Barrios que resisten: organizarse frente al miedo y el dolor

En los últimos años, la violencia territorial se ha consolidado como uno de los problemas más complejos y urgentes en Montevideo y en el resto del país. Aunque durante mucho tiempo permaneció en los márgenes del debate público, hoy atraviesa la vida cotidiana de numerosos barrios y pone en evidencia tensiones sociales profundas. En áreas identificadas por investigadores como “cinturones de homicidios”, la violencia adopta características particulares: disputas entre grupos delictivos, presencia de armas de fuego y una alta incidencia de asesinatos de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, reducir el fenómeno a la criminalidad sería simplificarlo. En estos territorios, la violencia es también el resultado de procesos sociales acumulados, donde confluyen pobreza, precarización laboral, dificultades de acceso a la educación y limitadas oportunidades de una vida digna.

La vida en estos barrios está atravesada por una tensión constante. Los enfrentamientos entre grupos, los llamados “ajustes de cuentas” y la circulación de armas generan un clima de inseguridad que impacta especialmente en las juventudes. Los jóvenes aparecen, al mismo tiempo, como principales víctimas y como actores atrapados en contextos donde las oportunidades son escasas. En este sentido, el concepto de juvenicidio ha sido utilizado en América Latina para describir la muerte sistemática de jóvenes en contextos de exclusión, donde la violencia se vuelve una experiencia cotidiana y la expectativa de futuro se diluye. En esta línea, la investigadora mexicana Rossana Reguillo plantea que el cuerpo joven se convierte en un territorio donde la vida pierde valor, inserto en una lógica necropolítica en la que los asesinatos y desapariciones de personas jóvenes suelen interpretarse, desde miradas despolitizadas, como hechos aislados.

Esta realidad no es ajena a las infancias. Niños y niñas crecen en entornos donde los disparos, el miedo y la violencia forman parte de la vida diaria. Investigaciones recientes muestran cómo estos contextos afectan sus trayectorias educativas, su relación con el espacio público e incluso sus formas de juego. La violencia deja de ser un hecho excepcional para convertirse en una presencia constante que condiciona el desarrollo emocional y social.

No se puede dejar de mencionar una realidad aún más dolorosa que el colectivo LaVidaVale comenzó a denunciar y que la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) tomó como una de sus banderas. Bajo la consigna “No son balas perdidas” busca enfatizar que el baleo y asesinato de niños, niñas y adolescentes no constituyen episodios accidentales, sino manifestaciones de una violencia social sistemática vinculada al crimen organizado, la desigualdad y la insuficiente protección estatal. 2025 dejó en evidencia un escenario alarmante de violencia hacia las infancias y adolescencias, con 17 asesinatos y 48 heridos de bala. Y en lo que va de este año, 22 niños, niñas y adolescentes –entre ellos un bebé de 6 meses– fueron heridos de bala en este contexto.

A pesar de las denuncias, sigue preocupando la invisibilidad de las víctimas. De acuerdo con Jean-Claude Bourdin, la invisibilidad es una forma de violencia activa que implica una práctica de violencia simbólica, sustentada en “no ver ni oír a quien está ahí y toma la palabra”.¹ Esta lógica se expresa en muchos de los homicidios en barrios periféricos que no logran trascender el ámbito local o son tratados de manera superficial. Las familias, además de enfrentar el dolor de la pérdida, deben lidiar con la falta de respuestas efectivas por parte de las instituciones. En ocasiones, son las mismas familias quienes asumen tareas de investigación, exponiéndose a riesgos adicionales en contextos donde la protección estatal parece limitada.

Frente a este panorama, la organización comunitaria emerge como una forma de resistencia. A título de ejemplo, el colectivo LaVidaVale nace a partir del asesinato de Micaela y Gabriel frente al cual vecinos, vecinas y familiares comenzaron a reunirse para compartir experiencias y canalizar sus reclamos. El colectivo logró instalar el tema en la agenda pública a través de marchas, encuentros interbarriales y acciones en medios de comunicación. Su discurso combina la denuncia de la violencia con una apelación directa a la sociedad: todas las vidas tienen el mismo valor. Este mensaje, sencillo pero contundente, cuestiona la naturalización de la violencia en determinados territorios y exige una mirada más amplia sobre sus causas.

A lo largo de su proceso de organización, LaVidaVale ha desarrollado propuestas concretas que surgen de las experiencias cotidianas de las comunidades afectadas. Entre ellas se destacan la necesidad de fortalecer la inversión en políticas sociales, implementar programas de atención en salud mental, regular la circulación de armas y garantizar una presencia estatal integral que vaya más allá del enfoque punitivo. La idea de “más Estado” no se plantea en términos de mayor represión, sino de una intervención que asegure derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo.

Asimismo, el colectivo propone la creación de espacios de articulación comunitaria que involucren a distintos niveles de gobierno, con el objetivo de construir respuestas sostenidas y adaptadas a las realidades territoriales. Estas iniciativas reflejan un cambio de enfoque: de la reacción ante la violencia a la prevención y la construcción de convivencia.

En este proceso también ha sido relevante el vínculo con la Universidad de la República,² que ha acompañado el trabajo del colectivo a través de distintas instancias de investigación y extensión. Esta articulación permite integrar el conocimiento académico con las experiencias de los territorios, generando herramientas para comprender mejor el fenómeno y fortalecer las capacidades organizativas.

La violencia territorial en Montevideo plantea, en definitiva, un desafío que trasciende los barrios más afectados. Interpela al conjunto de la sociedad y pone en cuestión las formas en que se abordan la desigualdad y la exclusión. La experiencia de organización comunitaria muestra que es posible transformar el dolor en acción colectiva y política, pero también evidencia la necesidad de políticas públicas integrales que acompañen estos procesos. En los territorios no solo se expresan las consecuencias de la desigualdad, sino también formas de resistencia comunitaria que sostienen la vida cotidiana y que colocan el reclamo claro y persistente: el derecho a una vida digna.

Ana Laura Cafaro es magíster en Trabajo Social, docente e investigadora en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Integró en representación de la Facultad de Ciencias Sociales la Mesa de Servicios Udelar en Casavalle y el colectivo LaVidaVale (2022 a 2025).