Exploración sísmica y ausencia de una política petrolera nacional

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En 2015, los directores de unidades ejecutoras¹ con competencia en las actividades relacionadas con la exploración y explotación petrolera consensuaron un documento titulado “Bases para la construcción de una política de hidrocarburos en exploración y producción”. Este documento fue el resultado del trabajo interinstitucional de varios ministerios y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que fue valorado de manera muy positiva por todos los involucrados, los que también consideraron conveniente continuar con ese espacio de articulación y coordinación y cuyas bases de política y líneas de acción mantienen hoy total vigencia y resultan fundamentales para la etapa de prospecciones que se avecinan.

Las bases de dicha política son: preservar el interés nacional y la propiedad del recurso por parte del Estado; gobernanza colectiva; transparencia en los procesos y toma de decisiones; uso racional de los recursos naturales; gestión adecuada de la renta petrolera; aplicación de las mejores prácticas y tecnologías disponibles en temas ambientales, de seguridad y productivos.

El documento también incluía las líneas de acción identificadas por los grupos de trabajo interinstitucionales, las que también actualmente mantienen su vigencia y cuya priorización e implementación permitirá transitar rápidamente hacia la construcción de una política petrolera hoy inexistente.

Este proceso resulta clave iniciarlo previo a la discusión de la ley presupuestal 2025-2030. El próximo presupuesto debería considerar, en el marco descripto, la necesidad de fortalecer las capacidades de los organismos del Estado involucrados en cuanto a:

• Crear una instancia formal de coordinación interinstitucional para generar una política de hidrocarburos y dotarla de los medios necesarios para funcionar.

• Mejorar el equipamiento, en especial offshore, para los organismos involucrados y con responsabilidades de evaluación, conservación y control.

• Dotar de fondos para contratar los recursos humanos necesarios.

• Crear un programa de capacitación que permita fortalecer los recursos humanos de los distintos organismos con competencias y ampliar la masa crítica de investigación.

También es necesario continuar y profundizar trabajos ya iniciados con relación al ambiente, a los recursos vivos y a las actividades en el mar uruguayo, como:

• Dar formalidad y jerarquizar una comisión interinstitucional con el fin de planificar el uso y la gestión del espacio marino y las áreas costeras (sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los organismos involucrados).

• Mejorar y/o elaborar líneas de base ambientales de aquellas áreas que pueden ser afectadas directa o indirectamente por las actividades.

• Revisar los acuerdos de capacitación establecidos por Ancap y las compañías de exploración o explotación a la luz de las necesidades de los organismos competentes en materia ambiental y de conservación de recursos vivos, así como otros actores involucrados (navegación, seguridad, etcétera).

• Analizar las necesidades de legislación existentes y enviar al Parlamento para su tratamiento inmediato aquellas que sean prioritarias.

Esto es un breve resumen de aquello que entendemos conveniente y necesario, en lo inmediato, sobre todo en relación a nuestra área de actividad, que es la conservación de los recursos vivos y la pesca. El documento, fruto de un consenso de directores de diez ministerios y la OPP, con amplio respaldo político², si bien necesita ser revisado a diez años de su elaboración, mantiene totalmente su vigencia, por lo que antes de proceder a las exploraciones sísmicas en esta ronda es necesario avanzar en los lineamientos recomendados. Por suerte encontramos a nuestro país en una situación diferente en cuanto a la dependencia de combustibles fósiles y habiendo transitado un camino exitoso de transición energética hacia fuentes renovables.

Los estudios de impacto ambiental presentados por PGS y Viridien (en diciembre de 2024 y febrero de 2025, respectivamente) para la exploración sísmica dejan muchísimas dudas e incertidumbre sobre las afectaciones a la biota y la actividad pesquera. Y falta todavía que se presenten los estudios de otras empresas. Esta incertidumbre, sumada a la pésima experiencia de las prospecciones de 2012-2014, se reflejan en una percepción social totalmente negativa, reflejada en el estudio de impacto ambiental presentado por Viridien.

Por otra parte, resulta llamativa la posición de Ancap en cuanto a que las empresas exploradoras o productoras deban asumir, en forma exclusiva y total, la responsabilidad por todos los daños y perjuicios causados por ellas, su personal o sus subcontratistas. Si bien esto puede parecer razonable, no lo es para un ente nacional, al que todos los uruguayos hemos defendido y defendemos. Que Ancap transfiera su “responsabilidad social” a empresas extranjeras, de las más poderosas a nivel global y no residentes en el país (que en una audiencia pública manifestaron que estaban dispuestas a subvencionar a los trabajadores de la pesca, si resultaban perjudicados, con 20 cursos de inglés gratuitos), no parece cumplir con su visión institucional de ser una empresa comprometida con la incorporación de energías renovables, la sustentabilidad y el desarrollo productivo y social del país.

Incluso, en el estudio de impacto ambiental presentado por Viridien, los autores del capítulo sobre percepción social concluyen que “es fundamental el rol que Ancap, como promotora de las actividades, debe cumplir y se recomienda un mayor involucramiento del ente en el proceso de intercambio con las partes interesadas”.

En este escenario, este gobierno debería consensuar y priorizar las líneas de acción que permitan definir una política petrolera nacional, y sólo después de definida esa política de Estado, analizar si es conveniente y necesario continuar con estas exploraciones que pueden tener impactos ambientales y sociales fuertemente negativos.

Daniel Giraldoni fue titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.