Las declaraciones institucionales tienen mala fama, y casi siempre se la ganaron. Se votan en una sesión, se presentan en un acto, se suben a la web y después duermen en un expediente. Por eso vale la pena detenerse en lo que acaba de pasar el martes 13 de octubre en la Universidad de la República: la creación de la Comisión Abierta para la Universidad Antirracista (CAUA). Esta vez, una declaración tuvo continuidad.
El 5 de setiembre de 2023, el Consejo Directivo Central (CDC) declaró a la Udelar “Universidad Antirracista”. Lo hizo por unanimidad, 17 votos en 17, y ratificó su intención de combatir todas las formas de racismo y discriminación sistemática. La propuesta no nació en el rectorado ni en una oficina de planeamiento. La impulsó el Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos, un grupo de investigación radicado en la Facultad de Artes, que hace años trabaja en que la universidad mire de frente su propia composición.
Ese origen importa. La declaración no fue un gesto de cortesía hacia el movimiento afrouruguayo, sino una demanda formulada desde adentro de la propia casa de producción de conocimiento. Y quien formula una demanda así no se conforma con un texto aprobado. La pregunta que quedó abierta en 2023 era obvia: ¿quién se hace cargo, con qué herramientas y ante quién rinde cuentas?
La respuesta empezó a construirse en abril de 2025, cuando se formó la Mesa de Trabajo Udelar Antirracista. Allí confluyeron el Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos, el Prorrectorado de Extensión a través del Observatorio sobre Racismo y Xenofobia, el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa), el Programa de Protección de Trayectorias de Personas Afrodescendientes del Servicio Central de Inclusión y Bienestar, Organizaciones Mundo Afro y Uafro. De ese trabajo salió un documento cuyo título resume la tesis de esta columna: Universidad Antirracista: de la declaración a la política institucional. La CAUA es el paso siguiente de esa misma línea. Sin la declaración no habría Mesa, y sin la Mesa no habría comisión.
Los números que presentó la Mesa explican por qué hacía falta. Según el Censo 2023, el 10,5% de la población uruguaya reconoce su ascendencia afro. En la Udelar, esa proporción es de 5,4% en el estudiantado de grado, cae a 2,2% en posgrado y a 1,7% en el cuerpo docente. Entre las 1.251 personas con dedicación total, seis se identifican como afrodescendientes: 0,48%. Entre las docentes y los docentes afro, 6,4% tiene doctorado, frente a 18,1% del conjunto. En el funcionariado técnico, administrativo y de servicios la presencia afro es mayor, 8,5%, pero allí las mujeres afro se concentran en servicios generales y oficios.
No es una foto de la exclusión en la puerta de entrada. Es algo más incómodo, un embudo. La universidad pública y gratuita deja entrar, pero a medida que se transita hacia los lugares donde se produce conocimiento, se toman decisiones y se forman a quienes van a formar, la presencia afro se adelgaza hasta casi desaparecer. Ese patrón no se explica por la mala voluntad de nadie en particular. Esto, precisamente, es lo que se llama racismo institucional.
La universidad pública y gratuita deja entrar, pero a medida que se transita hacia los lugares donde se produce conocimiento, se toman decisiones y se forman a quienes van a formar, la presencia afro se adelgaza hasta casi desaparecer.
Ahí está la razón de ser de la CAUA. Ya existían programas, equipos y personas haciendo camino, pero con distintos niveles de desarrollo, poca articulación y, sobre todo, una dependencia peligrosa del esfuerzo voluntario de unos pocos. Lo que depende de la militancia de una docente o de la persistencia de un equipo se cae cuando esa docente se jubila o el equipo pierde financiación. La comisión viene a convertir ese esfuerzo disperso en responsabilidad compartida.
Su diseño tiene dos rasgos que merecen atención. El primero es que es cogobernada; prevé delegados de los tres órdenes, del funcionariado, de las áreas del conocimiento y de los Centros Universitarios Regionales, además de los prorrectorados y el rectorado. Si el racismo atraviesa la enseñanza, la investigación, la extensión y la gestión, su abordaje no puede quedar en una sola oficina. El segundo es que es abierta; incorpora a organizaciones afrodescendientes y de la sociedad civil, no como invitadas a escuchar, sino como interlocutoras políticas y productoras de conocimiento.
Las expectativas son altas, y conviene nombrarlas. Se espera que la CAUA impulse criterios comunes para las acciones afirmativas, empezando por el cumplimiento de la cuota prevista en la Ley 19.122 en los llamados docentes y no docentes. Se espera que produzca y sostenga datos, porque sin registro no hay seguimiento posible. Y se espera que la perspectiva interseccional no quede en el vocabulario; los datos sobre mujeres afro en el funcionariado muestran que género y raza no son variables que se puedan mirar por separado.
Pero sería ingenuo ignorar las tensiones que la esperan. La primera está en su propia naturaleza, es una comisión asesora. No sustituye las competencias de facultades, servicios ni consejos. Puede proponer, articular y monitorear, pero no ordenar. Su peso real dependerá de que el CDC escuche lo que asesora y de que los servicios, celosos de su autonomía, no la vivan como una intromisión.
La segunda tensión es presupuestal. En una universidad que discute cada peso en cada rendición de cuentas, una agenda sin recursos propios corre el riesgo de seguir funcionando a pulmón, que es exactamente lo que se quería dejar atrás.
La tercera es más sutil y tiene que ver con el carácter abierto. Sentar en la misma mesa a las estructuras del cogobierno y a organizaciones con su propia historia, sus tiempos y sus legitimidades no es sencillo. El cogobierno tiene ritmos de expediente; los movimientos sociales, ritmos de urgencia. Si la participación afro se vuelve decorativa, la comisión habrá reproducido en pequeño lo que vino a desarmar.
La cuarta, la más difícil, es cultural. El antirracismo no se resuelve solo con cupos y relevamientos. Interpela los planes de estudio, las bibliografías, los criterios con que se evalúa lo que es excelencia académica y quiénes la encarnan. Y eso, en cualquier comunidad académica, despierta resistencias que rara vez se dicen en voz alta.
Aun así, la proyección es prometedora. La Udelar tiene antecedentes de agendas que empezaron como reclamos de colectivos y terminaron siendo política universitaria. La de género es el ejemplo más claro, hoy es impensable discutir un reglamento sin preguntarse por su impacto en las mujeres. Si la CAUA logra algo parecido, la pregunta por la afrodescendencia dejará de ser un tema de especialistas para convertirse en un criterio transversal en la enseñanza, en la carrera docente y en la extensión.
Hay, además, una dimensión que excede a la universidad. Como principal institución de educación superior del país, lo que la Udelar haga en esta materia funciona como señal para el resto del sistema educativo y para el Estado. La declaración de universidad antirracista nos sirve de ejemplo, al ver los proyectos que sobre esto hay en diferentes espacios del sistema educativo. Una universidad que se toma en serio su propia composición está en mejores condiciones de invitar a lo mismo a los demás.
La declaración de 2023 fijó una definición. La CAUA le da domicilio. Lo que falta, ahora, es lo más difícil, que esa casa se habite y que las puertas que se abrieron no vuelvan a cerrarse cuando baje la atención. El Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos demostró que una declaración puede ser el principio de algo. Le toca al resto de la universidad demostrar que no fue el final.
Julio Pereyra Silva es profesor adjunto en la Facultad de Artes de la Universidad de la República.
