En las últimas semanas hemos sido testigos de hechos que, en cualquier sociedad que se considere mínimamente justa, generan escándalo. Personas bajo la tutela del Estado asesinadas en cárceles uruguayas; otros que mueren en la calle por frío. Todas ellas abandonadas por un Estado que reconoce y diagnostica, pero no actúa. Tragedias que se repiten mientras los gobiernos –este y los anteriores– insisten en que recibieron un sistema carcelario colapsado, una situación de calle alarmante. La culpa, dicen, es de la herencia maldita que no nos permite avanzar. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar la inercia disfrazada de análisis?
Uruguay es un país excepcionalmente politizado. En pocos lugares se discute tanto de política, con tanta pasión y tanta opinión, desde los medios hasta la sobremesa. Un país donde la política, junto con el fútbol, ha ocupado el lugar de la religión. Casi todos tenemos opinión sobre los temas de actualidad y solemos escuchar que cada tragedia nos interpela a todos por igual. Pero no. No somos todos igualmente responsables. Tal vez deberíamos preguntarnos, entonces: ¿cuál es el rol de los representantes en una república?
Esto no debe malinterpretarse. Sin duda, estos temas nos conmueven y nos preocupan. Eso motiva este artículo y tantas líneas que han sido escritas. Pero en el contrato social que establecimos hace ya mucho tiempo, en el que elegimos periódicamente a nuestros gobernantes para que nos representen, ¿no son ellos los que deben llevar adelante políticas para atender estos problemas? A nosotros nos queda el control, la crítica, el reclamo. Pero jamás la responsabilidad.
Quizás en un país tan politizado la contracara sea que nunca dejamos de estar en campaña. Pero, mientras tanto, hay personas que mueren en la calle. Otras son asesinadas en cárceles que no rehabilitan, sino que profundizan la violencia. La inseguridad golpea a los uruguayos cada día, y el costo de vida es asfixiante. No estamos hablando de situaciones nuevas. No son tragedias súbitas ni problemas imprevisibles. Son deudas históricas que el sistema político arrastra desde hace años. Y ya no hay excusas.
No necesitamos seguir escuchando que las personas en situación de calle aumentaron en el período pasado, ni que el sistema penitenciario ya venía mal. Eso ya lo sabíamos. Para eso los elegimos: para cambiarlo.
Entonces, ¿por qué, en lugar de trabajar en soluciones reales, escuchamos a diario a decenas de representantes, tanto del gobierno como de la oposición, pasarse la responsabilidad unos a otros? Estamos en un momento único desde el retorno a la democracia: todos los principales partidos de Uruguay han pasado tanto por el gobierno como por la oposición. Ahora el Frente Amplio vuelve al poder tras un período fuera del Ejecutivo. A esto se suma la ausencia de mayorías en la Cámara de Representantes, que obliga a construir acuerdos. Y quizás ahí esté la llave para diseñar políticas públicas estables que trasciendan gobiernos y sobrevivan a los cambios de color político.
Este gobierno fue electo por una mayoría ciudadana que juzgó insuficiente la gestión anterior. Por lo tanto, no necesitamos seguir escuchando que las personas en situación de calle aumentaron en el período pasado, ni que el sistema penitenciario ya venía mal. Eso ya lo sabíamos. Para eso los elegimos: para cambiarlo. Para actuar. Para tomar decisiones. Pero que no sigan eligiendo la cómoda trinchera de la crítica retrospectiva mientras el presente se desangra.
A todos ellos les decimos: ya está. No queremos más diagnósticos sin propuestas. No queremos más culpas cruzadas ni discursos de campaña. Queremos políticas. Queremos compromiso. Queremos que el Estado deje de mirar para el costado. Porque, señor presidente, la causa de los pueblos no admite la menor demora.
Rodrigo Coniglio es ingeniero químico, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.