Chile: terquedad de los bienes privados

Editar

Más allá de las razones de coyuntura que puedan explicar el resultado de las últimas elecciones en Chile, planteo una intuición: que la ciudadanía chilena viene dando muestras de no convivir bien con esto de ponerle el cuerpo al trabajo y a los impuestos, sin gozar de vigorosos bienes públicos en contraprestación. Entonces, creo, fue probando con diversas alternativas: primero, la democracia cristiana dentro de la centroizquierda, después fue el turno del socialismo, luego la Nueva Mayoría, después por dos veces no consecutivas la derecha, en 2020 una nueva izquierda generacional condensada en el Frente Amplio, y ahora una nueva derecha, que surgió para combatir a la nueva izquierda.

Sabemos

Sabemos que el domingo 14 de diciembre el candidato de ultraderecha José Antonio Kast se impuso por 58% a la candidata de centroizquierda Jeannette Jara, que obtuvo 42%. También conocemos las razones de los analistas para dar cuenta del resultado. Entre otras: demanda de orden, rechazo a la inmigración irregular, moderación discursiva del candidato electo, “voto impugnador” tendiente a remover al partido gobernante y apoyos electorales externos. También se han esgrimido errores del gobierno encabezado por Gabriel Boric, como por ejemplo el impulso dado a una agenda multicultural que si bien alineó a minorías activas, no sintonizó con la sensibilidad mayoritaria. Por último, sabemos que mientras Chile tiene una sensación de inseguridad que supera a la de México y Colombia, su tasa de homicidios es cuatro veces inferior, y que este miedo fue capturado por las derechas, especialmente por Kast.

Más allá de estas razones coyunturales, me pregunto por la persistencia de ese estado difuso al que el politólogo Norbert Lechner bautizó en 1998 como “malestar”, que la generación de Boric endosó a las políticas de la Concertación, y que probablemente nombre también hoy el ánimo colectivo en algunas democracias plenas que, sin embargo, carecen de una fuerte protección social, como es el caso de Chile.

Para esto miro al país a la distancia, en la mediana duración. Refiero a un sentimiento de insatisfacción, latente durante los años 90, pero manifiesto durante este siglo en tres ocasiones: la revolución de los pingüinos de 2006, la rebelión universitaria de 2011 y el “estallido social” de 2019, atravesado por un mismo eje: el reclamo cada vez más generalizado por gratuidad; la demanda de bienes públicos, que en Chile son privados. Me pregunto si el costado oculto del malestar no remite a un silencioso sentimiento de inseguridad, no reductible a la inseguridad ciudadana, que abraza aspectos de irrelevancia o déficit en el aseguramiento social.

Inseguridad, símbolo de condensación

El sociólogo Rafael Bayce decía hace 25 años, en una entrevista de la revista Tres: “La inseguridad es un símbolo de condensación, diría Murray Edelman, porque condensa otros temores que no son específicamente preguntados. Las encuestadoras de opinión preguntan por la seguridad criminal pero no preguntan por otras inseguridades. Entonces es la criminalidad, y no las restantes sensaciones de inseguridad, la que se convierte en símbolo de condensación. Condensa inseguridades estructurales de la sociedad contemporánea: la velocidad del cambio, la relatividad de las culturas, el contacto con lo diferente, todo lo cual hace que la gente se sienta estructuralmente insegura”.

Parece ser el caso de la actual sociedad chilena: “Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre. Se trata de un nivel de inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores”.¹

Un abogado del diablo podrá decir que “no tendría sentido votar a la derecha si lo que en el fondo quiere la gente es acceso gratuito a mejores servicios sociales en vez de tener que comprarlos. Sin embargo, los chilenos no votaron a un profeta del mercado como Johannes Kaiser, sino a un portavoz del principio del orden en primer lugar (Kast), y en segundo lugar a una defensora de los bienes públicos (Jara). Además, probablemente ni este tema ni otros sean inteligibles a partir del vector izquierda/derecha, tampoco en Chile, que es uno de los países de América Latina donde mayor presencia ha ocupado antes y después de la dictadura.

Chile fue el único país latinoamericano en transitar desde un modelo desarrollista basado en el “crecimiento hacia dentro” a otro modelo apoyado en el “crecimiento hacia fuera” a través del comercio, las finanzas, las industrias culturales y las tecnologías de la información, sin mediar presión de las instituciones financieras internacionales. Este cambio estuvo basado en la ideología, no en intereses clasistas: estos fueron creados a posteriori. Además, Chile fue el único país del mundo que condujo el neoliberalismo –limitado a las finanzas y el comercio en las demás naciones– también al área social: sólo la fuerza hizo posible esta mutación en el universo del bienestar.

