy conforman la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene historia en nuestro país. En Secundaria comenzó en 1935, en UTU desde 1942. Esa experiencia se interrumpió abruptamente en 1970, con la intervención de UTU y Secundaria. Los objetivos de esa infamia se consolidaron en 1972 con la Ley 14.101 que creó el Consejo Nacional de Educación y subordinó los consejos, limitando seriamente su autonomía. Luego de la dictadura, la Ley 15.739 creó la ANEP. La centralización continuó en el Consejo Directivo Central (Codicen), designado por el Ejecutivo con venia del Senado, que, a su vez, nombra los integrantes de los consejos desconcentrados, sin representantes de los y las docentes. En 2008, con la promulgación de la Ley General de Educación (18.437), se recuperaron los espacios para consejeros/as electos: dos en el Codicen, uno en cada uno de los consejos de Educación Inicial y Primaria, UTU y Secundaria. Recién en 2010, con la creación del Consejo de Formación en Educación (CFE), apareció un cargo electivo para el colectivo docente de ese ámbito.
En participación docente, el avance logrado en 2008 es muy limitado; el Consejo Directivo tiene cinco miembros, tres de ellos designados por el Ejecutivo con venia del Senado; los electos quedan en minoría. El organismo designa dos integrantes de los consejos desconcentrados de tres miembros, por lo que los electos por docentes también quedan en minoría. En el CFE hay tres miembros designados, uno electo por docentes y uno por estudiantes. La ley de urgente consideración (LUC) mantuvo la conformación del Codicen y el CFE, pero eliminó los consejos de los demás subsistemas y creó las direcciones generales unipersonales.
Por lo tanto, entre 2010 y 2024 las y los docentes de la ANEP eligieron, por voto secreto y obligatorio y con supervisión de la Corte Electoral, seis representantes en el Consejo Directivo Central, tres en el CFE y dos en los restantes subsistemas (por períodos de cinco años). En Educación Inicial y Primaria, UTU, Secundaria y el Codicen, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), integrante del PIT-CNT, presentó sus candidatos. En el CFE, la Asamblea Técnico Docente (ATD) decidió postular los suyos, en el último período también con el apoyo sindical. Por esas listas fueron electos y ejercieron sus cargos 13 de los 15 consejeros y consejeras elegidos por esa vía, una importante muestra de la representatividad de esos colectivos, la que es permanentemente cuestionada, de manera interesada, por quienes defienden la política oficial en materia educativa. En las últimas elecciones del orden docente las listas de los colectivos prácticamente han triplicado las expresiones electorales del oficialismo.
Teniendo en cuenta estos antecedentes nos pareció importante evaluar y proyectar a futuro lo realizado en estos casi tres lustros, por lo que convocamos a las compañeras y los compañeros que ejercieron o ejercen la función a un encuentro en el edificio central de la ANEP el 31 de mayo. En algunos casos concurrieron los secretarios que trabajaron en los equipos de representación docente, por lo que la instancia tuvo 25 participantes. Durante la mañana las intervenciones se centraron en los balances, mientras que en la tarde se analizaron las perspectivas, y se culminó con una declaración pública.
La evaluación del trabajo realizado es muy positiva, especialmente entre 2010 y 2019, cuando la participación fue más amplia y se desplegó la negociación colectiva con la aplicación de la Ley 18.508, contrariamente a lo que sucede en la actualidad. Los consejeros docentes contribuyeron a la mejora del salario y las condiciones de trabajo, además aportaron conocimiento territorial que permitió mejorar la infraestructura de la ANEP, con un presupuesto que, aunque aún insuficiente, creció más de un punto del PIB. Asimismo, en un país en el que se intentó recomponer el tejido social, se crearon nuevas figuras de apoyo a las actividades docentes en los centros educativos. En la elaboración de propuestas pedagógicas, las ATD pudieron desarrollar plenamente su actividad y tuvieron ámbitos de intercambio con las autoridades, quienes adoptaron parcialmente sus planteos. Con participación activa de los consejeros docentes se elaboraron protocolos contra el acoso laboral y sexual, se crearon mecanismos para defender la salud laboral de los funcionarios de la ANEP y se trabajó intensamente en los temas de presupuesto, salario e infraestructura.
