Sorprendieron a gran parte de la ciudadanía las propuestas realizadas por el exfiscal Gustavo Zubía, actual senador de la República, en relación a la Ley 19.580 y sus potenciales modificaciones para una mejor implementación. Referentes políticos, propios y ajenos al Partido Colorado, fueron sorprendidos también por los cambios planteados, que implican el análisis por parte del Poder Judicial de la historia sexual de las víctimas que denuncian violencia basada en género.
La importancia de disponer de pruebas, en cantidad y calidad, por parte de quienes deben realizar valoraciones en tanto delitos por violencia de género no está en discusión alguna, en el entendido de que no es un delito como cualquier otro, y que cada situación delata una realidad compleja en la órbita intrafamiliar, única e intransferible.
Las leyes son todas perfectibles. Todas lo son. En particular, en la que se hace referencia, la falta de presupuesto necesario, desde su aprobación, reglamentación y vigencia, conspira sostenidamente contra una efectiva implementación y evaluación de resultados para poder concluir y abordar un análisis serio, responsable e integral de la norma jurídica que nos permita establecer acciones entre el Estado y los ciudadanos. Para eso se elaboran las leyes, para regular conductas humanas y promover una adecuada y justa convivencia dentro de la sociedad.
Las sociedades son dinámicas, los partidos políticos deberían serlo también. Para ello, deben tener la capacidad de comprometer y formar recursos humanos especializados en los temas que la ciudadanía demanda atender y solucionar a corto, mediano y largo plazo.
En 2010, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se creó la Prosecretaría Nacional de Políticas de Género, con el respaldo y la voluntad política del sector Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, quien asumía la responsabilidad de la Secretaría General. La integran personas con idoneidad probada en temas de género, derecho, políticas públicas, derechos humanos, entre otros, comprometidas con dichas temáticas.
No compartimos la forma en que representantes de un sector del PC han expresado preocupación por la violencia basada en género. Tan importante es preocuparnos por el problema como la forma en que debemos ocuparnos de las soluciones.
Entendiendo la perspectiva de género como una herramienta que permite comprender y cuestionar las desigualdades, con el objetivo de promover equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la transversalización de las políticas públicas con dicha perspectiva resulta imprescindible para generar transformaciones culturales que consoliden una sociedad más próspera y justa.
En relación a las violencias sociales, en particular la basada en género, el Estado tiene una prolongada deuda con la sociedad uruguaya. Deambular por el Estado todo, por parte de las víctimas de violencia que se animan a denunciar, resulta un verdadero calvario, individual y familiar. Calvario significa sucesión de adversidades y pesadumbres; suplicio, tormento, martirio, penalidad, tortura, entre otros.
Obviamente, no compartimos la forma en que representantes de un sector del Partido Colorado han expresado preocupación por la violencia basada en género. Tan importante es preocuparnos por el problema como la forma en que debemos ocuparnos de las soluciones.
En esta oportunidad, la perspectiva del derecho penal ha primado frente a los valores y principios del batllismo; ambos enfoques no son excluyentes. El carácter excluyente se habilita cuando quien propone desde el partido de José Batlle y Ordóñez no jerarquiza en su persona ni en su rol de interlocutor su condición de batllista, y sigue siendo, desde lo simbólico, un exfiscal de la Nación.
La violencia basada en género está atravesada por dimensiones infinitas que hacen a la condición humana. El humanismo y la sensibilidad social son valores identitarios del batllismo. Comprender y cuestionar desigualdades es parte de esa identidad; la misma que nos sigue obligando a comprometer nuestra participación en el diseño y la implementación de las políticas públicas y en la incorporación de perspectivas que garanticen igualdad y justicia social.
Hubo errores en las formas y oportunidad para reflexionar, corregir y seguir profundizando colectivamente, sobre realidades que nos interpelan como sociedad y no admiten horrores ni esperas a la hora de la toma de decisión política partidaria.
Andrea Maddalena fue prosecretaria nacional de Políticas de Género del Partido Colorado (2010-2020) y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (2010-2020). Fue directora de Descentralización de Inmujeres (2021-2023).