El 29 de marzo, la Comedia Nacional estrenó Antígona, la clásica tragedia de Sófocles reinterpretada por el director español Miguel del Arco. La obra permaneció en cartelera hasta el 26 de abril y, casi sin proponérselo, terminó dialogando de manera muy directa con una discusión política que atravesó fugazmente la agenda pública uruguaya: la posibilidad dentro de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que apuntaba a permitir la libertad anticipada de personas privadas de libertad que hubieran cumplido las tres cuartas partes de su condena.
“La impiedad nunca podrá ser ley”, dice Antígona en uno de los momentos más intensos de la obra, enfrentándose al rey Creonte, quien prohíbe enterrar a su hermano por considerarlo un traidor al pueblo. La tragedia gira en torno a ese conflicto central: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado en nombre del orden? ¿Qué ocurre cuando la ley pierde toda dimensión humana? ¿Puede una sociedad sostenerse únicamente sobre el castigo?
Las preguntas que atraviesan a Antígona son también las preguntas que sobrevuelan cualquier discusión seria sobre el sistema penitenciario. Y, sin embargo, en Uruguay el debate duró apenas unos días antes de ser rápidamente clausurado. El gobierno retrocedió ante la presión política y mediática, mientras la oposición celebró la marcha atrás como una victoria en defensa de la seguridad pública. Una vez más, el tema carcelario quedó reducido a consignas simples, reacciones inmediatas y discursos de endurecimiento penal que hace años dominan buena parte de la discusión pública.
La reciente interpelación del senador Pedro Bordaberry al ministro Carlos Negro también dejó en evidencia las dificultades que tiene el sistema político uruguayo para discutir seriamente sobre seguridad. Más allá de la repercusión mediática posterior y de la coincidencia con la marcha atrás del gobierno respecto a la reforma del CPP, la instancia aportó poco en términos de propuestas estructurales para enfrentar los problemas de violencia y reincidencia que atraviesa el país. La discusión volvió a girar principalmente alrededor del endurecimiento penal y de la construcción de rédito político inmediato, mientras los problemas de fondo permanecen prácticamente intactos.
Hay una contradicción profunda que como sociedad seguimos sin querer enfrentar: no se puede reclamar más seguridad y al mismo tiempo exigir cárceles pensadas únicamente para el sufrimiento. No se puede pedir reinserción mientras se eliminan todos los incentivos posibles para que alguien efectivamente quiera reinsertarse. Un sistema penitenciario construido exclusivamente sobre el castigo no produce más convivencia; produce más violencia, más resentimiento y, finalmente, más delito.
La discusión sobre la reforma del CPP no implicaba liberar masivamente presos, como rápidamente se intentó instalar. Lo que se discutía era la posibilidad de que determinadas personas privadas de libertad pudieran acceder a una reducción parcial de su pena si demostraban procesos reales de estudio, trabajo y buena conducta. Es decir: si existía evidencia concreta de que durante su tránsito por el sistema penitenciario habían intentado construir condiciones distintas para su vida futura.
La pregunta es inevitable: ¿qué motivación real tiene hoy una persona privada de libertad para estudiar, trabajar o sostener buena conducta si todo eso no tiene ninguna consecuencia tangible sobre su condena?
La propia Constitución de la República, en su artículo 26, establece con claridad que: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Sin embargo, muchas veces esa formulación parece existir únicamente como una declaración moral escrita elegantemente en el papel, mientras la realidad cotidiana de las cárceles uruguayas avanza exactamente en sentido contrario.
Las cárceles uruguayas dejaron de ser espacios de rehabilitación hace tiempo. El hacinamiento, la violencia, las enfermedades, la convivencia permanente con condiciones degradantes y la ausencia de oportunidades reales transforman el encierro en una experiencia de supervivencia constante. Y cuando una institución solamente degrada, difícilmente pueda luego exigir integración social.
Hay una contradicción profunda que como sociedad seguimos sin querer enfrentar: no se puede reclamar más seguridad y al mismo tiempo exigir cárceles pensadas únicamente para el sufrimiento.
Cada día salen decenas de personas de las cárceles uruguayas. Esa es una realidad inevitable. La discusión seria no debería ser si salen o no salen, sino en qué condiciones salen. Porque una sociedad que convierte sus cárceles en depósitos humanos está preparando el fracaso futuro de su propia convivencia.
Quien pasa años encerrado sin estudiar, sin trabajar, sin construir vínculos positivos, sin herramientas para sostener otra vida posible, difícilmente salga mejor preparado para habitar la sociedad. Por el contrario: muchas veces sale con más rencor, más violencia acumulada y menos posibilidades de construir un proyecto de vida fuera del delito. Pensar esto no implica ingenuidad ni romantización, sino comprender cómo funcionan los procesos sociales y cómo se reproduce la violencia.
