El Informe Social Mundial 20261 que acaba de publicar el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas trae una buena noticia para Uruguay. En el nuevo indicador sobre “transformación socialmente inclusiva”, calculado para 168 países, Uruguay obtiene 133 puntos, la cifra más alta de América Latina. Le siguen Chile (122), Costa Rica (121) y Argentina (120). En el hemisferio solo nos superan Estados Unidos y Canadá.
El índice tiene dos pilares que pesan lo mismo. Uno mide la transformación: cuánto cambiaron entre 2000 y 2024 la estructura productiva, la productividad, la matriz energética y la preparación digital de cada país. El otro mide la inclusión con datos de los últimos cinco años: pobreza, desigualdad de ingresos, participación de las mujeres en el mercado de trabajo, cobertura de salud, matrícula en secundaria y proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan. Uruguay encabeza la región en ambos pilares, pero la ventaja está en el segundo. En inclusión saca 79 puntos, seis más que Chile.
¿Por qué? El informe evita la respuesta tradicional de que todo depende del ingreso. Las Naciones Unidas muestran que países con niveles de ingreso parecidos obtienen resultados muy distintos y concluyen que lo decisivo son “las políticas y las instituciones nacionales”. Para ilustrarlo, el informe elige dos experiencias uruguayas.
La primera es el monotributo social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), creado en 2011. Un trabajador por cuenta propia de bajos ingresos puede registrarse, pagar una cuota mensual fuertemente subsidiada y escalonada, y acceder así a la salud pública, a la jubilación y al reconocimiento legal como trabajador formal. En 2023 cubría a 40% de los trabajadores por cuenta propia, y 57% de los inscriptos eran mujeres. El informe lo vincula con un dato contundente: la informalidad en Uruguay bajó de 43% en 2001 a 21,5% en 2022.
La segunda es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado por ley en 2015. Naciones Unidas destaca que al establecerlo por ley se reconoció el cuidado como un derecho social con participación del Estado y no como un problema privado de cada familia, que en la práctica quiere decir de cada mujer.
Ninguna de las dos fue una política de “derrame”. Fueron decisiones deliberadas de usar el Estado para que el crecimiento llegara a quienes el mercado dejaba afuera. Ese es el “cómo”. El “por qué” es la convicción, arraigada en la historia del país, de que la inclusión no es un lujo que se paga después de crecer, sino una condición para hacerlo.
António Guterres, secretario general de la ONU, afirma en su prólogo al informe que “la nueva economía de la inclusión social reconoce que esta es más que una aspiración o un imperativo moral; es un pilar de la paz y un motor del crecimiento económico resiliente y el desarrollo sostenible”.
Las preguntas pendientes son nuevas: cómo proteger a quienes trabajan en plataformas digitales, cómo financiar cuidados para una población que envejece, cómo lograr que la transición tecnológica no deje atrás a los jóvenes.
Esta nueva economía de la inclusión social se basa, según el informe, en dos principios. En primer lugar, la capacidad de adaptación, o sea, “la capacidad de las personas, los hogares, las empresas y las comunidades para acceder y utilizar los sistemas necesarios para trabajar, aprender, invertir, adoptar tecnología y resistir las perturbaciones. Estos sistemas incluyen la educación, la salud, la infraestructura, el acceso a la tecnología digital y a la energía, el empleo productivo, la protección social, los cuidados, las finanzas y el reparto de riesgos”.
En segundo lugar, instituciones inclusivas: “Normas y procesos de políticas que mantienen la competencia en los mercados, amplían el acceso a oportunidades y recursos, y permiten a las personas ejercer su autonomía y expresar su opinión. Son especialmente importantes cuando el control sobre la tecnología, los datos, las normas, las finanzas y la inversión está concentrado”.
En conjunto, estos principios vinculan la capacidad de las personas para responder al cambio con las condiciones institucionales que les permiten participar y darle forma.
Ahora bien, ser primeros en América Latina no es gran cosa a nivel global. En el ranking mundial, Uruguay ocupa el puesto 41 de 168, lejos de Malta, Irlanda o Dinamarca, que superan los 155 puntos. En el pilar de transformación caemos al puesto 51. El informe advierte que la inteligencia artificial, el cambio climático y la fragmentación geopolítica obligan a acelerar las transformaciones sin perder lo logrado en equidad. Los avances que hoy nos distinguen pueden revertirse si se recortan los presupuestos o se tratan como un gasto prescindible.
La lección que el informe ofrece al resto del mundo vale también para nosotros: no hay que copiar recetas, sino adaptar experiencias exitosas. Según Guterres, “las transformaciones son inevitables. Excluir a la gente de sus beneficios, no”.
Las preguntas pendientes son nuevas: cómo proteger a quienes trabajan en plataformas digitales, cómo financiar cuidados para una población que envejece, cómo lograr que la transición tecnológica no deje atrás a los jóvenes. Para responderlas habrá que actuar con la misma audacia que nos puso primeros.
Roberto Bissio es coordinador de la red mundial Social Watch.
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El Informe Social Mundial 2026 sobre “La nueva economía de inclusión social” está disponible en desapublications.un.org. ↩