Desde 2020 a la fecha se constata un deterioro del diálogo y los posibles acuerdos con los sindicatos. También hay un desconocimiento del aporte pedagógico del colectivo docente.
Desde 2020 a la fecha se constata un deterioro del diálogo y los posibles acuerdos con los sindicatos. También hay un desconocimiento del aporte pedagógico del colectivo docente, que se realiza en las ATD y otras instancias de coordinación. Todo ello en medio de un retroceso presupuestal que implica más de medio punto del PIB, con su secuela de deterioro de las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. A ello hay que sumarle la implementación de la LUC, con la desaparición de los consejos de Educación Inicial y Primaria, UTU y Secundaria, por lo tanto, de los consejeros docentes.
En ese contexto es que se impuso la llamada Transformación Educativa, en contra de la opinión de las ATD, los sindicatos y los consejeros electos en el Codicen y el CFE. En otros artículos hemos fundamentado nuestro rechazo a las propuestas que sostienen las mayorías de los órganos colegiados y las direcciones generales, tanto por su enfoque competencial como por la forma de imposición, exacerbando la presión sobre los y las docentes para intentar que apliquen la nueva estructura curricular y sus permisivos reglamentos de evaluación, así como la imposición de métodos de planificación que atacan la libertad de cátedra. Todo eso realizado a fórceps, incluyendo la brutal implementación de la Educación Básica Integral simultáneamente en tres grados, lo que nunca se había visto en la historia de la educación en Uruguay. Por otra parte, en el ámbito de la formación en educación se ha implementado el Plan 2023, a pesar de la fundamentada resistencia de los consejeros electos, los gremios estudiantiles, el sindicato de los docentes y la ATD correspondiente. A ello se suma una modificación de los criterios de elección de horas que ha llevado a que queden al margen de la actividad en el ámbito del CFE casi un millar de docentes.
Está en desarrollo el proceso electoral que culminará con la asunción de un nuevo gobierno en 2025, por lo que quienes participamos en este encuentro entendimos oportuno expresar nuestras ideas sobre el futuro de la educación en el país, teniendo en cuenta la representatividad del espacio que hemos logrado reunir y la experiencia acumulada. En ese sentido nuestra declaración es clara en la necesidad de recuperar los espacios de participación que la Ley 19.889 eliminó y abrir simultáneamente un amplio proceso de discusión democrática para detener el proceso de deterioro que constatamos y avanzar hacia el futuro. En ese aspecto, nos parece fundamental la convocatoria del Congreso Nacional de Educación y poner sobre la mesa la necesidad de lograr el ya viejo planteo de obtener un presupuesto del 6% del PIB para la educación pública, más un 1% para ciencia e investigación.
Por otra parte, reclamamos la plena vigencia del principio de autonomía consagrado en la Constitución de la República para alejar cualquier injerencia del Ministerio de Educación y Cultura sobre la ANEP, lo que nos conduce a plantear la derogación de los artículos de la LUC referidos a la educación.
Con mucha convicción quienes participamos en el encuentro reivindicamos la urgente necesidad de avanzar hacia la creación de la Universidad de la Educación, con autonomía y cogobierno. A partir de estas condiciones, será posible elaborar una propuesta educativa de mediano y largo plazo que aleje a la educación pública de los vaivenes de la política cotidiana y sus rispideces.
En esas condiciones podremos aspirar a tender a una educación “orientada a la búsqueda de la vida armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medioambiente y el ejercicio responsable de la ciudadanía como factores esenciales del desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz y la comprensión entre los pueblos y naciones”, como establece el artículo 3 de la Ley General de Educación.
Julián Mazzoni es consejero del Codicen de la ANEP, electo por el colectivo docente.