La Red de Mujeres Políticas (RMPU) tiene más de 32 años de vigencia, a lo ancho y largo del país. Fue fundada por mujeres políticas de todos los partidos con representación parlamentaria.
Desde sus inicios se constituyó como un espacio de articulación multipartidaria para impulsar una agenda de políticas públicas con perspectiva de género y promover el ingreso de mujeres a cargos de decisión política. Si bien la construcción de la agenda común era el objetivo central de la Red, las mujeres políticas también entendieron que avanzar en términos sustantivos en equidad de género implicaba que más mujeres con perspectiva de género ingresaran a espacios de representación y decisión política.
La escasa presencia de mujeres en cargos de este tipo en Uruguay estuvo en el centro de las preocupaciones de la Red. Para las mujeres políticas, el mal desempeño de este indicador era un signo de los desafíos más relevantes que enfrentaba la democracia uruguaya, ya que, pese a ser una democracia consolidada, no incluía políticamente a las mujeres.
A lo largo de los años la RMPU se fortaleció, extendiéndose a todo el país. Fueron temas centrales la participación política de las mujeres, la violencia basada en género, los derechos sexuales y reproductivos y la equidad salarial. Se consolidó como una plataforma de coordinación para que mujeres de todos los partidos políticos impulsaran, en conjunto, leyes para garantizar la equidad e igualdad en diversos ámbitos de la sociedad, así como observaran el cumplimiento de las leyes una vez que estas se aprobaron. A lo largo de su historia, coordinó agendas con diversas instituciones del Estado, organizaciones sociales, la academia, sindicatos y periodistas. Actualmente, se constituye en la experiencia más longeva y exitosa de articulación interpartidaria del país. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente como herramienta novedosa y sostenible para promover la igualdad.
En 2023, con el apoyo de ONU Mujeres, la RMPU realizó el ciclo Más y Mejor Democracia con el objetivo de construir la nueva agenda política de las mujeres políticas. A partir de cuatro encuentros regionales (Montevideo, Rivera, Salto y Maldonado), participaron más de 600 mujeres de diferentes partidos políticos de todo el país; fue el encuentro más grande organizado por la Red y todo el ciclo contó con exposiciones de expertas que brindaron insumos conceptuales y empíricos que apoyaron los debates partidarios que las mujeres políticas mantuvieron en cada uno de los encuentros regionales.
A su vez, de cara a la construcción de la Agenda 2023, la RMPU delineó una serie de instancias de intercambio con organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales, en los que las mujeres políticas destacaron los avances normativos de Uruguay de las últimas décadas en pos de la equidad de género, así como brechas persistentes en varios ámbitos, entre ellos el político. En este sentido, a lo largo del ciclo tres temas fueron abordados principalmente: la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos, la paridad en política y el problema para el acceso a financiamiento político.
Los acuerdos alcanzados en los encuentros fueron concebidos en términos de democracia paritaria, y la Agenda 2023 de la RUMP busca fortalecer el compromiso de promover una democracia de calidad, inclusiva, paritaria e igualitaria. Hoy las cuotas se implementan de manera minimalista en las listas, y también se les hacen trampas, debilitándose su expresión sustantiva al final del ciclo electoral.
El valor paritario como un valor general de las democracias debe materializarse en medidas concretas de políticas públicas. Implica la distribución equitativa de recursos, responsabilidades y reconocimiento entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. La inserción sustantiva de las mujeres en los espacios de decisión política depende de acciones que se tomen en la esfera político-partidaria a tal fin, pero también del equilibrio en la participación de hombres y mujeres en la vida económica, social y familiar. El principio paritario implica desarrollar políticas públicas que promuevan la autonomía de las mujeres en diferentes esferas de la vida en sociedad, colocando en el centro de la agenda el enfoque de derechos, igualdad y paridad.
La Ley 19.353 crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, un paso sustancial en términos de autonomía de las mujeres. Entre otras cosas, el Sistema de Cuidados “libera” tiempo que los miembros de las familias (mayoritariamente mujeres) dedican al cuidado de otros miembros del hogar que los requieren. La desigual distribución de las tareas de cuidados dentro de las familias en Uruguay compromete la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado y en la política. Avanzar en términos de autonomía para las mujeres requiere fortalecer y profundizar las políticas de cuidados existentes, para atenuar las desigualdades de oportunidades que promueven. Por eso, las mujeres políticas proponen fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, darle sostenibilidad presupuestal y jerarquizarlo como una política de Estado. Además, universalizar los centros CAIF, un sistema creado en la segunda década de 1980 que hoy garantiza el cuidado de las infancias en todo el territorio nacional.