Los bienes públicos, como la salud, la educación y las pensiones, fueron convertidos en bienes privados: hubo que pagar por ellos, lo que equivale a una contrarrevolución en la arquitectura del bienestar.

En cuanto a la reforma de pensiones, Chile fue el primer país en privatizar el sistema, al liquidar el régimen de reparto e implantar la capitalización individual a manos de aseguradoras privadas, relevando a los empleadores de todo aporte. La reforma de la salud fue otra privatización; los trabajadores y pensionados debieron contribuir con el 7% de su ingreso mensual para pagar el seguro de salud.

La reforma educativa constituyó la tercera privatización. El Estado, en vez de financiar los centros educativos, financió a las familias de los alumnos a través de un sistema de vales, cambiando el foco del financiamiento desde la oferta hacia la demanda. Las familias –acicateadas por la propaganda de los privados–, con la intención de brindar la mejor educación a sus hijos, invirtieron su bono en los centros privados y privados subvencionados. Pero como el monto del voucher no alcanzaba para sufragar el centro privado, debieron desembolsar la diferencia de su propio bolsillo. La privatización es doble: desvía fondos públicos hacia escuelas privadas, y aumenta el gasto de bolsillo a través del copago, en un bien considerado público. Asimismo, la reforma contiene un mecanismo implícito de segmentación. Los centros públicos quedan desfinanciados desde el arranque porque los sectores con mayor poder adquisitivo no colaboran a su financiación. A ellos sólo concurren los hijos de las clases bajas, que quedan rehenes de una educación con pocos recursos: una educación pobre para pobres. La segmentación educativa, pues, no va escalando en “escalafones compartimentados” a lo largo del tiempo: forma parte constitutiva de la política.

Izquierda neoliberal

Chile transitó de una política neoliberal enragé bajo la dictadura a una política neoliberal pragmática durante los gobiernos democráticos, según Patricio Silva.² El diseño neoliberal de estas políticas fue mantenido, con reformas, por los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, el gobierno de la Nueva Mayoría, los dos gobiernos de Piñera y el gobierno del Frente Amplio. La respuesta de la izquierda puede ser entendida a la luz de varios factores: reducir las incertidumbres de la política, eludir un conflicto frontal con el empresariado, deslizar correctivos graduales en beneficio de los menos favorecidos, impedir que los movimientos sociales fijen la agenda institucional. Además, el balance de fuerzas en el Parlamento fue generalmente de empate entre la derecha y la centroizquierda, por lo que cambiar la matriz no era tarea fácil, al punto de que al día de hoy la alternancia de centroizquierdas cada vez más de izquierda no lo ha logrado. Por último, una cosa es transitar hacia la democracia política y otra distinta es revertir un régimen del bienestar basado en el mercado: las empresas constituidas en la educación, las pensiones y la salud se erigieron en poderosos actores de veto.

Durante los 20 años en que gobernó la Concertación (1990-2010) se hicieron correctivos, generalmente marginales, en las tres áreas referidas. Ninguno de ellos tomó en cuenta la voz de las organizaciones sociales. Todos fueron diseñados bajo una modalidad tecnocrática, desde arriba, por un cuerpo de especialistas, sin considerar los intereses de los grupos afectados.

Es cierto que hubo variabilidad entre las políticas. Muchas de ellas fueron “políticas de parches”: por ejemplo, la mayoría de las reformas en la educación hasta hoy, al punto de que el gobierno de Boric debió desandar la promesa de gratuidad para la enseñanza universitaria. Otras iniciativas tuvieron mayor calado. La reforma de la salud bajo el gobierno de Ricardo Lagos cubrió 69 patologías nuevas, reconoció el derecho a un examen anual de medicina preventiva para la detección temprana de enfermedades, brindó acceso sin costo a una lista de fármacos, dio cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Efectivamente logró sacar de la lógica de mercado prestaciones y medicamentos, a pesar de lo cual siguió habiendo excluidos: el sector informal no pobre quedó afuera. Finalmente, la política de pensiones en el primer gobierno de Michelle Bachelet tuvo cierto alcance universal, pero mantuvo el sistema privado y la capitalización individual como corazón del sistema.

