Desde mayo las distribuidoras de supergás registran un incremento de las ventas, producto de los intensos fríos que venimos soportando en las últimas semanas. Uno de los problemas que enfrentamos cuando adquirimos este producto es su elevado costo. En efecto, el precio de venta al público del kg del supergás tuvo un aumento del 72,17% desde el 1º de enero de 2019 al día de hoy, ya que su valor era de 46,90 pesos/kg y ascendió a 80,75 pesos/kg.
Esta desmesurada suba obedece a una serie de factores, como los impuestos y tasas que recaen sobre el supergás, los elevados costos de comercialización y, fundamentalmente, la decisión adoptada por el actual gobierno de eliminar el subsidio que existía sobre el producto, buscando focalizarlo en los sectores de la población más vulnerable.
Pero otro de los grandes problemas que enfrentan no todos los uruguayos sino aquellos que residen en las zonas fronterizas con Brasil, especialmente quienes residen en la ciudad de Rivera, es el consumo de supergás procedente de firmas distribuidoras uruguayas que, clandestinamente, se trasvasa a garrafas de origen brasileño.
Esta circunstancia tomó oficialmente carácter público cuando el 13 de setiembre de 2023 la Dirección Nacional de Aduanas hizo una intervención en una empresa que comercializa supergás uruguayo en garrafas brasileñas. En esta oportunidad se incautaron envases de supergás que habían sido ingresados al país de contrabando y que estaban siendo rellenados con supergás de origen uruguayo.
Al día de hoy, gran parte de la población de Rivera, en el entorno del 90%, de acuerdo con versiones de prensa, consume supergás con garrafas brasileñas que contienen gas uruguayo. No es esperable que ese segmento de la población cambie su garrafa, dado que el costo de la garrafa uruguaya asciende a 3.990 pesos. Asimismo, existe otro problema, relacionado con las válvulas de conexión de las garrafas, ya que quienes tienen conexiones para las brasileñas no podrán hacer uso de las uruguayas.
Es importante resolver esta situación y que los habitantes de la frontera con Brasil utilicen los envases que se adapten, por razones de seguridad y legalidad, a la normativa nacional. Para que así sea se requiere una solución por parte de la administración actual, que junto con los agentes involucrados busque la forma de paliar esta situación.
Los recipientes que se utilicen en el territorio nacional deben cumplir con la reglamentación vigente. No obstante, se ha constatado que las garrafas brasileñas no cumplen con lo establecido en la normativa uruguaya.
Desde la perspectiva de la seguridad de los recipientes, la calidad y la cantidad de GLP entregado y la responsabilidad de los diferentes actores de la cadena de distribución, se plantean en la reglamentación una serie de normas técnicas que deben seguirse para el control de los recipientes antes, durante y después del llenado, los procedimientos de recalificación de los recipientes no aptos para el rellenado, el procedimiento de descarte de estos y el proceso de verificación de la cantidad de GLP envasado. Estas responsabilidades recaen en el distribuidor y el envasador, y se trata de tareas y responsabilidades que son controladas en nuestro país por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Otro de los grandes problemas que enfrentan los uruguayos que residen en las zonas fronterizas con Brasil es el consumo de supergás procedente de firmas distribuidoras uruguayas que se trasvasan a garrafas de origen brasileño.
Existen denuncias fundadas y verificadas por los inspectores de la Ursea que han constatado y verificado la comercialización de gas uruguayo en garrafas brasileñas. Asimismo, existen declaraciones la prensa en las que quienes llevan a cabo esta actividad admiten públicamente estos hechos. Esta circunstancia ha ameritado la imposición de multas por parte de la Ursea y decomisos de las garrafas por parte de Aduanas.
Sin embargo, pese al hecho de haber sido constatada esta actividad ilícita, las autoridades competentes no han podido ubicar el emplazamiento donde se lleva a cabo, en forma clandestina, el trasvase de supergás de las garrafas uruguayas a las brasileñas.
Más allá de la gravedad que implica el hecho de que se lleve a cabo una actividad totalmente ilícita en forma pública, contando con la aquiescencia de las autoridades públicas, la mayor preocupación radica en los problemas de seguridad, ya que las garrafas brasileñas son utilizadas en hogares y, según se ha informado, en organismos públicos. Debemos decir que gran parte de la población que hace uso de estas garrafas corre peligro, ya que se está haciendo uso de garrafas que no están siendo controladas.
Es importante destacar que si se busca una solución que implique la prohibición de la actividad, lo que sería lo correcto, quienes no tienen la capacidad de comprar el envase uruguayo cruzarán la frontera para recargar sus garrafas brasileñas del otro lado de la frontera. Esto sigue siendo peligroso e ilícito, además de significar una pérdida de mercado para las distribuidoras minoristas y envasadoras uruguayas.
Según el censo de 2011, en Rivera hay 35.000 hogares, y si estimamos que en cada uno de ellos hay dos garrafas, nos encontramos con que en esa ciudad hay aproximadamente 70.000 garrafas de origen brasileño siendo utilizadas con gas uruguayo. A este problema de Rivera se suman las mismas prácticas en departamentos limítrofes como Artigas, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha e incluso Tacuarembó. La situación se agrava a nivel país.
Por último, pero no por eso menos importante, las prácticas de trasvase, que se llevan a cabo clandestinamente, conllevan un riesgo de explosión e incendio inminente, poniendo en riesgo de vida a quienes llevan a cabo esta tarea, la que descontamos que no prevé medidas mínimas de seguridad.
Como director de la Ursea en representación del Frente Amplio he insistido en el directorio del organismo en la necesidad de apresurar la búsqueda de una solución integral a esta problemática que requiere medidas urgentes.
Roberto Chiazzaro es director de la Ursea en representación del Frente Amplio.