En otro orden, no es posible pensar en términos de democracias paritarias si las mujeres experimentan violencias por motivos de género. Las violencias dañan el bienestar de las personas que las sufren y comprometen su inserción en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos. Los avances realizados en esta área han sido múltiples y han permitido adecuar la legislación uruguaya a los parámetros internacionales.
Entre estos avances se destacan en los últimos años: la Ley 19.538 sobre femicidio y discriminación, la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género o la Ley 19.643 de prevención y combate de la trata de personas. Pese a estos avances normativos, la violencia hacia las mujeres sigue siendo un fenómeno persistente con tasas de femicidios y denuncias de violencia doméstica en aumento en el conjunto de los delitos que se registran en el país. Aumentar el presupuesto para la correcta implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19.580) es un desafío de largo tiempo que nos compromete como sociedad. Nos posibilitará evaluarla de manera integral para promover modificaciones que mejoren su implementación y, por ende, la calidad de vida de las mujeres, niños y niñas y la sociedad en su conjunto.
Finalizando un año electoral, la agenda de las mujeres políticas fue invisible, una agenda que promueve igualdad e interpela al sistema político en general y a la sociedad en su conjunto.
En relación con el género y el cambio climático, los cambios del entorno afectan de forma desigual a mujeres y hombres debido a su desigual posición en las economías. En particular, los desafíos impuestos por el cambio climático impactan más sobre grupos que ya de por sí cuentan con menos recursos y mayores dificultades para su inserción productiva.
Desde una perspectiva de género sabemos que los impactos del cambio climático están vinculados a la desigualdad socioeconómica e inciden más sobre las mujeres debido a la posición de desventaja que estas tienen en las sociedades fruto de desigualdades laborales, sobrecarga de tareas de cuidado, formas de discriminación arraigadas, entre otros. La creación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencia y, luego, la creación del Ministerio de Ambiente han sido pilares relevantes para enfrentar los desafíos del cambio climático en el país. Estas políticas aún requieren incorporar de forma más sistemática los desiguales puntos de partida de hombres y mujeres frente al cambio climático. El diseño de políticas públicas con perspectiva de género ante el impacto del cambio climático y la promoción de políticas focalizadas en los sectores más vulnerables afectados por el cambio climático, con especial énfasis en las mujeres rurales y del agro, son propuestas de esta nueva agenda política de las mujeres políticas del Uruguay que reivindicamos y visibilizamos.
A más de 30 años de su creación, la Red es la expresión más duradera y exitosa de articulación multipartidaria en Uruguay, representa una herramienta imprescindible para las mujeres políticas y para el fortalecimiento de la democracia en Uruguay. Desde la fundación de la Red, Uruguay ha avanzado en términos de equidad de género; sin embargo, los desafíos persisten y se impone una nueva agenda de derechos, una agenda adaptada a los nuevos tiempos, asentada bajo la idea de la construcción de una democracia de mayor calidad.
Finalizando un año electoral, en el que los partidos políticos visibilizaron agendas programáticas y temas que cada uno decidió jerarquizar en el debate con la ciudadanía, la agenda de las mujeres políticas fue invisible, una agenda que promueve igualdad e interpela al sistema político en general y a la sociedad en su conjunto.
Las políticas públicas con perspectiva de género garantizan igualdad de oportunidades y derechos. No hablamos de ideologías, hablamos de la transformación de patrones culturales que ayuden a atenuar las desigualdades estructurales que persisten aún, a pesar de los avances y logros legislativos desde la reapertura democrática en 1985.
Las mujeres políticas estamos comprometidas con más y mejor democracia en Uruguay.
Andrea Maddalena fue prosecretaria nacional de Políticas de Género del Partido Colorado (2010-2021), directora de Descentralización de Inmujeres (Mides, 2021-2023) y es referente de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay (1992-2024).