Izquierda en debate

A fines de los años 1990 comienzan a aparecer algunas voces críticas entre la intelectualidad. El libro del sociólogo Tomás Moulián Chile actual, anatomía de un mito, de 1997, fue clave: rompió un consenso. Al año siguiente detonó un choque de opiniones a la interna del partido de gobierno, en un contexto donde faltaba un lenguaje que expresara alternativas al neoliberalismo entre las élites gobernantes y en que predominaban los razonables “dobles pensamientos” entre las clases subalternas. En ese año se hizo público un diagnóstico de intelectuales identificados con la Concertación de Partidos por la Democracia en que señalaban un difundido malestar en la sociedad chilena basado en cinco puntos: desigualdades persistentes; políticas gubernamentales de tipo neoliberal favorables a la mercantilización de bienes públicos; frustración con la transición democrática; un conjunto de inseguridades y miedos; y los avances de una cultura fincada en el individualismo, la desconfianza y el consumo.

Este diagnóstico fue respondido públicamente por el secretario general de gobierno en el período 1994-1998, el sociólogo José Joaquín Brunner, de la Democracia Cristiana. Al argumento sobre el malestar, Brunner respondió que, según los datos, el 59% de los chilenos se encuentran muy satisfechos o satisfechos con su vida, y alertó que “alguien podría retrucar que la gente se ha vuelto autocomplaciente o tiene ‘falsa conciencia’ de su propia situación”. Adujo que el concepto de “malestar” es usado de forma difusa y confusa, situándolo en dos niveles por completo distintos: uno es el nivel que suele llamarse “malestar de época” propio de la modernidad, que es macro; otro es el “malestar empírico”, que busca reflejar situaciones micro, de grupos e individuos, pero que se extrapola a la sociedad. Muestra también que la opinión pública chilena refleja mucho menor negativismo que las demás sociedades latinoamericanas en materias relacionadas con desconfianza en las oportunidades, inseguridad y condiciones de sociabilidad. Además, agrega que ese concepto “difuso” y “confuso” de malestar conduce a proponerse tareas “ilusorias” e “imposibles”, “del estilo de devolver a la sociedad sus alegrías y a las personas la felicidad”.

El politólogo Norbert Lechner salió al cruce de Brunner, a quien endosa un “minimalismo” en el enfoque por renunciar a buscar la felicidad. “A diferencia de lo que pensaba el viejo Karl, que las uvas sean verdes no niega la existencia y la búsqueda de las uvas”. Agrega que si bien resulta difícil dar una definición positiva de la felicidad plural de hoy, puede servir como referente de lo que “no queremos”, más como orientación política para garantizar mínimos que para realizar máximos. También Lechner critica que la gente quiera más de lo mismo, aunque de manera más rápida, como argumentara Brunner. Y sobre la comparación internacional que Brunner realiza, Lechner contesta: “Peligroso a mi juicio no es la existencia de un cierto malestar, sino su denegación. Sería una renuncia a la política”. En favor de Lechner se podrá agregar que las personas ajustan las expectativas a sus medios; de ahí que en las encuestas la satisfacción supere a la insatisfacción. Este punto constituye el nodo de Uvas amargas: sobre la subversión de la racionalidad, de Jon Elster, libro al que Lechner alude y cuyo argumento se puede resumir así: como no puedo acceder a las uvas, me convenzo de que no las quiero porque están verdes.

Durante la década anterior, una nueva generación de izquierda asomó a la escena pública con fuertes críticas al legado social de las élites gobernantes. “Ante el estallido social de 2019, el Frente Amplio tuvo una posición ambigua: por un lado, confirmó con satisfacción su diagnóstico ideológico sobre el derrumbe del neoliberalismo y la necesidad de transformaciones profundas al modelo chileno; por el otro, tuvo que admitir que la ruta institucional era más lenta y burocrática que el desborde”, sostuvo el filósofo chileno Cristóbal Bellolio.

Chile construyó de manera gradual y segmentaria una red de aseguramiento social en el siglo XX, de las más maduras de la región, que fue desmantelada por la dictadura. El país nombra una paradoja: hasta 2022 ocupó en el índice de democracia de The Economist el lugar 19 en 167 países, con la categoría de democracia plena. No hay un índice de aseguramiento social global, pero, si lo hubiera, muy probablemente el país trasandino no sería considerado un país de democracia social plena. Esa inconsistencia quizá esté en la base de un malestar difuso, de insatisfacción permanente. De una inseguridad social escondida detrás de la inseguridad criminal.

Fernando Errandonea es sociólogo y profesor de Historia. Este artículo contiene aspectos de su tesis de doctorado en Ciencia Política en proceso.