Es justamente ahí donde Antígona vuelve a interpelarnos. En la tragedia de Sófocles, Creonte termina comprendiendo demasiado tarde el daño que provocó su propia intransigencia. Cuando finalmente advierte que la ley aplicada sin humanidad destruyó a su familia, a su pueblo y a sí mismo, ya no queda nada por reparar. La tragedia no surge solamente de su dureza inicial, sino de su incapacidad para entender a tiempo que ningún orden político puede sostenerse únicamente sobre el castigo y la humillación.
Algo parecido ocurre cada vez que una sociedad cree que puede resolver sus problemas de convivencia únicamente endureciendo penas y degradando las condiciones de encierro. Porque las consecuencias de esa lógica no permanecen encerradas tras los muros de la cárcel: terminan regresando inevitablemente a la propia sociedad.
Durante años, buena parte del discurso político instaló la idea de que endurecer penas, limitar beneficios y aumentar el castigo equivalía automáticamente a producir más seguridad. Sin embargo, los problemas de convivencia y violencia continúan creciendo, gobierne quien gobierne. Cambian los partidos, cambian los ministros, cambian los discursos de campaña, pero el problema persiste porque rara vez se discuten sus causas estructurales.
Y una de esas causas estructurales es nuestro sistema penitenciario. Cuando el castigo pierde cualquier horizonte de reinserción, la pena deja de funcionar como instrumento de convivencia y pasa a convertirse simplemente en administración del sufrimiento y el rencor hacia toda la sociedad.
Antígona no discute únicamente el derecho a enterrar un cuerpo, sino algo mucho más profundo: qué ocurre cuando el poder político cree que puede construir orden anulando toda forma de humanidad. Creonte representa esa lógica en la que la ley se endurece hasta perder cualquier capacidad de reconocer al otro como persona. Y la tragedia muestra que ese camino no fortalece a la sociedad: termina destruyéndola desde adentro.
En Uruguay muchas veces discutimos seguridad desde el enojo, el miedo o el impacto inmediato de los hechos violentos, pero rara vez nos detenemos a pensar qué tipo de sistema penal produce realmente mejores condiciones de convivencia a largo plazo. La respuesta no puede ser simplemente que las personas “se pudran en la cárcel”. Porque si el único objetivo del encierro fuera el sufrimiento, más económico y práctico sería la pena de muerte.
Sostener cárceles degradadas implica enormes costos económicos, institucionales y humanos para el propio Estado. Recursos destinados únicamente a administrar hacinamiento, violencia y desesperación terminan reproduciendo el mismo problema que supuestamente buscan combatir. Apostar por educación, trabajo y reinserción no es solamente una posición humanitaria; también es una política pública más racional y más efectiva.
El perdón, la posibilidad de cambio y la idea misma de redención no pueden desaparecer completamente de una sociedad sin que eso tenga consecuencias profundas sobre su forma de organizarse. Ninguna convivencia democrática puede sostenerse únicamente sobre la exclusión permanente de sectores enteros de la población.
Por eso resulta preocupante la facilidad con la que se abandonó esta discusión. La presión de sectores políticos opositores, la lógica de impacto mediático y también las legítimas preocupaciones de organizaciones vinculadas a los crímenes de lesa humanidad terminaron clausurando rápidamente un debate que recién comenzaba y que merecía mucha más profundidad. Porque discutir incentivos para la rehabilitación no significa desconocer la gravedad de determinados delitos ni relativizar el dolor de las víctimas. Significa preguntarse seriamente qué tipo de sistema penitenciario queremos construir.
Y esa discusión sigue pendiente.
No podemos continuar reclamando seguridad mientras sostenemos condiciones carcelarias que producen más violencia. No podemos sorprendernos por la reincidencia mientras organizamos instituciones que expulsan todavía más a quienes pasan por ellas. Y no podemos seguir creyendo que la solución aparecerá únicamente aumentando penas o endureciendo discursos.
Hace más de dos mil años, Sófocles ya advertía en Antígona que “la impiedad nunca podía convertirse en ley”. La vigencia de esa frase no está solamente en el teatro. También está presente cada vez que una sociedad decide si quiere construir convivencia desde la dignidad humana o desde la degradación. Cuando la ley abandona toda idea de humanidad, deja de proteger a la sociedad y comienza a deteriorarla.
Lucas Arismendi es profesor de Historia.